LA VIOLENCIA EN GUATEMALA

INTRODUCCIÓN

Una de las principales demandas de la sociedad guatemalteca es la seguridad.

La ciudadanía se siente insegura por el aumento de la actividad criminal, y debido a la percepción de que el Estado no ha asumido su función de velar por el bienestar colectivo, ya sea por la falta de recursos humanos y económicos, o bien por carecer de una visión estratégica de largo plazo que le permita coordinar los esfuerzos institucionales encaminados hacia ese fin.

El Estado guatemalteco para enfrentar exitosamente la desestructuración e

Ingobernabilidad que priva actualmente en nuestra sociedad, derivadas del crimen organizado y de la delincuencia común, deberá plantearse la urgente necesidad de elaborar una política de seguridad ciudadana que implemente un sistema nacional de seguridad que aborde esta problemática y colabore a devolver a la sociedad la credibilidad hacia sus instituciones.

El siguiente trabajo propone una perspectiva teórica y la orientación práctica que permita determinar los elementos fundamentales para proponer los elementos integrantes de un sistema nacional de seguridad ciudadana que permita analizar la magnitud de la violencia, sus orígenes, sus efectos y las acciones concretas que debe implementar el Estado para combatir la delincuencia en el país.

El Estado de Guatemala y la violencia

Guatemala tiene una historia violenta, y esta violencia estructural y de la guerra

Se ha dirigido de manera tradicional sobre todo contra las mujeres y la población indígena. En ambas situaciones, el Estado guatemalteco se ha encargado de eliminar

dicha violencia; sea por normas jurídicas o bien por acciones militares y las distintas

formas del funcionamiento de sus instituciones.

La gran mayoría de la población no cuenta con el acceso a las estructuras

gubernamentales ni tiene confianza en ellas. La violencia ejercida para combatir la

guerrilla y para alcanzar el control total sobre los pueblos indígenas, no sirvió para

hacer más fuerte al Estado. Los acontecimientos desde la firma de la paz provocan

grandes desilusiones, y el Estado continúa con ello perdiendo credibilidad.

Guatemala se encuentra castigada por la pobreza, habiendo sido su población

arrasada por una guerra civil que duró treinta y seis años y dejó un tendal de casi

doscientos mil muertos y cincuenta mil desparecidos; lo cual es una herida que hasta el día de hoy permanece latente en numerosas familias guatemaltecas.

Durante el año dos mil, cuatro años después de la firma de los Acuerdos de Paz,

los cuales pusieron fin al enfrentamiento del ejército y a la guerrilla, el Estado

guatemalteco aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su

responsabilidad institucional en relación a las víctimas. Dicho intento por la

dignificación de la memoria de los muertos y de sus sobrevivientes, así como de

sancionar a los responsables; no ha contado con el apoyo del sistema de justicia de

Guatemala.

Cuando se discuten asuntos relacionados con la violencia estatal, de guerras

civiles, violaciones a los derechos humanos o mecanismos de reconciliación histórica;

Guatemala es uno de los países mencionados. Las cuestiones de violencia estructural son de significativa importancia en un país de elevada heterogeneidad étnica que en un territorio de 108,889 km2 alberga más de once millones de habitantes que hablan veintitrés idiomas, y con una de las más injustas distribuciones de bienes de la región.

El Estado poscolonial de Guatemala ha conservado la mayoría de estructuras

coloniales, el poder se encuentra concentrado en pocas manos ya sean estas blancas o mestizas, y gran parte de la población se encuentra excluida de los procesos en la toma de decisiones a nivel nacional.

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo número 5

regula lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a

acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco

podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen

infracción a la misma!

Estructura de la violencia

La pobreza y mala nutrición son bastante visibles en la sociedad guatemalteca y

concentrados en el altiplano indígena, así como también en las áreas marginales. La

distribución de la tierra en Guatemala es la más injusta del continente americano. La

pobreza se encuentra ligada de manera bien estrecha a la falta de acceso al sistema

educativo nacional.

Los grupos sociales mayormente lesionados por la falta de alimentación,

pobreza, inexistencia de acceso a la educación, a los servicios de salud son los

indígenas y las mujeres. Las mujeres indígenas por lo general son doblemente

discriminadas por ser mujeres e indígenas.

En la mayoría de las ocasiones, a la doble discriminación existente se agrega la

discriminación por no contar con los recursos económicos suficientes.

“Hasta hoy en día, la mayor parte del poder político y de los recursos económicos

están concentrados en manos de pocas familias de descendencia española. Estas

estructuras sociales impiden a los miembros de grupos mayoritarios desarrollar sus

capacidades y participar en la toma de decisiones políticas y económicas que afectan a toda la sociedad guatemalteca”.

Violencia durante la guerra

Desde los años sesenta del siglo veinte se formaron diversos grupos armados en

contra de las dictaduras militares que se encontraban apoyadas por los Estados Unidos de América.

A finales de los años setenta se fueron agudizando los enfrentamientos. Dicha

guerra tuvo una duración de tres décadas y culminó con la firma de la paz el veintinueve de diciembre del año 1996. Los adultos del altiplano tienen recuerdos de aldeas arrasadas, de cadáveres con señas de tortura y de matanzas. La violencia llegó a alcanzar su punto culminante durante el gobierno de Ríos Montt durante los años de 1982 y 1983 cuando el ejército destruyó, según su propia fuente a cuatrocientas cuarenta aldeas indígenas. “Durante las tres décadas de enfrentamientos armados, más de doscientas mil personas murieron por causas violentas y hubo seiscientas cincuenta y ocho masacres, de ellas seiscientas veintiséis cometidas por parte del ejército y las fuerzas paramilitares. El ochenta y tres por ciento de las víctimas de la guerra fueron mayas. El sistema de las Patrullas de la Autodefensa Civil obligó a todos los hombres adultos en aldeas del altiplano a servir en las patrullas para denunciar cualquier acto subversivo”. Todas las atrocidades y muertes formaron parte de la política de la tierra arrasada cuyo objetivo era matar a la población civil que podía ofrecerle algún tipo de apoyo a la guerrilla. Los sobrevivientes fueron obligados a vivir en las denominadas aldeas modelo, que eran comunidades construidas artificialmente bajo el debido control del ejército. La mayor parte de las matanzas y de las atrocidades fueron cometidas por entidades estatales y por el ejército. Dichos acontecimientos anotados se han documentado en obras tanto literarias como científicas. Con la firma de la paz se abrió el espacio para que la sociedad guatemalteca reconociera dicha etapa violenta de la historia del país. Después de una extensa documentación por parte de la iglesia católica también la Comisión para el Esclarecimiento Histórico publicó los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. En ambos informes se refiere a la violencia estructural como una de los motivos de la guerra.

Violencia en tiempos de paz

La perspectiva de una posible firma de paz cambió la atmósfera en Guatemala.

Desde el año 1995 los acontecimientos armados se consideraron como actos de

tiempos históricos, y se escucho hablar sobre perspectivas optimistas relativas sobre el

futuro.

Por una parte, muchos excombatientes, sin educación profesional civil, no

cuentan con perspectivas en el mercado laboral, pero sí cuentan con todos los

conocimientos para la utilización de armas y además tienen buenos contactos tanto con

la policía como con el ejército.Es bien común la impunidad, y después de una bien corta interrupción nuevamente se observan amenazas. El veintiséis de abril del año 1998, el obispo Juan José Gerardi, responsable del informe de la iglesia católica relativo a las violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fue asesinado bajo circunstancias hasta el día de hoy no aclaradas.

Se reportan frecuentemente amenazas a personas que han sufrido de persecuciones políticas durante los años de la guerra, así como también asesinatos de activistas de derechos humanos y de derechos indígenas. Debido al alto índice de posesión de armas y de homicidios en Guatemala, es bien difícil distinguir entre asesinatos comunes y asesinatos políticos.

Debido a los Acuerdos de Paz,

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