Estado de la cuestion

El estudio de la historia reciente ha florecido en los últimos años, arrojando luz sobre distintas problemáticas planteadas por los investigadores que, desde principios de los años 80, concentraron su atención en la investigación del periodo histórico que arranca en 1973 con el retorno del peronismo al gobierno nacional. Tal vez, en este campo de investigación, uno de los ejes temáticos más discutidos haya sido el del accionar del movimiento obrero frente a la última disctadura militar, que se extendió desde 1976 a 1983.

Si algún acuerdo existe entre los investigadores de este tema es que el Proyecto de reorganización nacional basó su accionar en la implantación de un nuevo modelo económico, con predominio del capital financiero y en detrimento de la industria nacional. Esto acompañado del achicamiento del Estado y una nueva política cambiaria, conocida como “bicicleta financiera”. El capital financiero comenzó a ser el eje articulador de la organización económica y social, mientras que la participación de la industria en el conjunto del PBI decreció, dando lugar a un proceso de endeudamiento externo y de reestructuración industrial (concentración de capitales y cierre de miles de establecimientos fabriles). Resulta claro entonces que el nuevo contexto económico generó cambios y transformaciones en el accionar de los trabajadores y en sus organizaciones sindicales.

La implantación de un nuevo modelo económico por parte de la dictadura militar, que irrumpio en el poder el 24 de marzo de 1976, se acompañó de una política represiva  hacia el conjunto de trabajadores, cuyo origen se encontraba en el propio estado. Francisco Delich (1982: 142) ilustro la gravedad de dicha política afirmando:

“Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos, exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos siniestros y horrorosos; se cuentan no por individuos sino por centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones. Se montó un sistema complejo de prevención: el reclutamiento obrero comenzó a hacerse de modo provisional; solamente después de informar a inteligencia de las fuerzas de seguridad y recibida la respuesta de éstos se adquiría una relativa estabilidad en el trabajo. Es obvio que un antecedente como activista impedía el acceso. Este sistema estuvo vigente en las zonas industriales del país por lo menos hasta 1979. La estabilidad en las fábricas dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la clasificación o de la disciplina sino de la adaptación ideológica”.

La descripción anterior constituye en punto de encuentro entre los distintos autores que han abordado la relación entre la disctadura militar y el accionar del movimiento obrero durante el periodo 1976-1983. Dicho de otra forma, existe un acuerdo generalizado entre los investigadores que consiste en la conceptualización de que el “proceso de reorganización nacional implantó un nuevo modelo económico, centrado en el capital financiero, que afectó en el plano económico al conjunto de trabajadores. Esto fue acompañado de una política represiva, cuyo origen es el mismo estado, que alteró las formas organizativas de los trabajadores y su accionar en el plano sindical y político.

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