IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO

IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO

La globalización es un fenómeno que con el pasar del tiempo permea, cada vez más, todos los aspectos de la vida humana; gracias a los avances tecnológicos y científicos las distancias entre los distintos países del mundo es cada vez más corta y el Derecho al igual que las demás ciencias no es ajeno a esta realidad. Es bien sabido que los países alrededor del mundo se rigen bajo un marco normativo, que varía de cultura en cultura, y la norma por excelencia a la cual se acogen estos en su Constitución, como lo es en el caso colombiano, ella misma reza en su artículo cuarto “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.” (Constitución Politica de Colombia., 1991).

Así las cosas, la Constitución Colombiana consagra en su articulado la posibilidad que tiene el país de acoger y ratificar tanto tratados como convenios internacionales, los cuales después de cumplirse con los protocolos normativos requeridos, adquieren fuerza y carácter constitucionales, como lo son los tratados y convenios ratificados por Colombia que se relacionan con los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario (internacionalmente reconocidos por la mayoría de países, e instituciones de la envergadura de la ONU y la OEA) . Es esta interacción normativa con el mundo contemporáneo y los países que lo componen la que nos permite hablar el día de hoy de la globalización del derecho y más precisamente la globalización que versa sobre el Derecho colombiano. No obstante, esta temática se puede y debe analizar desde distintas perspectivas y aristas, puesto que como es bien sabido el derecho es una rama del inmenso árbol de las ciencias sociales, y como tal, da cabida a variados puntos de interpretación.

Para el caso, se dará una somera mirada a distintas temáticas relacionadas con el Derecho en Colombia:

2 Comisión Nacional constituyente (1991). Constitución Política de Colombia.

La constitución de 1991 prevé espacios informales para la resolución de conflictos como la conciliación, el arbitramiento, los jueces de paz y la atribución de funciones judiciales a autoridades administrativas; todos estos mecanismos parten de una cierta desconfianza frente a la justicia formal del Estado puesto que no la consideran eficaz, transparente y adecuada para zanjar las controversias cotidianas entre los colombianos.

Durante la década de los noventa fueron impulsadas radicales reformas al sistema judicial colombiano en busca de más eficiencia y rapidez para la resolución de conflictos. Las reformas han contribuido al mejoramiento de la investigación criminal, al limitado trato del acceso a la justicia y han sido una potente fuente de financiación para los estudios sobre la justicia colombiana (Rodríguez,2000:42). “Manifiesta que la presión de las organizaciones multilaterales para obtener resultados esperados en términos de número de condenas y conciliaciones producidas, ha relegado a un segundo plano los esfuerzos para prevenir y eliminar las causas de la ineficacia judicial”.

¿Cuáles han sido las perspectivas en cuanto al avance y desarrollo del sistema jurídico Colombiano?

El derecho evoluciona y se desarrolla a la par de las sociedades, puesto que es una ciencia social en su esencia, es por ello que se ha logrado evidenciar a lo largo de la historia que las distintas costumbres, tradiciones y modalidades delictivas han mutado a lo largo de la historia. El Estado ha tenido que buscar que la justicia sea cada vez más equitativa y rígida, como se observo en la transición entre la constitución de 1883 y la de 1886,allí se dio una transformación y avance respecto de las instituciones que no se encontraban estructuradas y organizadas para enfrentar las situaciones de violencia que se presentabana consecuencia de grupos al margen de la ley, los cuales protagonizaban graves sucesos por medio de actos terroristas, secuestros, homicidios, masacres, etc. Para contrarrestar estos fenómenos delincuenciales se dio la necesidad de rediseñar y fortalecer a las instituciones estatales, puesto que se estaba perdiendo la eficacia y la eficiencia del Estado, poniendo así en grave riego el orden público.

Con lo anterior se ha buscado dar mayor claridad en cuanto a la atribución y distribución de competencias, además, el uso de procedimientos para ratificar el poder y solides del Estado, a fin de lograr una mejor protección de la libertad y los derechos del ciudadano, brindándole así mayores garantías en el normal desarrollo de sus actividades sociales, buscando tanto el orden como la igualdad social.

Con la llegada de la nueva constitución en 1991 se dio una nuevamirada al modelo de Estado, el cual paso de ser un “Estado de derecho” a un “Estado social de Derecho” en el cual se le brindaron mayores garantías a la fiscalía General de la Nación por medio del acto legislativo 003 de 2002, el llamado sistema penal acusatorio, autonomía en la integración y acceso a la función justicia, se procuró una función disciplinaria autónoma, se crearon acciones de directo acceso al ciudadano, como las acciones populares y la de tutela y se separó la función de control constitucional, para lograr que el Estado le brindara mayores garantías al ciudadano en el desarrollo de cada una de sus actividades.

Desde entonces el Estado busca brindarle a la justicia una independencia real y para ello es necesario adoptar medidas que permitan obtener mayor eficacia y eficiencia en la materialización de las premisas constitucionales, estas medidas deben desarrollarse con urgencia para lograr una mayor protección a quienes han puesto sus vidas al servicio de la justicia, incluyendo todos los actores judiciales, magistrados, jueces, fiscales, investigadores y abogados, testigos y víctimas, con el fin de evitar que se tomen represalias contra su integridad personal y la de sus familias.

Según Fernando V (2007), “En cuanto al derecho penal clásico, se hace referencia a las concepciones que hunden sus raíces en el llamado siglo de las luces, en el cual se hace alusión al principio de la dignidad de la persona, la cual se debe preservar a toda costa, pero no solo dando observancia a su autonomía como seres humanos, puesto que esto puede llevar a que el Estado haga una tutela efectiva sobre el ciudadano”, p.10.

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