Trabajo De CIENCIA POLITICA

TRABAJO ACADÉMICO

Los criterios 3 y 4 se evaluarán en todo el desarrollo del trabajo, con el puntaje correspondiente a 16 puntos.

PRIMERO. ELABORE UNA PRESENTACIÓN EN POWER POINT ACERCA DEL SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DE LA PALABRA “POLÍTICA”. ADJUNTO ARCHIVO

4 puntos

SEGUNDO. EXPLIQUE CON UN EJEMPLO DE LA REALIDAD PERUANA QUÉ ES UN HECHO POLÍTICO.

4 PUNTOS

La profundización de la crisis económica y social del Perú caracteriza en términos generales la situación de nuestro país en las últimas décadas. Para 1993 la pobreza absoluta alcanzó al 49.5% de la población, es decir casi la mitad de los peruanos "sobrevivían" sin satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo.

Casi dos terceras partes del territorio nacional se encuentran en Estado de Emergencia, es decir, en Estado de Excepción que comprende el control político de una región a cargo de las autoridades militares del Estado, la no vigencia de las principales garantías y derechos civiles y políticos que establecen el Derecho Interno Peruano.

El costo social de este enfrentamiento ha sido elevado, se han registrado por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional alrededor de 5,000 denuncias de detenidos desaparecidos, a ello se suma la práctica de la tortura, ejecución extrajudicial y de tierra arrasada que ha asolado pueblos enteros del país, principalmente de las provincias más pobres del interior del país.

La política represiva del Estado, que no reconoce el Derecho Internacional Humanitario ni los Derechos Humanos Internacionalmente reconocidos, se ha generalizado hacia toda la sociedad civil, principalmente a los dirigentes políticos y sociales de las distintas clases y grupos del país, situación que se agrava, luego del autogolpe de estado en 1992, que se dan un conjunto de normas de represión y juzgamiento de los llamados "delitos de terrorismo" y de "traición a la patria" , y se entrega la facultad de juzgar a los tribunales civiles y militares "sin rostro", anulando la independencia del Poder Judicial, y vulnera sus fueros, al cesar a los miembros de la Corte Suprema y disponer de oficio y por acto del ejecutivo, la reapertura de todos los procesos por delitos políticos, razón por la que muchos peruanos, que ya habían sido juzgados y dejados en libertad, nos vimos obligados a huir de nuestro país.

En la actualidad existen alrededor de 8,000 personas detenidas en los penales de máxima seguridad del país acusados y/o sentenciados por supuesta actividad subversiva, en condiciones infrahumanas que violan toda normatividad al respecto.

La denuncia por detenciones arbitrarias, reconocida por el Estado con la creación de una Comisión Ad Hoc para "indultos de inocentes", es sumamente elevada (en recientes declaraciones del "Defensor del Pueblo" Jorge Santisteban de Noriega señala que el 90% de los detenidos por supuesta implicancia subversiva ha denunciado su caso para que sea visto en esta Comisión Ad Hoc de "indulto a inocentes").

El sometimiento de los casos de los detenidos acusados de subversión ante tribunales militares, la incapacidad de ejercicio debido del derecho de defensa, el uso masivo de testigos anónimos para levantar cargos, la existencia de una ambigua e incoherente legislación sobre la materia, la manipulación descarada de los jueces civiles; son hechos que explican de alguna forma lo anterior.

En estos últimos años el Estado ha alegado en diversos foros internacionales una supuesta reducción del número de casos de violaciones a los derechos humanos, inclusive algunas organizaciones no gubernamentales han hecho eco de dichas afirmaciones; tal situación es infundada ya que en realidad lo que ha ocurrido es que en casi todas las zonas del interior del país es prácticamente imposible registrar en forma cierta denuncias y constatar hechos que son en realidad gravísimas violaciones a los derechos humanos; las organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta área se ubican casi por completo en la capital, los grupos de agentes sociales dedicados a al defensa y denuncia de estos casos han prácticamente desaparecidos del interior del país tanto por haber sido también víctimas de dichas violaciones como por un temor real de persecución.

A ello se suma la impunidad legalizada con la llamada Ley de Amnistía dada en favor exclusivo de los autores de gravísimas violaciones a los derechos humanos (como los implicados en el Caso La Cantuta, el Grupo Operativo Colina). Son hechos que explican el menor número de denuncias, pero no significan que haya disminuido el número de violaciones o crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

La consolidación cada vez más abierta de un sistema de gobierno propio de los regímenes absolutistas, la preponderancia y control de casi todas las Instituciones del Estado (Parlamento, Poder Judicial, Jurado Nacional De elecciones por ejemplo), la negación a la consulta popular garantizada por la Constitución, sobre la pretendida re-relección del Presidente Fujimori e inclusive el control de las instituciones de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, principalmente del Servicio de Inteligencia Nacional; dejan al descubierto la ausencia de garantías y derechos que se consideran esenciales en todo sistema de Gobierno Democrático, pintando al régimen como fascista y dejan en desamparo total a la mayoría ciudadanos que se oponen.

El fenómeno al que nos referiremos en términos generales lo llamamos "migración forzada", entiéndase por este concepto tanto las situaciones de exilio y "auto exilio", que comprenden la definición clásica de Refugio dada por la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1977, así como el concepto señalado en la Declaración de Cartagena de Indias en 1984; a la vez se extiende, a nuestro entender, a los casos de la llamada migración por motivos "económico - sociales" que dado el contexto peruano antes descrito es también forzada.

La dificultad de una categorización adecuada se entiende no solamente por el dinamismo del fenómeno, sino principalmente por razones de políticas que han establecido diversas categorías para diferenciar tratos muchas veces aduciendo razones humanitarias pero que en el fondo esconden subrepticiamente prácticas discriminatorias.

Sin perjuicio de lo anterior, pero teniendo como parámetro de precisión metodológica y con el afán de entender más precisamente la situación de la migración forzada y refugio político peruano hacia Chile, el lugar de destino nos permite distinguir un proceso interno de migración forzada que se ha denominado "desplazamiento".

Este fenómeno ha registrado más de 600,000 personas desplazadas, a partir del conflicto interno iniciado en 1980; esto según las estimaciones oficiales (que coinciden con las de las organizaciones no gubernamentales).

Ellas proceden principalmente de las zonas de mayor intensidad del conflicto armado, como son los departamentos de: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín. A nuestro entender ( hipótesis que por el momento no ha sido comprobada), la explicación de que se haya producido tal proceso de desplazamiento al interior del país se explica por una serie de razones histórico y sociales, como la existencia de zonas fronterizas de alto control, debido a los conflictos territoriales que se han dado posteriormente a la emancipación política de España, la presencia mayor de efectivos militares en las zonas próximas a fronteras o el control más riguroso por parte de estos de las vías de comunicación, la centralización y burocratización del Estado que ha convertido a la capital en el único lugar donde se puede obtener documentación adecuada para viajar fuera del país, el alto costo de desplazamiento y la escasa existencia de adecuadas vías de comunicación sumadas a las agrestes condiciones geográficas.

La política del Estado respecto a este problema ha sido en un primer momento ignorarla, luego, ante el creciente número de poblaciones y asentamientos humanos que se formaron principalmente en Lima, procedió a ejercer acciones de represión generalizada particularmente con los llamados operativos de rastrillaje que consiste en asaltos nocturno de fuerzas combinadas del Estado con sus saldos de saqueo y pillaje, detenciones arbitrarias y torturas, así como ejecuciones e reasentamiento forzado, creación de enclaves donde se nucleaba a desplazados, para la utilizó fondos de la solidaridad internacional, además de desfalco de dichos "programas" la finalidad era netamente propagandística para mostrar una supuesta victoria sobre las organizaciones alzadas en armas.

El flujo migratorio peruano hacia otros países ha mostrado un crecimiento cada vez mayor, año a año decenas de miles de peruanos salen de la patria hacia otros países. Se calculaba en 1991 que alrededor de 1'000,000 de peruanos vivían en el extranjero, de ellos alrededor de 400,000 en los Estados Unidos.

Los registros señalan que en 1989 37,000 viajaron fuera del Perú sin haber regresado, en 1990 la cifra alcanzó los 47,000 y en 1991 fueron 68,000. De este último grupo 14,000 fueron hacia Norteamérica mientras que 28,000 tuvieron como destino los países vecinos.

La generalizada persecución del Estado Peruano contra dirigentes políticos y sociales, en su supuesto afán de combatir la subversión, generó una nueva causa de oleaje migratorio, que en un primer momento fue recibida por los países desarrollados de Europa.

La solidaridad mostrada con otras naciones durante los gobiernos militares de América Latina fue el antecedente que facilitó tal recibimiento, a ello también contribuyó que los sistemas de gobierno estaban aún bajo la administración de las fuerzas armadas en la región o empezaban recién una transición hacia gobiernos civiles, además de que las condiciones materiales de subsistencia eran mejores en el norte.

La facilidad de la recepción de los perseguidos políticos en Europa fue progresivamente cambiando, la coyuntura internacional desfavoreció ello, los problemas políticos y sociales que se produjeron en Europa tras la caída del régimen de Europa Oriental generó una serie de políticas anti-inmigratorias, la promoción de movimientos fascistas y de ideas xenofóbicas alimentadas por los propios problemas económicos y sociales de la región también establecieron serios obstáculos a la recepción de perseguidos político-sociales extendida también como la inmigración por otras razones.

La labor de promoción del Estado, la campaña de denuncia que desarrolló contra las organizaciones subversivas, sirvió de justificativo para el establecimiento de dichas barreras.

A esto también sirvió la supuesta estabilización política y social de América Latina, los índices macroeconómicos de países como Chile y su aparente período de consolidación de la transición del gobierno militar a gobiernos civiles fueron un justificativo aún mayor.

La sustentación jurídica se basó en el establecimiento de cláusulas amplias de exclusión como la de "tránsito por tercer país seguro" y la mayor burocratización del trámite de reconocimiento de asilo, a lo que también se sumó los múltiples intentos de expulsión masiva como en el caso de Suecia, o la indocumentación por largos períodos como en Alemania.

Esto generó un marco nuevo que dio pié a que los perseguidos políticos buscaran una salida más próxima hacia países vecinos como Chile.

La aparente bonanza económica de este país, su rol de plataforma continental de penetración de los países desarrollados respecto a los Sudamericanos (considerados potenciales mercados en crecimiento) en el contexto internacional en el que se viene definiendo un nuevo reparto mundial.

Ha producido una imagen muy atractiva para la corriente migratoria peruana que a pesar de su crecimiento se vio emplazada a trasladar su trayectoria ya que no solamente las barreras fueron creciendo en los países desarrollados para el ingreso de los peruanos, sino que Países como la Argentina buscaron una absurda protección contra dicha corriente migratoria llegando inclusive a producirse expulsiones masivas de peruanos.

Ello explica el sorprendente crecimiento del flujo migratorio peruano hacia Chile en 1996 las fuentes oficiales reconocían la presencia de alrededor de 10,000 migrantes en Chile, la crisis del año pasado dio espectaculares cifras que estiman la migración en alrededor de 50,000 peruanos concentrados principalmente en Santiago de Chile.

Estas cifras no revelan la estadística de la migración por temporada que se da con ocasión de las distintas faenas agrícolas de región fronteriza Tacna - Arica. La presencia creciente de peruanos puede revelar una serie de problemas económico - sociales que tiene este país pero que no se muestran por los amplios programas paliativos de subsidio social que posee el Estado pero que no puede extender a los extranjeros inmigrantes.

Esta corriente migratoria pensamos que a su vez contiene un número significativo de casos de persecución política y social no develada por múltiples motivos, tanto subjetivos por parte de los mismos perseguidos, como por los propios de los parámetros normativos impuestos por el Estado y las entidades gubernamentales.

TERCERO. ELABORE UN CUADRO COMPARATIVO EN EL QUE ESTABLEZCA, AL MENOS CUATRO DIFERENCIAS, ENTRE LAS SIGUIENTES DOCTRINAS POLÍTICAS: EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO.

4 puntos

DIFERENCIAS

EL LIBERALISMO EL SOCIALISMO

(Libres) es lo que está en dominio del ciudadano Privado, particular. Es todo lo estatal que está en poder o dominio Político del Gobierno

El liberalismo, sobre todo el económico, enfatiza la ausencia de restricciones y la libertad de mercado En especial su versión más difundida: el marxismo, destaca la planificación y el trabajo colectivo.

Es considerado como la ideología de la burguesía La doctrina del proletariado.

Fomentar el empleo, inversiones extranjeras, (el empleo es mano de obra barata y mal pagada, las inversiones son extranjeras pero con un interés económica y lo peor de todo es que no se quedan para tu comunidad esa inversión) A perfección de la vida, vivir de una forma igualitaria.

Cuarto. CONSIDERANDO, QUE “LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA ES EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL LAS PERSONAS INTERVIENEN - DE DIVERSAS FORMAS - LO MÁS DIRECTAMENTE POSIBLE EN EL PROCESO DE DECISIONES POLÍTICAS QUE AFECTAN COLECTIVAMENTE A UNA SOCIEDAD”, EXPONGA DE MANERA CRÍTICA SU NIVEL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, CALIFICÁNDOLA DEL 0 AL 20. ADEMÁS, PLANTÉESE LAS RECOMENDACIONES DEL CASO.

4 puntos

En la actualidad la mayoría de las democracias tienen cuerpos representativos cuyos miembros son responsables ante quienes les eligen, es decir, los electores. En este sentido, cuanto más control tienen los electores sobre sus representantes, más posibilidad tienen de participación real. Luego, un régimen de elecciones frecuentes entrega a los electores un mayor control.

Sin embargo, las instituciones democráticas de gobierno y un sistema político libre no garantizan por sí mismos la participación amplia y efectiva de la gente en las decisiones políticas. Para esto se requiere un cierto nivel de conocimientos políticos, tiempo disponible y una conciencia de sus derechos políticos y de que su participación es valiosa.

En los últimos años un fenómeno recurrente en las sociedades modernas lo constituye la apatía o desinterés por la política. En general, la ciudadanía percibe a las instituciones de gobierno como estructuras complejas, remotas e inaccesibles. Al mismo tiempo, los partidos políticos, como los propios gobiernos, tienden a tornarse burocráticos y a retrasar las nuevas ideas. Muchas veces los asuntos de gobierno y las líneas de actuación de los funcionarios públicos pueden ser difíciles de comprender o influenciar por los representantes políticos, y aún más por el público. Por eso la gente es reacia a la participación política, incluso aunque esté capacitada para hacerlo.

Los ciudadanos: acción política individual

La acción política individual de los ciudadanos de una comunidad es un factor esencial para entender la calidad de las democracias y su funcionamiento ya que:

- Condiciona la relación gobernantes-gobernados.

- Incide en el tipo de información que les llega a los gobernantes.

- Marca el tipo de control que se ejerce sobre el poder político.

- Sirve para expresar las preferencias políticas de los ciudadanos.

- Marca la naturaleza del tipo de delegación del poder y la propia naturaleza de la representación política.

- Influye en el comportamiento y estrategias de los principales actores del sistema.

- Condiciona la naturaleza del debate público, su riqueza y su contenido.

La participación política es, ante todo, la suma de todas aquellas actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o construcción de las políticas de gobierno.

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