El ámbito Político

El sistema político mexicano ha experimentado transformaciones fundamentales en los años recientes. La ampliación de la diversidad de actores y opciones políticas, el mayor pluralismo que se está dando en el país, los triunfos de distintos partidos en elecciones competidas, la ciudadanización de los órganos electorales, y la nueva conformación de gobiernos y congresos, apuntan al fortalecimiento de un régimen democrático. Sin embargo, el proceso de transición política en esta dirección no está exento de problemas, y todavía enfrenta constantemente resistencias de diferente índole.

Este panorama, asociado a la consolidación de la democracia, es propicio para el desarrollo de la educación superior en la medida en que crea las condiciones necesarias para la formulación de políticas de Estado con una visión de largo plazo, que trasciendan tanto los límites estrechos de un periodo de gobierno, como las eventualidades de la alternancia en el poder de diferentes partidos políticos. Para ello, una democracia debe favorecer la participación de los distintos actores sociales en la creación de consensos amplios alrededor de prioridades nacionales como la educación. En ese proceso las IES tienen la oportunidad y el deber de respaldar los procesos de democratización del país apegándose a sus funciones y realizándolas de una manera ejemplar y responsable hacia la sociedad.

Entre las tareas que las IES están obligadas a llevar a cabo, destaca la de colaborar mediante la educación que imparten, a formar ciudadanos educados en los valores democráticos, que ejerzan con responsabilidad sus derechos y cumplan con sus obligaciones solidarias y ciudadanas. En este ambiente las IES tienen la oportunidad de fortalecer sus formas de organización y prácticas culturales, basadas en los principios de la libertad de cátedra y de investigación, de la libre discusión de las ideas y de la tolerancia y respeto a los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.

Sin embargo, el proceso de transición por el que atravesamos, no está exento de riesgos para el desarrollo de la educación superior, derivados de los continuos cambios en las reglas del juego y las dificultades de entendimiento entre los diferentes actores políticos. El mencionado consenso nacional amplio sobre la importancia estratégica de la cuestión educativa para el desarrollo del país es fundamental para asegurar la continuidad de los programas de apoyo para el desarrollo de las instituciones y del sistema de educación superior. Uno de los elementos fundamentales de dicho consenso es el del acuerdo que al respecto puedan alcanzar todas las fuerzas y partidos que participan en el sistema político.

En la actualidad, la falta de actualización de la legislación de la educación superior, así como las limitaciones de los mecanismos y organismos que regulan los procesos de concertación, planeación, evaluación y acreditación de la misma, hacen posible el predominio de criterios políticos partidarios sobre los académicos en las relaciones entre las autoridades gubernamentales y las instituciones educativas. Es previsible que ante la magnitud de la demanda de servicios de educación superior y de los recursos necesarios para atenderla, los congresos de la federación y de los estados intervendrán cada vez más en los asuntos educativos. Ello obligará a las IES a redoblar esfuerzos para asegurarse que sus propuestas estén sustentadas en posturas puramente educativas.

La reforma del Estado en la que se redefinen los roles y responsabilidades de los distintos órganos y niveles de gobierno- en marcha desde hace dos décadas, está significando también un cambio en las relaciones gobierno-instituciones públicas de educación superior que se refleja en las modalidades de regulación y financiamiento de estas últimas. Así, aunque todavía de manera parcial, en estos

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