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Fines esenciales del Estado según la Constitución Política de 1991

Sebastián Contreras EcheniqueApuntes12 de Diciembre de 2025

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“FINES ESENCIALES DEL ESTADO SEGÚN LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991”

Introducción:

        

La Constitución Política de Colombia nace de la exigencia mayoritaria del pueblo colombiano durante el movimiento estudiantil y popular conocido como “la séptima papeleta”. Así mismo, fue mediante una elección democrática (diciembre 1990) que se eligió a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente quienes promulgaron la nueva Constitución el 7 de julio de 1991 conocida como la “Constitución de los Derechos Humanos”.

Ya en su artículo primero la Constitución declara Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general (Constitución Política Colombiana, 1991). Siendo este primer artículo más bien de carácter orgánico, o funcional aun así no pierde el enfoque dogmático consagrado a la promoción de los Derechos Humanos y a la dignidad de todos los colombianos, tal es el espíritu de la Constitución Política de Colombia.

En el artículo segundo de la Constitución se establecen los fines esenciales del Estado, a saber: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Constitución Política Colombiana, 1991, p.1). Dentro de estos fines esenciales será motivo de análisis el de “promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, fin que consta de dos objetivos principales, el primero, promover la prosperidad de carácter marcadamente económico y, el segundo, garantizar los derechos y deberes constitucionales de carácter más social. A continuación se buscará evidencia que permita conocer hasta qué punto el Estado colombiano desarrolla o no este fin esencial, al tiempo que se analiza el nivel de protección de nuestra prosperidad como colombianos, finalmente se esboza alguna posible vía de solución a las problemáticas o carencias observadas durante el desarrollo de este trabajo investigativo.

Qué significa “promover la prosperidad general”:

Es posible notar ya en la etimología de la palabra prosperidad, que según RAE (2017) tiene tres acepciones: 1. f. Condición de próspero. 2. f. Curso favorable de las cosas. 3. f. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. La primera acepción de la palabra prosperidad señala que es la condición de prospero, adjetivo que, a su vez, tiene dos acepciones: 1. adj. Dicho de una cosa: Favorable, propicia, venturosa. 2. adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene éxito económico. La primera acepción, al igual que las otras dos acepciones de prosperidad, habla de las condiciones favorables de las cosas o acciones, pero en la segunda acepción de la palabra prospero se define que dicho sobre una persona (o grupo de personas) es que tiene éxito económico. Por tanto, promover la prosperidad general es promover el desarrollo de las condiciones económicas de gran parte o toda la sociedad colombiana.

Para verificar el grado de cumplimiento por parte del Estado en su rol de promover la prosperidad general se evaluará cuantitativa y cualitativamente el éxito económico en nuestro país y el nivel de “generalidad” de éste. Se tendrá en cuenta para la mencionada evaluación no solo la “promoción de la prosperidad en general”, sino también lo referido a “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” que entregará el marco adecuado para realizar el análisis sobre este fin esencial del Estado.

        

Colombia ¿prosperidad para todos?:

        

La realidad económica colombiana, evidente para cualquier “ciudadano de a pie”, ha sido objeto de constantes análisis por parte de la academia, la prensa, el Gobierno y demás organismos internacionales con presencia en el país. Estos análisis servirán como punto de partida para comprobar la relación pobreza/riqueza existente, así como también el grado de igualdad y equidad imperante en la sociedad colombiana, información que podría resultar sumamente diciente en cuanto a los verdaderos alcances de la promoción de la prosperidad general en Colombia.

La concentración de la riqueza es uno de los puntos que más dificulta la posibilidad de promover la movilidad social, la competitividad y la equidad. En nuestro país es posible evidenciar altas tasas de concentración al distribuir por deciles el patrimonio de las empresas, por ejemplo, en el 2009 el decil más rico concentró el 95.5% del patrimonio mientras el decil más pobre concentra el 0,0001% de la riqueza total. Para el año 2014 el decil más rico concentró un 95.8% del patrimonio total según datos de la DIAN (Espitia, 2016). Así mismo, es posible profundizar este análisis con más datos: según los profesores Carlos Quimbay, del Departamento de Física, y Jairo Orlando Villabona, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, para el año 2000 el 1 % de las empresas más ricas concentraba el 14,5 % del patrimonio del país; el año 2013 esto casi se duplicó alcanzando un 28,3 %, además para el caso de las personas naturales en Colombia durante el año 2004 el 1 % de las personas más ricas poseía el 15 % de la riqueza de nuestro país; para el año 2013 dicha acumulación fue del 32 %. Siguiendo con la misma tendencia para el año 2004 el 10 % de las personas más ricas tenía el 37,6 % de la riqueza total; para el año 2013 se incrementó al 42,7 % (Agencia de Noticias UNAL, 2017).

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