El autor nos plantea la necesidad que existe entre el “derecho” y el “poder”

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El autor nos plantea la necesidad que existe entre el “derecho” y el “poder”, estableciendo su gran relación ya que no se puede distinguir de forma sencilla si es el poder el que otorga el reconocimiento al derecho por parte de los gobernados, o es el derecho el que le da validez al poder. Se puede inferir que todas las sociedades llegadas a un punto de desarrollo se encuentran con está estrecha relación, aceptando entonces que son dos “caras de la misma moneda”, ya que, según lo hemos mencionado al principio de esta opinión, el primero le da legitimidad al otro, mientras que el derecho no tiene sustento sin un poder que lo sustente.

El detalle está, entonces, en el punto de vista de su estudio, Bobbio hace uso entonces de la comparación entre la teoría política y la jurídica de Max Weber y Hans Kelsen, donde el primero establece el poder de hecho y el poder de derecho mientras que Kelsen se ocupa de la validez de las normas y la eficacia de las mismas.

Ambos, según se explica, llegan a la misma conclusión sobre el poder legítimo que siente la necesidad de ser regulado, mientras que el poder de hecho necesita la fuerza para volverse efectivo. Ya que de esta manera el gobernado sabe de su obligación a obedecer, ya que no es un poder basado en hechos sino apoyado en el derecho. El paso de la validez de la norma a la efectividad de la misma es una relación: entre más legítimo es el poder, más efectiva es la norma.

A esto último se le puede agregar el criterio de continuidad, la posibilidad de que el poder no es eficaz por ser absoluto, sino por su perpetuidad.  Sin embargo, para que la norma sea considerada eficaz, ésta debe ser observada o hecha observar la mayor parte del tiempo, y es de la duración de la eficacia de la norma que aparece el criterio de continuidad, porque si un ordenamiento no tiene la eficacia continúa el poder se ve reducido. Aun así, para Weber el criterio de legitimidad no es anulado por el de continuidad o perpetuidad, ya que es un error considerar que la continuidad y la duración en el ejercicio del poder sean un mero hecho, ni es un hecho la consuetudinariedad como fuente del derecho porque los comportamientos que la constituyen son capaces de producir en la norma jurídica. La continuidad y duración del ejercicio de un poder sobre un determinado territorio no son de igual manera un hecho por la misma razón; constituida por una mirada de comportamientos orientados hacia la obediencia o a la aceptación de las normas emanadas de las diversas autoridades a las que la constitución atribuye el poder de producir normas obligatorias, ellas tienen que ser entendidas según el sentido del comportamiento y las motivaciones que dieron lugar al mismo.

Es decir que la legitimidad y la efectividad son interdependientes, ya que la desobediencia habitual de la norma constituye para el poder o quien lo ostenta, una pérdida de legitimidad, aunque no basta con ello para que pierda el poder o este se convierta en ilegítimo.

El principio de legitimidad justifica la existencia de gobernantes y gobernados, mientras que el de legalidad sirve para distinguir a un buen gobierno de un mal gobierno, aunque ambos se encuentran y se refuerzan mutuamente.

Según Weber, en el estado moderno el poder legítimo está formado del poder racional y legal, es decir que su principio de legitimidad se basa en el ejercicio del poder de conformidad a las leyes establecidas, es decir que existe cuando los gobernados asumen el contenido del mandato de por su propia voluntad, es decir que la legitimidad se basa en la legalidad del ejercicio del poder.

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