Consitucion Politica Derechos Humanos

HISTORIA

En 1987, bajo la presidencia de Virgilio Barco, se abrió la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República con el nombre de "Consejería para la Defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos" mediante el Decreto Presidencial 2111 del mismo año. La apertura de esta oficina marcó un hito en el tratamiento público y político del tema de los derechos humanos en Colombia. Hasta ese momento esta materia de capital importancia para toda democracia, era vista con prevención, de una manera defensiva, y se presentaba poca proactividad en las políticas públicas relacionadas con ella. Desde ese entonces la máxima instancia del poder público en Colombia, es decir, la Presidencia de la República ha gestionado políticas en este tema, las cuales han rendido frutos en el mejoramiento de la vigencia de los derechos humanos en Colombia en medio de las violencias crecientes que han azotado al país durante estos años.

El primer Consejero Presidencial fue el historiador Álvaro Tirado Mejía, quien asumió el reto de darle forma institucional a la Oficina de Derechos Humanos como polo generador de políticas en derechos humanos hacía diversas instituciones de la estructura estatal y diversos sectores de la sociedad colombiana. Con esto se inició el cambio de percepción sobre el tema en los funcionarios públicos y en las instancias de decisión del Estado colombiano. Con este objetivo se creó la primera Comisión de Derechos Humanos con presencia de los ministerios y organismos de control. También se realizó una intensa labor pedagógica que avanzó hasta el año de 1995, dirigida, sobre todo, a los personeros municipales y a la Fuerza Pública a lo largo y ancho del país. El equipo de la Consejería contribuyó a los trabajos preparatorios para la Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo temas que hoy son realidad en la Constitución del 91, en efecto, se hizo un primer diseño de Defensoría del Pueblo y una primera redacción de la Carta de Derechos. En este período se promovió una nueva presencia del Estado colombiano en los escenarios internacionales de examen y de debate sobre el tema de los derechos humanos para promover, desde allí, políticas a nivel interno.

Emilio Aljure Nasser fue el llamado a ejercer las funciones de Consejero hasta el final del gobierno en 1990. Durante este período la Consejería continuó con los programas que venían en curso y se inició el montaje de la red de informática que permitiera el flujo de información sobre casos de violaciones a los derechos humanos entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y los Ministerios de Justicia, Defensa y la Presidencia de la República.

Durante la primera etapa del gobierno de César Gaviria Trujillo, hasta enero de 1993, actuó como consejero, el también historiador, Jorge Orlando Melo. Su gestión guardó, también, continuidad con la administración anterior en temas como la educación en derechos humanos; la campaña pedagógica se extendió a muchos sectores de la sociedad civil y a la escuela formal con el apoyo de la embajada de los Países Bajos. Se realizó un diseño para identificación de N.Ns. y desaparecidos en coordinación interinstitucional con la antigua Dirección Nacional de Instrucción Criminal, la naciente Fiscalía General de la Nación y organizaciones no gubernamentales. Para responder a las demandas de protección, se organizó en centro de quejas y prevención de incidentes violatorios de los derechos humanos, el cual realizó las primeras experiencias de protección a defensores de derechos humanos y activistas sociales amenazados. Ante la relevancia que la problemática del desplazamiento fue adquiriendo, se tomaron las primeras medidas para brindar apoyo y asistencia a esta población víctima del conflicto armado. Ya aprobada y puesta en vigencia la nueva Constitución, la Consejería trabajó en los proyectos de ley que pusieron en funcionamiento la Defensoría del Pueblo y otros instrumentos de desarrollo legal de la nueva carta política. A nivel de agenda legislativa se destaca en este período la aprobación del Protocolo II a los Convenios de Ginebra.

En la última etapa de gobierno Gaviria y hasta 1997 en el siguiente gobierno de Ernesto Samper, ejerció como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux, quién venía de una activa labor ciudadana alrededor de la expedición de la nueva Constitución Política. De la misma manera que en las gestiones anteriores se dieron importantes continuidades e innovaciones. Con el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo el Centro de quejas y prevención, cedió su paso al Área de Casos, la cual se especializó en el seguimiento e impulso a los casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos tanto en las diversas instancias internas como ante los organismos internacionales de derechos humanos. La labor pedagógica también fue traspasada a la Defensoría quién quedó encargada de tal función de acuerdo en las nuevas normas constitucionales puestas en vigencia, sin embargo el trabajo educativo centrado en la educación formal continuó hasta la expedición de la Ley General de Educación, en la cual el equipo pedagógico de la Consejería hizo un importante aporte. Un área de movilización y promoción de los derechos humanos, continúo con el trabajo de acercamiento a las regiones y a los movimientos sociales. Se creó una oficina y un equipo especializado en el diseño e impulso de políticas.

Ante el vacío institucional para la atención de la población desplazada se creó y asignaron recursos a un equipo, quienes iniciaron las primeras experiencias de atención a dicha población, labor que más tarde fue asumida por la Red de Solidaridad Social. Durante este período se aprobó la Ley para el reconocimiento de indemnizaciones por decisiones de organismos internacionales de derechos humanos.

Sonia Eljach, antes Directora de Asuntos Especiales de Cancillería, asumió el Cargo de Consejera Presidencial en etapa final de Samper Pizano. Se mantuvieron la estructura y las funciones de las distintas oficinas de la Consejería. Tres gestiones se pueden destacar de este período: la reactivación de la agenda legislativa con los proyectos de ley del nuevo Código Penal Militar, el proyecto de ley sobre la Desaparición Forzada de Personas, y el proyecto de ley sobre el desplazamiento de personas, este último salió aprobado durante este periodo; también se firmó el convenio de establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos de las Naciones en Colombia; y se puso en marcha, con cooperación de las Naciones Unidas, de un proyecto técnico de evaluación y diseño curricular de derechos humanos para las escuelas de formación de toda la Fuerza Pública.

Al iniciarse la administración de Andrés

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