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idas y balas perdidas

En Colombia, las autoridades no poseen estadísticas consolidadas sobre cuántas muertes se han producido en los últimos años en el país por impactos de balas perdidas.

Esos casos se incluyen bajo el rótulo general de “muertes violentas” y se subclasifican en el acápite de “homicidios”.

Lo que se sabe es que la Fiscalía adelanta 59 procesos por casos denunciados en los últimos dos años (ver recuadro).

A falta de cifras oficiales, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), una organización no gubernamental, reveló el año pasado, basado en publicaciones periodísticas, que por lo menos 700 personas murieron en el país por esta causa en la última década.

El asunto se torna más dramático al establecerse que el 35% de las víctimas mortales son niños que vieron truncada su vida por culpa de irresponsables que desenfundan sus armas para disparar al aire. Y aunque en principio no quieren hacerle daño a nadie, su acción termina enlutando a familias enteras a lo largo y ancho del país. Por eso deben responder por homicidio culposo y, en algunos casos, también por porte ilegal de armas.

En los últimos 10 años, 274 municipios pusieron al menos una víctima fatal por esta causa. Los últimos acontecimientos confirman las frías estadísticas: a esta hora las autoridades buscan a tres fugitivos que durante las festividades de Navidad y Año Nuevo dispararon indiscriminadamente y mataron a tres niños en Medellín, Montería y Bogotá.

Por estos días cursa en el Consejo de Estado una demanda de acción de reparación directa contra la Nación, interpuesta por un adolorido padre, el médico Adolfo Betancur, para lograr una indemnización por la muerte de su hija Laura Cecilia en un cruce de disparos en el occidente de Medellín, durante enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las milicias de la guerrilla ocurridos el 14 de octubre de 2002.

Ahora, las familias de los tres niños asesinados en los últimos días esperan la solidaridad de la comunidad para llevar ante la justicia a los verdugos de sus hijos. Junto a ellos, otros padres y madres que llevan años sufriendo por la impunidad buscan algo similar. Y la sociedad entera, indignada, espera que el Gobierno y las autoridades tomen cartas en el asunto, vigilando y poniendo más controles a la expedición de salvoconductos para el porte de armas y ejecutando operativos para desarticular el mercado ilegal de armas.

Se adelantan 59 procesos por balas perdidas

La Dirección Nacional de Fiscalías reporta 59 procesos activos por hechos relacionados con balas perdidas en los últimos dos años.

Según el organismo investigador,

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