Argentina 1989-2001

Primera presidencia (1989-1995)

Carlos Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989, tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín. Fue por entonces la primera sucesión presidencial entre dos presidentes constitucionales desde 1928, y la primera desde 1916 entre presidentes de diferentes partidos políticos.

El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. El gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.

En 1990 Argentina recibió la visita del entonces Presidente George Bush, con quien Menem se comprometió a fortalecer la agenda de liberalización del comercio. Fragmento de la conferencia de prensa conjunta en la Casa Rosada.

Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El ministro de economía de entonces, Erman González, apeló al Plan Bonex: confiscó los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Asimismo, restringió fuertemente la emisión monetaria.

Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso (moneda de Argentina). De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.

Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Ese aumento estuvo fraccionado por el incremento del sector servicios, mientras que el PBI industrial se contraía y la economía argentina se privatizaba. La estabilidad económica fue entonces, sólo aparente, ya que disminuía la capacidad de la economía de emplear mano de obra y cerraban incontables establecimientos industriales. Durante su gobierno la deuda externa pública se multiplicó desde los 45.000 millones que había dejado el gobierno de Alfonsín, hasta finalmente llegar en el 2000 a 145.000 millones.2 En los servicios públicos las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunas rubros (electricidad, telefonía), mientras que en otros el impacto fue negativo (transportes ferroviarios), este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia ocurrido puntualmente el 10 de marzo de 1993. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la devaluación, desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios. Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo.

Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 y 8,6% de la población económicamente activa, respectivamente). Luego de un período de lenta disminución (6,9 y 8,3% en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4% y 13,6% en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral.

En política exterior, desde el inicio mismo de su mandato se promovió un alineamiento automático hacia los Estados Unidos, con lo cual la Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados. El ministro Guido Di Tella se refirió a dicho alineamiento en forma humorística como "Relaciones carnales", pero más adelante el término sería tomado por los críticos de dicha política internacional para referirse a ésta en forma denigratoria.

Poco después de la implementación del Plan Bonex tuvo lugar el Swiftgate, en el cual la empresa estadounidense Swift denunció verse perjudicada en una operación comercial al no aceptar otorgar un soborno. Swift recurrió al embajador de los Estados Unidos, Terence Todman, y el propio gobierno estadounidense tomó cartas en el asunto. Finalmente, a principios de 1991 renunció todo el gabinete menemista. Fue durante dicho escándalo que José Luis Manzano pronunció su célebre frase "Yo robo para la corona".

En otros planos, en 1991 promovió la formación del Mercosur y restableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, interrumpidas desde la Guerra de Malvinas. Suspendió el servicio militar obligatorio tras el escándalo consecuencia del Caso Carrasco. Indultó a militares de la anterior dictadura (1976-1983) y a militantes de organizaciones terroristas que habían actuado principalmente durante la década del setenta.

Durante su gobierno, se modificó por ley del Congreso el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, elevándolo a nueve miembros. Parte de la prensa denominó a esta corte ampliada la mayoría automática, aduciendo que en la mayor parte de los casos polémicos los votos de estos

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