EL PECULADO

EL PECULADO

Grave problema social, ligado a la Economía y a la Política, es el del peculado en Venezuela. Tal como aparece tipificado en algunas legislaciones, el delito de peculado tiene siempre como sujeto activo al funcionario público, y consiste en la sustracción de bienes del Estado por parte de quienes en virtud de sus funciones debe recaudarlos, cuidarlos o administrarlos.

El código penal venezolano, en su artículo 195, se refiere al peculado así: “Todo funcionario público que sustrajere los dineros u otros objeto muebles de cuya recaudación custodia o administración está encargado en virtud de sus funciones será castigado con presidio de tres a diez años

“Si el perjuicio no es grave, o si fuere enteramente reparado antes de ser sometido a juicio el culpado, se le impondrá prisión de tres a veintiún mes meses”. Este artículo viene sustancialmente igual desde el código de 1897.

Como se observa, en la actualidad se ha operado una reducción y especialización de la figura delictiva. En otra época era está más amplia y comprendía toda clase de adueñamiento de los bienes público; es decir, sustracción de cosas del Estado, quien quiera que fuera su autor. Naturalmente que la calidad de funcionario era agravante, que conducía al aumento de la pena.

“El delito de peculado “peculatus” fue conocido entre los Romanos. La ley Julia sobre “peculatus” castigaba a los ladrones de rentas y cosas públicas, sagradas o religiosas. Si eran magistrado los que durante su administración había sustraído las renta del Estado, sufría la pena de muerte, así como su cómplices y los que los ocultaba y los demás que infringían esa ley eran deportados”

El concepto bolivariano del peculado coincide con este sentido amplio. Se trata, a su juicio, de toda sustracción o percepción indebida de bienes nacionales, de toda malversación en detrimento del Estado. Así considera como facetas complementarias de un mismo problema de políticas económicas, más que de derecho penal estrictamente, a la mal intencionada administración de los fondos nacionales, a la recepción ilícita e injusta de pensiones militares, al retiro indebido de dinero de las cajas del estado, y al tráfico de influencias políticas y administrativas. Esta constelación problemática, en su criterio, es una sola porque una sola es su consecuencia: Inmoralidad y ruina sociales.

El peculado, así entendido, se agudiza en la época colombiana pero sus antecedentes pueden encontrarse en la administración colonial Española, donde se unía a la exigüidad de las rentas la casi absoluta ausencia de Fiscalización. Desde entonces comienza a perfilarse la idea que los fondos público son una suerte de botín al cómodo alcance de sus administradores; y también comienza a tomar cuerpo el concepto, igualmente grave, de que el robo a los particulares. En momento acentuada corrupción ética y política, se llegara a estimar como título de inteligencia, habilidad y dinamismo el burlar las obligaciones impuesta por la ley, y el utilizar la administración publica en provecho personal.

El régimen inestable que nació de la guerra autonómica estímuló al peculado al no poder controlar sus órganos. Entonces era necesaria en los funcionarios de Hacienda una gran solidez moral que los inmunizara contra la tentación de apropiarse los dineros públicos. Resultaba corriente, hasta los comienzo de la república, que aduana y correos pasaran varios años sin rendir cuentas. Era la época en la cual, como decía el acucioso Revenga las atribuciones “desaparecían aún antes de cobradas”.

El saqueo sistemático del erario no tenía barreras; el citado Revenga, en un testimonio imparcial y completo no omite detalles: “Convertidas en lonjas en lonjas de comercia algunas oficinas, era tan notorio el vergonzoso tráfico que en ellas se hacía de las ordenes y pagos, que no entraba a ellas ningún acreedor sino sobrecogido de la deducción que se le propondría para conseguir en reintegro del resto”. En los haberes militares se advertía la misma corrupción y descuido: las pensiones en buena parte eran pagadas a personas enteramente ajenas al ejército, o que solamente en calidad de viajero o para proteger sus propiedades, se ciñeron alguna vez la espada. La vigilancia fiscal era casi enteramente inexistente, o por lo menos negativa o inútil. Los funcionarios pervertidos se las ingeniaban para dar aspecto honorable a su gestión, y para neutralizar los medios legales de inspección. En su informe Revenga se atreve a referencia

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