Programa Centros de Promoción Barrial

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Indice

Pág. 2 Introducción

Pag.3 Desarrollo

Pag.19 Conclusión

Pág. 21 Bibliografía

Pág. 23 Anexos

Introducción

     El presente escrito pretende realizar un análisis del Programa Centros de Promoción Barrial el cual depende de la Secretaria de Desarrollo y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con la intención de articular algunos conceptos vistos en la Cátedra de Política Social tales como: política social, descentralización, enfoque de derechos, ciudadanía, trabajo social, entre otros.

     En una primera parte, se desarrollan conceptos de Política Social y Trabajo Social para lograr una análisis del Programa elegido del cual, se realizara una descripción de los CPB desarrollando el concepto de descentralización de los servicios que ofrecen los mismos, enmarcándose en la  Ley de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

      A continuación, se describirá y analizara los objetivos desde un enfoque de derecho, la población destinataria, la cantidad de centros de promoción barrial que existen distribuidos en los barrios de la ciudad y los servicios que ofrecen basados en las necesidades de cada comunidad.

     Para finalizar, se realizara una conclusión en la cual se reflexiona acerca de lo que enuncia programa y lo que visualizamos en la realidad concreta, tomando como ejemplo central el CPB Don Bosco, abarcado desde las prácticas profesionales de la cátedra de Trabajo Social IV.

Desarrollo

     Los Centros de Promoción Barrial fueron creados a partir del 10 de Octubre de 1984, bajo la intendencia de Mario Morejón^[1], primer intendente democrático en Comodoro Rivadavia después del golpe de Estado del 76, en un contexto de  pos-guerra (guerra de las Malvinas, 1982). Los CPB Son organizaciones comunitarias dependientes de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, a través de los cuales, el Municipio ofrece una pluralidad de servicios de manera descentralizada.

     Los Centros de Promoción Barrial fueron creados a partir del 10 de Octubre de 1984. Son organizaciones comunitarias dependientes de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, a través de los cuales, el Municipio ofrece una pluralidad de servicios de manera descentralizada.

     La descentralización es la transferencia a instancias  locales de la capacidad de decisión respecto a la provisión de bienes públicos.

     De esta manera se “procura crear canales de representación y participación ciudadana que adecuen tal provisión a las preferencias que se dan en ámbitos geográficamente diferenciados” (COHEN y FRANCO, 2005:77).^[2]

     “La discusión sobre la descentralización, fundamentalmente acerca del rol de los municipios en Argentina, surge en los ochenta con el advenimiento de la democracia (…) donde casi todo el mundo en la teoría está de acuerdo con la descentralización, los autores de derecha, como de izquierda, parecen coincidir en que es buena.(…) la mirada más social, más progresista, ponía el acento en la democracia local, la idea de que lo pequeño es el ámbito donde realmente se podían dar las decisiones, los debates y que la verdadera articulación entre la clase política, los decisores y la sociedad se daba en el nivel local.” (ARROYO, 2003:37-38)^[3]

     Podemos decir que los procesos de descentralización con la participación activa de los municipios y otras formas comunales, constituyen iniciativas que contribuyen a derrotar el burocratismo.

     Esto demanda una distribución geográfica y territorial diferente y equitativa de gran parte de los funcionarios, lo que evita que éstos se concentren en el centro de las ciudades capitales, facilitando de esta manera el acceso a los servicios públicos por parte de toda la población.  

     No se trata de elevar desproporcionadamente el tamaño del Estado, sino de distribuir mejor a los trabajadores públicos y a los recursos.

     Decíamos que la descentralización es la ruptura del modelo tradicional centralista, una respuesta de cambio, con necesidad de producir respuestas más amplias desde lo local, en el mejoramiento de la calidad de los servicios locales de protección de derechos.

     Este incidir desde el “nosotros” incluye construir autonomías y procesos de participación en los modelos de gestionar y controlar la cosa pública.  

     Permite incorporar nuevos actores a los procesos decisionales -organizaciones sociales, familias, diferentes áreas/sectores gubernamentales, sindicatos, sectores de la producción local, etc.

     Esto evidencia que la descentralización no sólo es desconcentración, sino que dentro de sus fundamentos está el configurar nuevos modos de relación en el territorio, con  participación en las cuestiones económicas, culturales, políticas.

     El interés de este análisis de la descentralización en políticas sociales tiene relación con el papel que ésta puede cumplir en la concreción de los derechos sociales, económicos y culturales que reconocen los pactos, tratados internacionales y leyes de los países, y que son responsabilidad del Estado. “Este debe contribuir a igualar las oportunidades de toda población, y a reducir, por lo tanto, las desigualdades que tienen una clara expresión de lo regional y local” (COHEN y FRANCO, 2005:79)^[4]

     En este sentido, la descentralización incluye un modelo de gestión que impone el desafío de construir la agenda pública y la creación de una nueva conciencia ciudadana, que reivindica mayor participación en los procesos de gestión.

     Decidir la cosa pública implica practicar y construir democracia con y desde el ciudadano.

     Las principales metas de la política de descentralización son establecer, ejecutar, controlar, coordinar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales, considerando el nuevo diseño institucional, con espacios de participación de los propios interesados.

     El éxito de los procesos de descentralización de las políticas sociales se vincula con la participación, y debe cumplir con condiciones mínimas:

• Generar mecanismos que operacionalicen las demandas y prioridades de las comunidades.
• Fortalecer la organización social, y del mismo modo, adecuar al Estado para incorporar los aportes generados por la participación social.
• Desarrollar estrategias de comunicación, información, promoción, para que la dinámica comunicacional también contribuya a visibilizar los cambios esperados.

      Los CPB constituyen una política social en tanto, son una respuesta a la sociedad por parte del Estado, a medida que se identifican las necesidades y los problemas sociales, siendo asimismo un instrumento positivo de cambio dado que, se encuentran dirigidos a proporcionar bienestar a los ciudadanos garantizando sus derechos.^[5]

     Al principio, se crearon con la finalidad de funcionar como Jardines Maternales por ende, se inauguro el primer Centro de Promoción Barrial “Evita”, luego surgieron las guarderías por necesidad de los trabajadores municipales y con el tiempo, los CPB fueron teniendo un giro más educativo y pedagógico.

     Asimismo, su principal basamento es la doctrina de Protección integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.^[6], la que transversalita todos su propósitos y acciones.

     La política pública de Protección Integral respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia se implementará a través de un conjunto articulado de acciones de la Provincia y de los Municipios que adhieran a esta Ley y de las Organizaciones Civiles.
El Artículo 36º de la Ley 4347 de Protección Integral de la niñez, la adolescencia y la familia, reza: “La política pública de Protección Integral respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia se implementará a través de un conjunto articulado de acciones de la Provincia, de los Municipios que adhieran a esta ley y de las Organizaciones Civiles. A tal fin, se propiciará la descentralización de la atención, mediante la celebración de convenios con los Municipios y las Organizaciones Civiles, con la asignación presupuestaria correspondiente por parte del Estado, privilegiando las realidades locales”

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