IUS PUNIENDI

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1. El deber de respeto y garantía de los Derechos Humanos a la Luz del deber de Justicia Penal

Los tratados de derechos humanos tienen el principal objetivo de garantizar un orden comunitario cuya aplicación recae en los individuos. La Corte de Derechos Humanos ha establecido que dichos acuerdos se encuentran enfocados en garantizar  las libertades del ser Humano. Por lo que respecta a la convención Americana de los Derechos Humanos no se enfoca únicamente en el no violar los derechos humanos de un sujeto, también abarca el asegurar su libre y pleno ejercicio de éstos. Siendo los estados los responsables de prevenir, investigar y sancionar todas las violaciones de los derechos y en su caso reparar los daños como resultado de una  violación de los mismos.

Así pues, la Convención Americana, adicionalmente a lo anterior, les obliga a los estados a la adopción de ciertas medidas legislativas necesarias para la correcta ejecución de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es la aplicación de un correcto mecanismo  de aplicación de tales derechos contemplados en nuestro marco legislativo.  Cabe señalar que los Estados cuentan con órganos con la encomienda de ser los garantes del respeto y la correcta aplicación de los Derechos Humanos, es decir cada Estado debe crear un aparato que asegure las condiciones mínimas para que cada individuo de una sociedad pueda acceder a un debido proceso legal. Cuando el Estado no puede garantizar lo anterior recae en actos de impunidad.

1. La impunidad

Se define como la ausencia de derecho y de responsabilidades penales por parte de los violadores de los Derechos Humanos, así como de igual forma la evasión de responsabilidades administrativas que evitan las sanciones y procesos legales, entendido como “no punibilidad”. La impunidad normativa es la que implica una renuncia explicita de parte de los Estados y que tiene su origen en una norma jurídica.

Las leyes de auto amnistía son las excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y su sanción  de los hechores responsables de las violaciones de derechos humanos.

1. La prescripción y otras responsabilidades de responsabilidad penal

La corte nos indica que son admisibles todas las disposiciones de prescripción y las excluyentes de responsabilidad penal que nos pretendan impedir la investigación de delicadas y graves violaciones de derechos humanos

1. Impunidad estructural

La impunidad estructural tiene su nacimiento del conjunto de factores de carácter endógeno y exógeno vinculada al deber de la justicia y que pese a la existencia de un marco jurídico que garantice la correcta aplicación de la ley, el estado adopta conductas omisas y negligentes en cuanto a la investigación de violaciones de los derechos humanos. Los actores exógenos son los que se localizan fuera de lo que se podría determinar cómo ámbito legal o judicial y que se identifica mediante la ausencia de denuncias de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos por temor a represalias.

En cuanto a los factores endógenos son los cuales se encuentran clasificados en el ámbito judicial y se manifiestan mediante el ámbito judicial y su debida investigación por parte de las autoridades competentes. De acuerdo a la convención Americana en su artículo 8 señala que toda persona debe ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial el cualquiera de las ramas del Derecho.

En materia de justicia penal militar no manifiesta que el criterio subjetivo es cuando un sujeto activo de una conducta que se configura en un delito debe ser considerado como una falta militar y que únicamente les corresponde deberes especiales a los miembros de tal milicia. Criterio objetivo es cuando una conducta delictiva que pone el peligro bienes jurídicos, de tal modo no solo debe provenir de los miembros de las fuerzas armadas sino  el poner el riesgo los bienes militares.  El criterio militar

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