Atencion Al Ciudadano

Taller Grupos de Apoyo Violencia Sociopolítica

Ley de Justicia y Paz y los impactos psicosociales que consideramos ha generado en la población víctima y en las relaciones sociales en nuestro país.

Tema del Grupo de Apoyo

Recuperación emocional y psicosocial de la dignidad de las víctimas frente a la sociedad en la desaparición de 43 personas en Pueblo Bello – Antioquia.

Objetivos

> Cuáles fueron los daños psicosociales causados a los familiares de las 43 personas desaparecidas en Pueblo Bello y a la comunidad en general.

> Implementar un programa de atención y salud integral con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto armado.

> Prestar apoyo terapéutico a las víctimas y sus familias de la violencia sociopolítica que afronta el municipio de Pueblo Bello – Antioquia.

> Iniciar un proceso que permita diseñar e implementar una propuesta transformadora de la realidad de las víctimas

Ubicación Geográfica a Trabajar

Municipio de Pueblo Bello, Departamento de Antioquia.

Marco Conceptual

“El 14 de enero de 1990 paramilitares bajo el mando de Fidel Castaño, llegaron a Pueblo Bello, departamento de Antioquia y se llevaron a 43 campesinos en venganza por el robo de 43 reses por parte de las FARC” .

“El grupo de Fidel Castaño “Los tangueros” amordazaron a los campesinos y se los llevaron a la plaza principal, seleccionando 43, los cuales fueron llevados a una finca en el Departamento de Córdoba, allí los interrogaron y los torturaron; según los testimonios manifestados por los familiares este hecho se presentó por unas cabezas de ganado robadas a Castaño en 1989 presuntamente por la guerrilla” (Sally, P., 2012).

Los mecanismos de justicia, verdad y reparación, deben ser idóneos con el fin de no causar efectos revictimizantes sobre la población objeto. “Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma” (Vera, M., 2012, p.14).

“Es sabido que los efectos sobre la salud física y mental no conciernen solamente a las manifestaciones somáticas, emocionales y del comportamiento que presentan las personas como consecuencia de los hechos violentos, sino que deben ser considerados teniendo en cuenta los factores sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales existentes, derivados o producidos como consecuencia del conflicto armado; es decir, con un enfoque psicosocial” (Minsalud, 2012, P.6).

“Abordar todos estos factores desde un enfoque psicosocial implica, entre otras cosas, tener un enfoque diferencial para ello, reconocer que cada persona, familia, comunidad, etnia o grupo social tiene particularidades que deben ser consideradas al proponer medidas

de reparación para su situación, pero estas medidas no pueden ser medidas instrumentales solo para cumplir con requisitos normativos o institucionales” (Minsalud, 2012, P.6).

“Las medidas en materia de asistencia en salud y la rehabilitación física, mental y psicosocial son fundamentales dentro del proceso de reparación a las víctimas, su desatención causa afectaciones muy complejas haciéndolas más vulnerables a sufrir nuevas victimizaciones” (Minsalud, 2012, P.6).

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