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AJUSTES INSTITUCIONALES REQUERIDOS PARA EL ACUERDO DE PAZ


Enviado por   •  26 de Agosto de 2014  •  4.160 Palabras (17 Páginas)  •  199 Visitas

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En el presten escrito hablaremos sobre las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz que El Gobierno Nacional revisará. Es precisamente este tema del cambio en el orden institucional el que se debate y ocasiona múltiples preguntas: ¿Está Colombia preparada para realizar los ajustes normativos e institucionales que se requieren para el acuerdo de paz? ¿Cómo podrá el gobierno de turno de los diálogos y el gobierno del pos-conflicto direccionar ese ajuste institucional en la búsqueda de la construcción de la paz y no en el beneficio de intereses individuales como sucedió con la carta política de 1991?.

Pero antes de empezar a hablar sobre estos ajustes tenemos que tener en cuente que Colombia es un país que ha, sido afectado por la violencia ocasionada por la guerrilla, por grupos para-militares y por el narcotráfico sobre todo en la época de los 80 , pero a pesar de esto surgió la constituyente de 1991 con el objetivo de alcanzar la paz, el presidente César Gaviria así lo manifestó, “no debemos olvidar que este proceso fue el resultado de una actitud creciente de repudio a la violencia. Que los colombianos hayamos escogido recorrer un camino pacífico para la transformación es también un categórico rechazo a las vías violentas” lo cual dio un poco de esperanza y mostro un poco de luz en el camino hacia la paz.

La Constitución de 1991 intentó renovar y reforzar tres áreas básicas del orden político:

1. La legitimidad de la democracia y la credibilidad ciudadana en el sistema de representación política.

2. La capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la guerrilla y la violencia.

3. La capacidad del Estado para satisfacer las necesidades sociales y económicas de la población.

el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; Que de acuerdo al artículo 188 de la Constitución Política, el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Una paz estable y duradera.

La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción; El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse; El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso.

El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país; Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz; Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar este proceso:

Hemos acordado:

I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera.

II. Establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente (un mes después del anuncio público) en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. La mesa podrá hacer reuniones en otros países.

III. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

IV. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros.

V. La siguiente agenda:

1. Política de desarrollo agrario integral

- El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.

- Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

- Programas de desarrollo con enfoque territorial.

- Infraestructura y adecuación de tierras.

- Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

- Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

- Sistema de seguridad alimentaria.

2. Participación política

- Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

- Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

- Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

3. Fin del conflicto

Proceso integral y simultáneo que implica:

- Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.

- Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses.

- El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

- En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular

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