Contra Toda Historia Oficial

Contra toda historia oficial

La creación de un instituto estatal, destinado a imponer una corriente específica en contra de otras existentes, representa un retroceso, un paso hacia la reinstalación de una -ahora sí- historia oficial.

Por: Hilda Sábato

La creación del Instituto de Revisionismo Histórico ha despertado reacciones críticas y generado debate público. Entre las primeras, está circulando una carta abierta firmada por 290 historiadores e intelectuales y una declaración de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, que manifiestan su preocupación por la medida y los motivos que la fundan. Se han publicado, además, notas y reportajes en el mismo sentido. También se dieron a conocer expresiones favorables a esa creación, formuladas por el director del Instituto, Pacho O'Donnell, varios de los miembros designados para integrarlo y algunos intelectuales.

La discusión ha girado en torno a diversos puntos, pero aquí me interesa centrarme en un aspecto clave del decreto, presente -además- en las declaraciones de O'Donnell y en los discursos de la presidenta. La creación del Instituto se fundamenta en la necesidad de contrarrestar la llamada "historia oficial", que habría relegado o tergiversado el lugar ocupado en nuestra historia por un conjunto de "exponentes del ideario nacional, popular, federalista e iberoamericano", como San Martín, Quiroga, Rosas, Varela, Yrigoyen y Perón, entre otros. Frente a esta presunta operación de ocultamiento de una historia oficial "escrita por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX", el instituto tiene por objeto reivindicar esas figuras a través de una corriente particular: el revisionismo histórico.

El problema de esta argumentación es que ignora o menosprecia uno de los logros culturales más importantes de las últimas décadas en democracia: el Estado argentino ya no promueve una visión única de la historia y, acorde con el pluralismo propio de las sociedades democráticas, hoy circulan interpretaciones diversas sobre el pasado nacional. La hegemonía de la historia liberal de finales del siglo XIX y principios del XX ha quedado muy atrás, como también aquellas variantes o alternativas que se buscaron imponer más tarde desde el aparato estatal, con particular virulencia durante los gobiernos militares. Desde la caída de la última dictadura, el Estado dejó de privilegiar una versión del pasado sobre otras, como lo evidencian las políticas públicas de investigación y de educación.

En el primer caso, a partir de 1984, las universidades nacionales recuperaron su autonomía, y el CONICET, su pluralidad. Desde entonces hasta hoy la investigación y la enseñanza superior se han desarrollado con total libertad, dentro de los marcos propios de instituciones dedicadas a la promoción del conocimiento. Cientos de historiadores se dedican a explorar el pasado utilizando diferentes enfoques y perspectivas y a difundir los resultados de sus trabajos. Y por cierto, todas las figuras mencionadas por el decreto han merecido atención y estudio, y existen numerosas publicaciones que refieren a ellas.

En cuanto al plano educativo, el Estado ya no tiene el monopolio sobre qué y cómo enseñar. Por un lado, la educación primaria y secundaria ha quedado en manos de las provincias, lo que desde el vamos implica una diversidad de políticas educativas apenas sujetas a algunas pautas nacionales compartidas. Por otro lado, en el campo de la historia, los vetustos manuales dedicados a predicar una perspectiva única han quedado totalmente marginados frente a la multiplicidad de libros de texto producidos en un mercado editorial fragmentado y al acceso a otro tipo de materiales que docentes y alumnos conocen y utilizan en sus clases.

No hay, pues, una "historia oficial" vigente. El Estado no

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