Influencia del ámbito político- económico municipal y estadal en el diseño de políticas de gestión policial

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INFORME

INFLUENCIA DEL ÁMBITO POLÍTICO- ECONÓMICO MUNICIPAL Y ESTADAL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN POLICIAL.

UNIDAD I[pic 3]

FACILITADOR:

Dr. Eduardo José Acosta Prado

Barinitas Septiembre del 2023

         En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999  consagra por primera vez  a  la seguridad ciudadana (artículo 55), entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Implicando conceptualmente la superación del tradicional modelo de seguridad basado en el orden público acuñado durante largo tiempo en el país, que garantizaba sobre todo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y bajo el cual se protegía (distorsionadamente) el orden económico y político, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos, incluso por encima de los derechos y garantías civiles.

A partir de 1999, el constituyente parece redefinir las relaciones entre el individuo y el Estado en materia de seguridad, en el seno de un modelo constitucional propio de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2, CRBV).

La amplia gama de derechos reconocidos en la Constitución no sólo tiende a fortalecer la tradicional noción de ciudadanía, sino que también es una franca invitación a la seguridad, suponiendo que ante cualquier amenaza o coerción ilegítima contra la libertad y los derechos, prevalecerá el orden constitucional (Borrego, 2002). La introducción de este nuevo concepto en materia de seguridad  representar un estímulo para la sociedad venezolana y una guía para las políticas públicas a desarrollar por el Estado.

Al respecto, de la responsabilidad del Estado en orientar las políticas de  seguridad, Cabe indicar que la sociedad son el resultado de un proceso cultural influenciado de manera determinante por las políticas públicas de los Estados, los cuales se desarrollan por la preeminencia de una especial forma de gobierno y su relación con todos los protagonistas que conforman o se establecen en la corporación social.  Las políticas públicas vienen a ser, entonces, las formas decisorias de conducción de los destinos de los hombres, orientadas hacia una finalidad colectiva. De esta manera,  el Estado, por medio de su función de gobierno, encauza las conductas hacia un objetivo que debe ser común a todos.

En este sentido, Venezuela bajo la concepción de un nuevo paradigma de seguridad representa, en forma muy general, una manera de concebir la seguridad ciudadana que se inspira en el respeto a los derechos humanos, el servicio comprometido y transparente al resguardo de ciudadanas y ciudadanos y la dignificación de las funciones de los cuerpos policiales y de seguridad.

En el marco de las políticas públicas, el tema de la seguridad ha tomado fuerza desde hace algunos años, siendo esto motivo de arduas discusiones y revisiones de los esfuerzos e iniciativas para atender los temas que preocupan y que aún persisten de violencia, inseguridad y criminalidad en el país. Entre otras acciones se creó  la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol); se crea además la Policía Nacional Bolivariana, el Consejo General de Policía y las normativas legales que amparan estas acciones, así mismo, en 2009 nace la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad como parte de esa política de gestión policial que busca atender para consolidar cuerpos de seguridad con una visión distinta, es decir, funcionarios garantes de los derechos humanos y cuyas funciones vayan en pro de la defensa del pueblo y no en detrimento de éste.

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