Evitar el despilfarro

evitar el despilfarro.

En otras ocasiones, los profesores encuentran auténticas trabas a los planteamientos renovadores en las condiciones de trabajo en los centros. Diversas limitaciones institucionales interfieren a menudo en su trabajo práctico. Tanto Goble y Porter (1980), como Bayer (1980), destacan la idea de que la actuación práctica del profesor tiene una fuerte dependencia del marco institucional en el que enseñan, sin que individualmente sean capaces de modificar esas limitaciones: problemas de horarios, normas internas, prescripciones marcadas por la institución o la inspección, la necesidad de reservar tiempo para otras actividades del centro al margen de su trabajo en el aula, limitan en muchas ocasiones la posibilidad de una actuación de calidad.

Por último, el gran problema pendiente, en esta nueva situación de enseñanza general, es la diversificación de las condiciones de trabajo por la dificultad que entrañan los distintos centros escolares a partir de su específico contexto social y de los problemas de sus alumnos. La anunciada Ley de Solidaridad parece una iniciativa interesante; pero, entre otras cosas, debe tener en cuenta que no se puede trabajar con una ratio media. Un profesor, tal como se ha hecho siempre en la enseñanza selectiva, puede dar clase perfectamente con cuarenta alumnos dispuestos a escucharle y alentados escolar y culturalmente por sus padres; sin embargo, en determinados contextos escolares conflictivos el descenso de la ratio, la presencia de profesores de apoyo, el aumento del material disponible, y el reconocimiento especial de los profesores que trabajan en esos centros es la única manera de evitar el desánimo de los profesores y un rendimiento aceptable por parte de los alumnos.

3.11. Cambios en la relación profesor - alumno.

En los últimos veinte años también han cambiado en nuestro sistema de enseñanza, y bastante profundamente, las relaciones entre profesores y alumnos. Hace veinte años había una situación injusta en la que el profesor tenía todos los derechos y el alumno solo tenía deberes y podía ser sometido a las más diversas vejaciones. En el presente, observamos otra situación, igualmente injusta, en la que el alumno puede permitirse con bastante impunidad diversas agresiones verbales, físicas y psicológicas, a los profesores o a sus compañeros; sin que en la práctica funcionen los mecanismos de arbitraje teóricamente existentes. Las relaciones en los centros de enseñanza han cambiado, haciéndose más conflictivas, y muchos profesores y claustros no han sabido buscar nuevos modelos de organización de la convivencia y nuevos modelos de orden, más justos y con la participación de todos. El anunciado decreto sobre Derechos y Deberes del Alumnado y las Normas de Convivencia en el Centro debe suponer la búsqueda de un nuevo modelo de autoridad, más democrático y con participación de todos los estamentos implicados, en el que, sin recurrir de nuevo a la exclusión, se eviten comportamientos inaceptables.

En realidad, el problema de la violencia en los centros escolares es minoritario, aislado y esporádico. No más que el reflejo, en las instituciones escolares, del ambiente social del barrio o de las grandes ciudades, que también se ha hecho más violento. Sin embargo, psicológicamente, el efecto del problema se multiplica por cinco, llevando a numerosos profesores que nunca han sido agredidos y que probablemente no lo sean nunca, hacia un sentimiento de intranquilidad, de malestar más o menos difuso, que afecta a la seguridad y confianza de los profesores en sí mismos. En el sistema de enseñanza selectivo estos problemas se solucionaban de forma radical utilizando la exclusión. Así, cualquier problema grave de conducta conducía a la expulsión del centro escolar, temporal o definitivamente. Todavía muchos profesores añoran el poder de exclusión, porque negarlo implica comprometerse en una acción educativa en profundidad con alumnos difíciles; y esto, por las razones expuestas, está muy por encima de la capacidad y de la formación inicial recibida por la mayor parte de los profesores, y más aún por los de secundaria.

Las investigaciones disponibles (Esteve, 1995), nos dicen que las agresiones a los profesores se dan con mayor frecuencia en la enseñanza secundaria que en la primaria, en una proporción de 5 a 1; están generalmente protagonizadas por alumnos varones y con más frecuencia dirigidas contra profesores varones, en la proporción de 3 a 1. Sociológicamente se distribuyen de forma desigual según el emplazamiento de las instituciones escolares, alcanzando al 15% de las escuelas situadas

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