Militarización, Seguridad Nacional Y Seguridad pública En México

Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México

En este ensayo se analiza el papel que las Fuerzas Armadas han ido asumiendo en la definición e instrumentación de las políticas de Seguridad Nacional y de seguridad pública que el Estado mexicano ha venido impulsando desde principios de los ochenta, y en donde la relación entre civiles y militares se ha ido modificando, tomando estos últimos un papel cada vez más protagónico en tales cuestiones. Se analiza también cómo se ha dado esta relación en Estados Unidos y cómo influye ésta en nuestro país.

La ideología de la Revolución Mexicana, el Nacionalismo Revolucionario, desempeñó durante mucho tiempo el papel de cohesionador y estabilizador del conjunto de la Formación Económico Social mexicana, con un discurso sobre la defensa de la soberanía e independencia nacionales; pero a partir de la “modernización” neoliberal, dicha ideología entró en grandes contradicciones. Y con ello surgieron “inquietantes tendencias a subordinar la noción de soberanía nacional a las razones supuestamente superiores de la seguridad” (Bartra, 1990, p.151).

En los regímenes de De La Madrid y de Salinas de Gortari, el concepto de Seguridad Nacional adquirió mayoría de edad y, con ello, su carta de naturalización, no obstante la ambigüedad con la que se le manejó en los planes nacionales de desarrollo de ambos sexenios. Se intentó darle al concepto un contenido integral para “mantener la condición de libertad, paz y justicia social dentro del marco constitucional”, y en el cual las Fuerzas Armadas colaborarían en “contribuir” a la seguridad nacional (Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, pp. 60-63).

Y aun se estableció, en el régimen salinista, una agenda de amenazas a la seguridad y se creó –a la manera estadounidense del Consejo de Seguridad Nacional– un Gabinete de Seguridad Nacional que incluía a la Secretaría de Gobernación, dependiente de la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República. Además se desapareció a la Dirección Federal de Seguridad y, en su lugar, se creó la Dirección General de Seguridad Nacional, misma que se transformó en Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre cuyas atribuciones está la de “establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país” (Aguayo, 1990).

Hacia finales de la gestión salinista se intentó establecer un Consejo de Seguridad Nacional para la coordinación de todas las instancias y dependencias cuyas funciones estarían vinculadas con la seguridad del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, en una forma no prevista en la Constitución y bajo la égida del ex Secretario del Trabajo, Arsenio Farrell Cubillas, quien se había distinguido por su dureza contra el movimiento laboral y en favor de los empresarios.

Salinas de Gortari, en su afán por integrar a México al Primer Mundo, aceptó tácitamente que esta nación fuera parte de la seguridad nacional estadounidense (Saxe-Fernández, 1994; 1995).

Contribuyendo a debilitar aún más la soberanía nacional ya maltrecha por los regímenes anteriores; y, por la vía de los hechos, les dio mayores funciones policiacas a las fuerzas armadas, además de las ya asignadas en los dos sexenios anteriores contra el narcotráfico. Como se mencionó anteriormente, Salinas hizo suya la concepción estadounidense de considerar el narcotráfico como un problema de seguridad nacional y no de salud pública. Y aceptó, como condición para avanzar en las negociaciones del TLC, impulsar una “agresiva campaña antinarcóticos”, ampliando los esfuerzos de erradicación del Ejército mexicano y la policía, de acuerdo con un informe presentado por el Comité Selecto sobre Narcóticos del 101 Congreso estadounidense, después de un viaje en misión de estudio a las ciudades de México y Guatemala a fines de 1990 (Report of the Select Committee on Narcotics Abuse and Control, 1991).

Con Zedillo, esta política se ha continuado y, con miras al México del año 2000, el Presidente propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000: “Fortalecer la capacidad del Estado para garantizar nuestra seguridad nacional y el imperio de la ley en todo el territorio mexicano” (p. 9).

Para ello, Zedillo anunció en el mismo plan la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que integraría al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y al Instituto Nacional contra las Drogas, y se apoyaría en la estructura de las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes, así como en la Procuraduría General de la República y las corporaciones de procuración de justicia estatales, todo bajo el mando del Presidente de la República.

Además, el 30 de octubre de 1995 se aprobó, por parte del Senado, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creándose un Consejo Nacional de Seguridad Pública con la participación de las Fuerzas Armadas y su virtual vinculación con asuntos policiacos (Rico, 1995).

En esta ley, la indefinición del concepto de seguridad pública lo vuelve sinónimo de seguridad interior o seguridad del Estado, lo cual abre las puertas a la participación de las Fuerzas Armadas en la instrumentación de la misma (Turbiville, 1997), dado que la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos los faculta para garantizar la seguridad interior; y el artículo 89, particularmente en sus fracciones VI y VII, que facultan y obligan al Presidente de la República, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas Permanentes para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación (Rosas Pardavell, 1999, pp. 53 y 55).

Así, con esta ley y con este organismo, las fuerzas armadas asumen un nuevo papel en la participación de la toma de decisiones de la vida nacional y refuerzan la actitud autoritaria del Estado mexicano. Y es que, como bien apunta el experto en derecho penal Serafín Ortiz (1998):

“A lo largo de los doscientos años transcurridos de la modernidad, esta concepción (la de que la seguridad jurídica y pública están puestas al servicio de los ciudadanos) se ha venido distorsionando; lamentablemente ahora se entiende que la seguridad pública implica la seguridad del Estado y no de los gobernados; concretamente: el fin de seguridad jurídica (a través del derecho) es para los gobernados y la función de seguridad pública es la seguridad estatal, o bien, la autoconstatación del Estado.

Aunque como justificación de la seguridad pública se expongan otras finalidades. (...) la seguridad

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