EL COSTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA E GUATEMALA

EL COSTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN GUATEMALA

INTRODUCCIÓN

La inseguridad y la violencia, son factores determinantes que atentan con la calidad de vida de los ciudadanos, y además deterioran las oportunidades de generar niveles adecuados de desarrollo humano. Según estudios que datan del año 2012, el costo de la violencia en el país, se registró con alarmantes cifras de 6,730 millones de dólares lo que equivale al 8% del PIB, afectando indiscutiblemente al sector público y privado.

Durante las últimas décadas, el país ha transitado una situación de conflicto armado orientado a un proceso de consolidación y desarrollo. A esto viene ligado también la firma de los acuerdos de paz los cuales establecieron lineamientos claros para la trasformación económica y social que dieron orígenes a dicho conflicto. Hoy en día los lineamientos siguen vigentes para asegurar un estado democrático y disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos.

El reto para el estado ahora es generar mayores condiciones de seguridad y no violencia para los ciudadanos, siendo un factor fundamental para asegurar la convivencia pacífica anhelada en estos Acuerdos de Paz.

En el ámbito de la seguridad pública, se han llevado a cabo importantes avances, por medio de la trasferencia de funciones y responsabilidades desde las autoridades que conforman el sector de los militares, hasta las instituciones de carácter civil.

A pesar de la disminución de la violencia política, el estado actualmente no garantiza la seguridad de sus habitantes, más bien esta ha sido acompañada por un aumento de la violencia común y organizada, cuestionando las garantías de los ciudadanos al no tener una mejor y mayor vida.

En Guatemala, la violencia delictiva ha sido un fenómeno que se ha incrementado paulatinamente, por lo que las situaciones de violencia e inseguridad, ponen en riesgo la consolidación de la gobernabilidad de la democrática, y limitan seriamente la posibilidad de desarrollo sostenido. El tema de la violencia e inseguridad, son fenómenos que impactan la sociedad guatemalteca, en términos de pérdida de vidas humanas, mermando la posibilidad de poder vivir en una atmosfera de paz y tranquilidad.

La violencia e inseguridad impactan grandemente en altos costos de carácter económico, que disminuyen las capacidades del país para aminorar los altos niveles que se registran de pobreza que es una realizada en gran porcentaje de la población. La inseguridad que se vive en el país, impide el derecho a vivir en paz.

Cada año la violencia, cobra a nuestra sociedad altas sumas de dinero y recursos en materia de salud, pérdida de capital, costos de índole legal, ausentismo laboral, entre otros.

Este problema que afronta la sociedad es indiscutiblemente, un obstáculo para el desarrollo humano. Es urgente el establecimiento de una política de seguridad para la ciudadanía que implique una estrategia de desarrollo económico y social en las cuales, las medidas de prevención y rehabilitación, sean una prioridad preponderante, relacionadas con las políticas de empleo productivo, seguridad alimentaria, accedo indiscriminado a las oportunidades de educación y capacitación,

A. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD

La violencia e inseguridad, son actividades relacionadas con el crimen que exponen a la población a numerosas violaciones, de los derechos civiles y humanos. Entre estas actividades se pueden presentar ejecuciones extra judiciales, torturas, malos tratos, desapariciones, violencia contra la mujer, detención arbitraria.

B. HISTORIA

Los problemas de violencia e inseguridad ciudadana que enfrenta la población guatemalteca, tienen sus orígenes en un marco de referencia meramente coyuntural, es decir que las explicaciones a lo que sucede, no pueden estar basadas en supuestos planes de desestabilización, encabezados por el crimen organizado.

El inicio de esta situación, se remonta a los orígenes del conflicto armado el cual dejo una grave secuela en la sociedad guatemalteca. Por un lado la guerrilla quería acabar con el estado oligárquico autoritario el cual se creó por la alianza entre militares, y agro exportadores. Estas agrupaciones querían imponer un nuevo estado, autoritario y de partido único dirigido entre comillas por el proletariado.

Este conflicto armado, fue también de carácter ideológico junto con la izquierda radical de aquel entonces, debilito en gran manera a su enemigo de clase y al mismo estado.

Luego del conflicto, en donde perecieron miles de civiles y militares, de firmaron los acuerdos de paz, los cuales obligaron al ejército a abandonar el conflicto junto con la guerrilla izquierdista.

Paulatinamente la ventaja del Estado se ha visto mermada en su legitimidad de hacer uso de la fuerza, ya que ciertamente los abusos del Estado en contra de la población civil durante el conflicto armado justifican los temores de las personas activistas pro derechos humanos, y son evidencia a favor de los argumentos sobre poner límites al Estado para proteger a los individuos guatemaltecos.

A raíz de la problemática actual, es necesario fortalecer al Estado, por lo que se debe de reivindicar institucionalmente a sus agentes y proveerles de los recursos que sean necesarios para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. Al abordar esta problemática, no se puede negar que el origen se encuentra vinculado íntimamente a la exclusión e inequidad económica y social de Guatemala.

Día a día alcanzar la erradicación de estos flagelos que aturden la paz de los ciudadanos, es un reto posible y alcanzable, mediante el compromiso de todos los que desean construir principios equitativos y firmes que garanticen la paz y la seguridad.

En definitiva, la violencia política desencadenó los problemas sociales que se viven en la actualidad, generando un impacto negativo en la sociedad guatemalteca imperando por más de tres décadas.

A pesar del impacto económico que genera la violencia e inseguridad en el país, el Estado guatemalteco destina pocos recursos para ese rubro.

Es innegable una política de seguridad ciudadana de corte democrático y con los recursos necesarios de carácter público, para hacerla efectiva, por lo que es de suma importancia que cada ciudadano se comprometa con la problemática, para atacarla como un tema colectivo y no solo de resguardo y de preocupación individual.

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