Lucha Contra La Ignorancia Y Sus Efectos:

Para el lunes es el ensayo de bases ese mismo día ara el examen y los que expongan su ensayo

Bloque I

• La educación como medio para desarrollar las capacidades humanas y fomentar el progreso científico. La lucha contra la ignorancia y sus efectos: las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

En México, la preocupación por la educación no es reciente, ya que desde tiempos prehispánicos nuestras grandes civilizaciones indígenas se ocupaban preponderantemente de preparar a sus nuevos miembros en todo aquello que necesitaban saber para la vida; entre estas culturas se destacaban las instituciones educativas como los Cuicacalco, Telpochcallis y el Calmécac, en donde se formaban a los niños y a los jóvenes para que se convirtieran en verdaderos hombres y mujeres, y así cumplieran satisfactoriamente las tareas que mejor convenían a la sociedad de la que formaban parte.

Con la llegada de los españoles y su consecuente mestizaje, la escuela cambió para convertirse en una institución que no sólo alfabetizaba y preparaba a sus jóvenes, sino que también sirvió de guía en la formación humana y religiosa.

Desde la Revolución Mexicana, trascendental movimiento social y político; hasta nuestros días, no había existido una continuidad en los diferentes programas y planes de enseñanza, ni una reforma educativa como la que se ha pretendido implementar en los últimos años, es por eso que la educación en México no ha logrado consolidar un avance tan notable como en otros países. Sin embargo, es bueno reconocer que los cambios en el ámbito educativo han tenido importantes aciertos en sus diferentes fases y proyectos.

La educación es para todos, este precepto se ha convertido en uno de los máximos anhelos de la población mexicana; sin embargo terminamos el siglo XX, iniciamos el siglo XXI y aún no se logra integrar a todos a un programa eficaz, capaz y acorde a las necesidades de nuestro país.

De tiempo en tiempo se siente la necesidad de lanzar una mirada retrospectiva a la historia de nuestro país, para medir sus logros y precisar, dentro de una perspectiva actual, sus exigencias más perentorias. Especialmente en el campo de la educación, que ha sido una de las tareas más importantes del Estado mexicano, conviene reflexionar sobre nuestras realizaciones.

La educación es un servicio público, ya que está destinada a satisfacer necesidades sociales permanentes y sujetas a un régimen de derecho público; por lo que la Ley Federal de Educación, cuya iniciativa se presenta a la consideración del honorable Congreso de la Unión, reconoce como tal a la función educativa que regula, ya sea que dicho servicio se preste por particulares con autorización o reconocimiento oficial.

Las finalidades de la educación se gestan y se desarrollan en el seno mismo de la sociedad, el poder público no las impone arbitrariamente. Toca al Estado hacerlas explícitas y darles la formulación coherente.

La educación debe preparar al hombre para vivir una vida en plenitud, es decir, en relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza. También comprende otras metas como son el alcanzar una comunidad que proteja, conserve y acreciente los bienes y valores que constituyen nuestra herencia cultural.

El equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos es fundamental para la educación. La dicotomía entre el hombre práctico y el especulativo se supera, pues en el acto humano la teoría y la práctica se involucran recíprocamente.

La educación nacional tiene una orientación unitaria sin olvidar las diferencias, a veces tan profundas, entre las diversas regiones de nuestra geografía. La iniciativa enuncia cada tipo educativo sin detallar requisitos o atributos específicos para que estas cuestiones sean objeto de normas de carácter académico o reglamentario, con el fin de facilitar la permanente adaptación al cambio.

La formación del hombre responde a las condiciones del desarrollo histórico. Las sociedades han formulado sus ideales educativos a partir de circunstancias que por su singularidad no son repetibles.

La educación como medio para fortalecer la identidad y la conciencia nacional. El equilibrio entre lo nacional y las particularidades étnicas, culturales y de religión. Para desarrollar las capacidades humanas y fomentar el progreso científico. La lucha contra la ignorancia y sus efectos: las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Tiene como finalidad lograr que todo individuo adquiera, no sólo conocimientos, sino que tenga ideas firmes que le permitan no ser influenciado por ideales ajenos que perjudiquen el desarrollo de su propia educación.

Todo ciudadano puede y debe elegir a qué tipo de escuela acudir; ya sea particular u oficial, pero a la vez tiene la obligación de que se asista a la escuela básica, a la secundaria y hasta el bachillerato. En México hay libertad de elegir la educación que más nos convenga para nuestros hijos.

La educación y los valores de convivencia humana son fundamentales en nuestro país, el aprecio a la dignidad de la persona, la fraternidad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad y la paz forman parte importante del proyecto educativo de nación. El respeto a las ideologías ajenas, en los diferentes aspectos cívicos y morales, en los religiosos y en lo cultural, forman parte importante del desarrollo ético que debe existir en cada individuo.

La educación no es nada más la enseñanza y el aprendizaje, sino también formar al individuo como un ser que sirva a la sociedad, involucrando los valores.

El papel del docente como formador de sus alumnos debe ofrecer educación de calidad, de manera que su desempeño profesional se vea reflejado en la tarea diaria, guiando a sus discípulos hacia un cambio de actitud que se refleje a nivel de la sociedad.

Como puede observarse, en nuestro país existe una real y trascendente relevancia en lo educativo; nos corresponde a todos honrar y promover estos preceptos.

• El laicismo: garantía de la libertad de creencias. Su relación con el principio de la separación entre el Estado y las iglesias.

El respeto a la libertad de conciencia de todos, remite ante todo a un estatuto jurídico y político de carácter principista y general, irreductible por tanto a consideraciones de tipo psicológico o sociológico. Algo que debería quedar meridianamente claro en constituciones, leyes y en cualquier acuerdo de Estado. Cuando se plantea, por ejemplo, la cuestión de la presencia de símbolos religiosos o de particulares ideologías en el ámbito de una institución pública, el problema no estriba en que alguien se sienta “molesto” por dicha presencia, ni mucho menos remitirlo a tradiciones o a eventuales mayorías o minorías. Simplemente se trata de diferenciar y separar a priori lo que tiene carácter público y lo que tiene carácter privado, que en ningún caso debe teñir con su particularidad el marco común. Incluso en el supuesto de que en un centro o en un aula todos los presentes participen de las mismas creencias o convicciones, la neutralidad de la institución pública es condición necesaria de posibilidad (como diría Kant) para la existencia de la libertad de conciencia presente y futura de quienes están obligados a compartir un mismo espacio público, por ejemplo el escolar.

De ahí la falta de consistencia jurídica de algunas sentencias sobre la presencia de crucifijos en las escuelas (o en otros espacios públicos y oficiales) cuando se remiten a tradiciones o acuerdos mayoritarios para mantenerlos o al pluralismo de facto para eliminarlos. Buena prueba de tal inconsistencia son la reciente sentencia del Tribunal Europeo sobre los crucifijos en los colegios de Italia y el de nuestro Tribunal Constitucional sobre la patrona religiosa de un colegio profesional (que en sus estatutos se declaraba aconfesional). Pero, de igual inconsistencia pecan también los alegatos jurídicos que se fundan en difíciles apreciaciones sobre los límites entre proselitismo lícito e ilícito, sobre si la mera presencia de un símbolo implica adoctrinamiento y coacción para las personas, o si se justifica el trato preferente otorgado a uno de ellos por identificarse con él una mayoría social, etc. Ese tipo de argumentos siempre dejan la puerta abierta a la plural subjetividad de los individuos (y a la particular interpretación del juez de turno) o a la perspectiva comunitarista propugnada por una laicidad inclusiva y abierta, dispuesta a incorporar otros símbolos cuando sean requeridos por padres y alumnos o de mantener los existentes si no levantan la protesta explícita de nadie.

Al margen de circunstancias sociológicas y de los sentimientos personales, previo a cualquier casuística, está el principio de derecho de la separación entre Estado e iglesias, la preservación del ámbito común frente a cualquier apropiación de carácter particular, lo que exige entre otras cosas la neutralidad religiosa e ideológica de las instituciones, espacios y actos públicos. Esa neutralidad no puede ser entendida de forma retorcida como pasividad ante la invasión de lo público por todas y cada una de las opciones ideológicas en presencia y competencia, sino como exigencia de abstención o reserva de todo aquello que, siendo lícito en el ámbito privado, no puede tener la pretensión de traspasar sus propios límites y de imponerse en el espacio que es de todos.

Allí donde la invocación en exclusiva a la libertad de conciencia, desde la mera subjetividad de los individuos, podría no ser determinante, el concepto republicano de estado y de ciudadanía (lo relativo a la res pública y los derechos en ella fundados) seguiría exigiendo la separación

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