La Fiscalización Del Estado

El Estado, como toda organización económica, requiere de ingresos para cumplir con las funciones que se le atribuyen, esto da origen a su actividad financiera, de modo que se procure los fondos necesarios que le permitan sufragar los gastos públicos, mismos que tienen como destino el satisfacer requerimientos colectivos mediante la prestación de los servicios públicos correspondientes.

La principal fuente de ingresos estatales es la recaudación de contribuciones y para apoyarla existen algunas teorías que la justifican, las cuales veremos a continuación:

I. Teoría de la cobertura del gasto público. En ésta, el Gobierno del Estado tiene que efectuar gastos, tales como:

1. Prestación de servicios públicos.

2. Pago de sueldos y salarios a empleados y funcionarios públicos a su cargo.

3. Adquisición de mobiliario, equipos, vehículos, armamento, entre otros.

Como las funciones públicas se traducen en beneficios para los gobernados, son los propios integrantes de la sociedad quienes deben participar con algo de su riqueza para apoyar al gobierno en la obtención de recursos económicos para que cubra sus erogaciones.

II. Teoría de la justa repartición de la riqueza. Aquí, lo que justifica la contribución es el hecho de que existen individuos separados económicamente, con grandes diferencias patrimoniales, esto es, hay pocos sujetos con grandes fortunas y muchos con enormes carencias, incluso con dificultades para subsistir. Por dicha causa, el gobierno estatal asume el compromiso de hacer más por los que menos tienen, que los menos cuenten con lo básico, y para lograrlo una herramienta importante es la contribución de aquellos que pueden darla.

De esta manera, la Administración Pública tendrá recursos que podrá destinar a la satisfacción de las exigencias elementales de los grupos sociales más desprotegidos.

III. Teoría de la sujeción a la potestad soberana. Esta postura determina que los súbditos del soberano deben cooperar para su manutención y sostenimiento, ya que el tributo es obligatorio y, por ende, su cobro puede realizarse aún con el uso de la fuerza. La presente teoría se generó desde tiempos remotos, cabe recordar a los romanos, quienes impusieron tributos a quienes conquistaban.

IV. Teoría de la seguridad individual. En esta idea, las personas contribuyen con el deseo de ser protegidas por el gobierno del Estado, tanto en su persona como en su patrimonio, ya que está a cargo del poder estatal la seguridad pública, la impartición de justicia, la persecución de los delitos, etcétera.

Nuestro país sigue constitucionalmente la primera teoría y la establece en el Artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al fijar como obligación de los gobernados (incluidos los extranjeros que se encuentren en territorio nacional), el contribuir para satisfacer el gasto público, ya de la Federación, de las Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios en que residan, en la forma proporcional y equitativa que establezca la ley fiscal que corresponda.

La segunda teoría se sigue en la práctica gubernamental, justificada con la tesis del liberalismo social y reflejado en programas de apoyo y asistencia a las clases marginadas, tales como “Oportunidades”, “Arranque parejo”, entre otros.

Pasando a la tercera teoría, vemos que la misma se aplica en México, al castigar a quien no paga sus contribuciones, ya con sanciones económicas (multas), suspensivas (clausuras) e inclusive de tipo corporal (cárcel).

Además, el gobierno, a través de su autoridad recaudadora, cuenta con amplias facultades de cobro coercible o forzado otorgadas por la norma fiscal, sin necesidad de acudir a los jueces y tribunales, como lo tiene que hacer un particular en caso de que alguien le deba.

La última teoría también tiene cabida en nuestra Nación, ya que le corresponde al poder del Estado el garantizar la armonía, la paz y la estabilidad sociales, procurando incluso que el afectado por un delito obtenga la reparación del daño, si existiera éste, empleando los medios de fuerza a su alcance previstos por la LegisIación Penal aplicable.

Como se puede apreciar, el Sistema Fiscal Mexicano realiza una fusión de las cuatro teorías antes señaladas y, por esta razón, no se le puede calificar a la luz de alguna en lo particular.

El gobierno del Estado, en sus tres niveles de poder, Federal, Estatal o Local y Municipal, recauda las contribuciones necesarias para cubrir su presupuesto de gasto público, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Es de conocimiento general que la mayor recaudación la realizan las autoridades hacendarias federales, con el auxilio de los gobiernos estatales, en el denominado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, habida cuenta que la más elevada carga tributaria la fijan las leyes fiscales federales, razón por la cual nos referiremos, a partir de este momento, a la situación federal y, por ende, a leyes de aplicación en toda la República.

Etapas de la Actividad Financiera del Estado

Las fases de la actividad financiera estatal, básicamente, son:

1. Obtención de recursos, los que pueden provenir de la ejecución de actividades, tanto de Derecho Público, como de Derecho Privado.

En el primer caso, y como ejemplo, podemos citar la recaudación de contribuciones y la recepción de préstamos externos.

Para ejemplificar el segundo supuesto tenemos la obtención de ganancias por parte de las empresas públicas y los ingresos que se tienen por actos contractuales privados, tales como rentas, ventas, donaciones, etcétera.

2. La administración de los ingresos obtenidos, por parte de las autoridades y entidades competentes, ejerciendo funciones públicas o privadas.

3. El desarrollo del gasto público, en la forma y términos fijados por las leyes administrativas correspondientes, debiendo satisfacer los fines previamente señalados, siempre en provecho de los gobernados.

Para comprender mejor a la actividad financiera estatal debemos analizar las diferentes etapas que para ella establece la legislación administrativa, siendo las que se citan a continuación:

A. Planeación.

B. Programación.

C. Presupuestación.

D. Ejercicio del gasto público.

E. Control gubernamental.

F. Evaluación.

A. Planeación

La administración pública, como cualquier ente económico, requiere fijar las actividades que desarrollará en el futuro, pero sin estimar logros concretos y costos de realización, sino que lo hace de manera general, a modo de intención.

Existen varios planes gubernamentales, siendo estos:

1. El Plan Nacional de Desarrollo. Este lo elabora el Presidente de la República, dentro de los seis meses que sigan a la toma de posesión de su encargo y contiene políticas generales y acciones a desarrollar durante el tiempo que resta de su mandato (cinco años y seis meses).

Dicho plan, es base de todos los demás, que de conformidad con la Ley de Planeación, se denominarán “programas”.

Hay que precisar que el plan referido no es elaborado unilateralmente por el Titular del Poder Ejecutivo, sino que es el resultado de atender y escuchar los requerimientos de la sociedad, a través de consultas populares y foros, en los cuales se recogen tales planteamientos. (Sistema Nacional de Planeación Democrática).

El fundamento constitucional de este método de planeación se encuentra en los Artículos 25 y 26 de la Carta Magna.

2. Programas sectoriales. Son aquellos que se dirigen a una actividad claramente definida, que le corresponde encabezar a una Secretaría de Estado y consecuentemente darle seguimiento.

3. Programas institucionales. Estos se establecen para dirigir el desarrollo de una institución del sector paraestatal, como lo son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos.

Como ejemplo citamos aquellos que afectan al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

4. Programas regionales. En ellos se procurará una evolución adecuada de una zona geográfica, y participan los gobiernos de las entidades federativas y municipios involucrados. A modo de ejemplo, citamos al “Plan Puebla-Panamá”.

5. Programas especiales. A través de ellos, el Titular del Ejecutivo se propone auxiliar a determinados grupos sociales, en caso de emergencias, catástrofes y otras eventualidades.

Como ejemplo podemos mencionar al “Programa Oportunidades”, el cual se desenvolverá en el sexenio 2001-2006.

B. Programación y Presupuestación

Una vez marcados los objetivos generales, se tienen que concretar acciones derivadas de los mismos.

De ello deriva la necesidad de contar con un presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, a fin de estimar los mismos dentro de un periodo determinado (ejercicio fiscal anualizado).

Toda la Administración Pública mexicana, tanto Federal como la Local y la Municipal, cuentan con un presupuesto propio.

Analizaremos solamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, en la inteligencia de que las reglas de elaboración,

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