Ensayo sobre el análisis y la aproximación al tema de la corrupción en Colombia

Ensayo sobre el análisis y la aproximación al tema de la corrupción en Colombia, y su evidencia o no sobre la existencia de una política criminal.

Por Giovanni Villarraga Ortiz

Y Adriana Milena Orozco Quecano

Facultad de Derecho, Universidad Manuela Beltrán

Especialización en investigación criminal

Derecho penal aplicado

11 de marzo de 2021

Para realizar un análisis y la aproximación al tema de la corrupción en Colombia, y su evidencia o no sobre la existencia de una política criminal  se ha querido relevar que en Colombia y en el mundo las políticas han de entenderse con dos connotaciones, siendo las primeras aquellas denominadas políticas públicas y en segundo lugar unas políticas institucionales.

Este punto de partida procura abordar tal precisión a fin de entender que el mismo estado Colombiano ha pretendido mezclar los dos conceptos, y entendiendo esto como un yerro para los politólogos, precisamente se inicia este ensayo con esta acepción que transcribe inicialmente en honor al mismo contexto que tal definición demanda.

Se presenta un análisis de autores expertos en el tema retomando parte de las acepciones del politólogo André Noël Roth Deubel que indica que las políticas públicas se asumen como procesos decisionales y acciones promovidas por los gobiernos y colectivos para enfrentar situaciones problemáticas y enfocar acciones relacionados con la promoción y prevención. Esta visión implica diferenciar las políticas públicas en términos de los programas y propósitos de las autoridades públicas, tal como lo serían otro tipo de instrumentos como el Programa de Gobierno, el Plan de Desarrollo, el Plan de Acción, entre otros.  Llama la atención dos conceptos política -  vista como la serie de procesos y métodos de toma de decisiones por parte de los grupos y las relaciones en las que están involucradas autoridad y poder – parte del ámbito propio del gobierno o la forma de gobierno de una organización social, describen Roth^[1] y Arroyave Alzate^[2], varias definiciones de políticas públicas de diferentes autores:

• Meny y Thoenig definen las políticas públicas como "los programas de acción de una autoridad pública en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico".
• Dye asumiendo una postura más amplia, e inspirado por Hamlet, define las políticas públicas como "todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer".
• Alejo Vargas establece que la política pública es “el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas”
• Anderson ofrece una visión igualmente genérica: "Una orientación deliberadamente seguida por un actor o por un grupo de actores al tratar un problema o una cuestión que les concierne".
• Jorge Iván Cuervo señala al referirse a las políticas públicas que son “el flujo de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado”^[3]
• Salazar las define como acciones continuas de gobierno con objetos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones
• La definición de Jenkins es más concreta pero susceptible de caer en imprecisiones: "Un conjunto de decisiones inter relacionadas y adoptadas por un actor o un conjunto de actores políticos, concernientes a la selección de objetivos y los medios para alcanzarlos, en el marco de una situación especifica".^[4]

Finaliza Arroyave Alzate indicando que por políticas públicas han de entenderse como un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad (económica,  política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas. Este tipo de inclusión se puede hacer en una doble vía: por un lado, un esquema tradicional y tecnocrático sustentado en la formulación e implementación de políticas provenientes desde el Estado; procesos verticales y excluyentes como los actos administrativos, donde los grupos afectados por la política son entendidos como centro de análisis y legitimación del proceso, pero estos actores diferentes al Gobierno no son tenidos en cuenta en la formulación, implementación y evaluación de las políticas^[5].

Visto lo anterior podremos decir que la Política Pública es una “Estrategia con la cual el gobierno o sus entidades estatales coordinan y articulan el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes” en tanto una Política Institucional obedece a “un conjunto de lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos”

Por su parte el análisis y la aproximación al tema de la corrupción en Colombia sugiere la existencia de diferentes normas y contenidos que en conjunto estructuran, definen, procesan y sancionan los delitos, donde tienen un especial capítulo la corrupción y los actos a ella asociados, que se observan a continuación :

• Una serie de normas preventivas y un tipo penal que se apega a la descripción de la conducta delictiva redactada por el legislador e íntimamente vinculado a la normativa contenida en el código penal, y que en principio sugiere un actuar decoroso, honesto y ético.
• Una investigación y judicialización orientadas a la implementación y aplicación de tales normas, también coherentemente vinculadas a un código procesal penal.
• Y a una ejecución de tales sanciones penales y de medidas enmarcadas en un código carcelario.

La referencia anterior nos permite enlistar además de las leyes códigos referidas anteriormente, existen otros contenidos y orientaciones tendientes a combatir la corrupción tal como lo es la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”: o mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción; que establece una combinación de medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y pedagógicas, así como el trabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local – y la interlocución entre el Estado y la sociedad civil;  así como el documento CONPES 167 (Estrategia nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción) que tiene como objetivos fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en Colombia. Las acciones que propone el CONPES están dirigidas, desde la perspectiva preventiva, a mejorar el acceso y la calidad de la información pública, mejorar las herramientas de gestión anticorrupción, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. De otra parte, desde la perspectiva de la investigación y sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción^[6].

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