Fortalecimiento de la seguridad nacional de la república bolivariana de venezuela

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MISION “SUCRE”

ALDEA UNIVERSITARIA “MARTIN J. SANABRIA”

PROGRAMA DE FORMACION DE GRADO ESTUDIOS JURIDICOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ORIENTACIÓN A LOS HABITANTES DE LA TERCERA ETAPA DE LA URBANIZACIÓN FUNDACIÓN MENDOZA, PARROQUIA MIGUEL PENA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO; EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO

VALENCIA, JUNIO 2011

NOMINA DE ESTUDIANTES

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURIDICOS (PFGEJ)

TRAYECTO: IV SEMESTRE: 9º SECCIÓN: “A”

Nº CÉDULA NOMBRES APELLIDOS

1. V – 4.458.637 IVO MANUEL AMARO

2. V – 4.464.909 MARÍA CARLINA BARAZARTE

3. V – 6.022.223 PABLO JOSÉ CHARMELO VALERA

4. V – 7.348.514 RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CASTRO

5. V – 8.671.181 JOSE BONIFACIO MONTENEGRO PEROZA

6. V – 9.441.905 MIRNA JOSEFINA TORREALBA PEROZO

7. V – 9.446.029 JULIO CESAR ARAUJO FIGUEIRA

8. V – 9.447.561 JUAN CARLOS MONTENEGRO AGREDA

9. V – 9.825.995 DEYSI ZULEYKA ASCANIO BRITO

10. V – 10.110.364 WILLIAM HERNAN PRADA GONZALEZ

11. V – 10.228.453 YELITZA MINUT CAFFRONI RUIZ

12. V – 10.365.008 LEONZO DAVID ALVAREZ

13. V – 10.558.693 JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ

14. V – 11.351.047 JOSE ANTONIO CARRERA LOAIZA

15. V – 12.044.226 GONZALO DE JESUS ARANDIA ZAMBRANO

16 V – 12.313.519 MARIBEL CAROLINA FLORES LUCENA

17 V – 12.430.339 JAVIER RAMON SEQUERA GUTIERREZ

18 V – 12.993.008 AMERICO ANTONIO ESTRADA APONTE

19 V – 13.754.180 NELSON ELOY TOVAR VEGA

20 V – 13.962.856 HENRY ANTONIO VILLALOBOS

21 V – 14.112.947 LUZ DALLANA SANCHEZ REINOSA

22 V – 16.470.509 VIRGINIA RAMONA NAVA SEGUERÍ

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En estos tiempos de cambios, en el ámbito nacional e internacional se observan interesantes transformaciones con especial atención en las sociedades cuyas comunidades participan de manera protagónica en sus destinos desenvuelta en un ambiente interactuante de valores y creencias en procura del bienestar colectivo y donde la información y la comunicación alternativas han sido determinantes para el impulso de estos procesos muy a pesar de las manipulaciones mediáticas indiferentes a las circunstancias históricas, fundamentalmente al fenómeno de la participación popular en su actuación en las políticas públicas.

Dentro de este contexto, la información y la comunicación constituye entre otros uno de los ejes del debate político latinoamericano donde los medios de comunicación masivo deben desarrollar políticas que impliquen compromiso con las comunidades en función del control de la seguridad a cargo de los gobiernos nacionales y estadales mediante las fuerzas policiales atendiendo los nuevos paradigmas que impulsan la relación policía y la comunidad cuya función policial implica el compromiso con la comunidad.

Ahora bien, el delito es una consecuencia de la convivencia social donde se infringen normas legales. Se estudia desde el punto de vista de su práctica y su ubicación dentro de la legislación que los prevé; con referencia a las circunstancias que inciden en su existencia y comisión, los factores que fomentan el delito son la recompensa que se obtiene, la ocasión u oportunidad y la desocupación, áun cuando la Policía tiene como misión garantizar la tranquilidad, protección de los ciudadanos y sus propiedades, aplicando medidas de prevención, información y apoyo para mantener las relaciones establecidas con la comunidad, siendo necesario involucrarla en actividades de prevención del delito.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece en su artículo 322 lo siguiente:

“La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.”

En cuanto a la prevención del delito, ha estado asociado a criterios de peligrosidad y eficientismo, en su mayoría, concentrado en estrategias postdelictum a través de leyes, penas, policía, cárcel, estrategias propias de una prevención reactiva, es evidente que cuando se intenta actuar antes de que ocurra el hecho delictivo, se desarrollan mayoritariamente tácticas de prevención/control situacional a través del despliegue policial y militar, que a pesar de lograr disminuir la sensación de inseguridad en algunas oportunidades, no logran más que actuar sobre los síntomas, sin enfrentar el fondo del asunto que se pretende resolver.

En este sentido, la seguridad ciudadana, es una función del Estado que se ejerce en los ámbitos Nacional y la República Bolivariana de Venezuela, responsabiliza al Ejecutivo Nacional de la organización de un Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, quienes regulan las competencias estadales y municipales, en lo concerniente a la actividad policial. De allí, que el estado se convierte en garante de la seguridad de los miembros de la comunidad crea la policía, con la misión de prevenir actos delictivos, de desorden, controlando los actos acontezcan y colaborando en catástrofes y emergencias públicas.

En Venezuela, actualmente existe la apertura de la nueva ley y plan de Policía Nacional, generando esto grandes inquietudes en todos los organismos policiales del país, en cuanto a como va a funcionar el mismo, a tal caso se hace necesario ingeniar estrategias con la finalidad de preparar a los funcionarios tanto personal como profesionalmente, esto con el propósito de optimizar el servicio a la comunidad y el buen orden social.

Dentro de este contexto, es importante analizar porque el funcionario debe participar en la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Entendiendo que el servicio de policía es el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía en todos sus niveles, conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional y los que sean dictados por el Órgano Rector, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley.

En efecto la preocupación demostrada por el Estado por erradicar diversas causas y condiciones generadoras de delitos y de otras manifestaciones de conducta delictuales, se expresan de forma clara y palpable en la implementación de un conjunto de políticas y misiones sociales aplicadas en estos últimos tiempos. De allí, que la Carta Magna, protege los derechos humanos, civiles, las acciones militares y sobre todo, como debe ser la participación de lo ciudadanos en la vida política del país.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede analizar cuáles son las políticas públicas que en estas materias, están intrínsecas dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por el preámbulo de la misma, el cual estipula que es el pueblo de Venezuela, quien refundará la República, a fin de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica.

Ahora bien, en el Sector III de la Urb. Fundación Mendoza, Valencia Estado Carabobo se observa reiteradamente el incremento de diversos delitos que ha contribuido a que estos hechos se repitan constantemente. De allí, que existe la necesidad de diagnosticar la situación actual en varios ejes entre estos la violencia estudiantil, robo a transporte público, la participación funcionario policial y las necesidades de un plan preventivo de seguridad.

Es importante destacar, que el aumento de los delitos diversos en la zona se han convertido en una amenaza constante donde agreden a los dueños de comercios, ciudadanos comunes y entre ellos mismo (bullying' o acoso escolar), un fenómeno que en los últimos meses ha encendido las alarmas sobre la convivencia en colegios e institutos.

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De acuerdo a información suministrada por la Comandancia de Policía de Valencia, la delincuencia juvenil en la zona para el año 2010 se encontraba con 5 casos a la orden de Fiscalia por robo con armas, lo que va del año 2010, se encuentran en esta situación 25 adolescentes, lo que indica que el índice se incrementó en un 460%, situación realmente alarmante para la comunidad y los cuerpos de seguridad ciudadana.

En otro orden de ideas, se puede acotar que en muchas ocasiones la comunidad en base a las nuevas exigencias espera el servicio de un funcionario altamente capacitado, con grandes desarrollos profesionales, capaz en todas las circunstancias de solucionar problemas seguridad social en el momento justo y oportuno. El funcionario integrado a la comunidad debe prestar amplia colaboración en el ámbito social y educativo (cultura

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