La Modernización Económica Y Su Impacto Social En El Porfiriato

LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y SU IMPACTO SOCIAL

El porfiriato se ubica entre 1876 y 1911. El gobierno de Díaz implicó la puesta en marcha de un proyecto capitalista de desarrollo, que trajo consigo la modernización del país.

Con el porfirismo, la economía mexicana entro en la fase capitalista; sus diferentes áreas de producción fueron incorporadas, en mayor o menor medida, al sistema económico de los países industrializados. Sin embargo, debido al particular proceso histórico de México, diferente en sumo grado al de los países desarrollados, tuvo que depender de éstos para integrarse al proceso capitalista de producción, concentrándose de manera predominante en las actividades agroexportadoras, como lo exigían los países imperialistas.

En el marco del surgimiento del imperialismo dominado por las potencias capitalistas, el Estado mexicano buscó atraer el capital extranjero, en dos vertientes. Por un lado, las inversiones estadounidenses e inglesas, interesadas en la minería, la agricultura de exportación y los ferrocarriles, de manera preferente; por otro, la inversión francesa, directamente asociada al mercado interno, aliada a la clase empresarial nacional.

En ambos casos, la introducción de capital extranjero al país implicó la intervención del gobierno, no sólo en el sentido de recurrir a mecanismos que permitieran la estabilidad interna y brindaran seguridad a empresarios y técnicos al exterior, sino en relación más directa con la economía, al proporcionar los medios legales que respaldaran las concesiones para la explotación de los recursos naturales y su comercialización en condiciones de ventaja para los extranjeros.

En México la intervención estatal hubo de favorecer preferentemente a los inversionistas extranjeros, y todas las ramas de la producción que se desarrollaron durante el porfiriato estuvieron sujetas a las necesidades del mercado extranjero. Por esta razón, el crecimiento económico de esa etapa se considera como un crecimiento hacia fuera, en el cual los sectores de producción que alcanzaron el más alto desarrollo. En consecuencia, México se convirtió en un país agroexportador.

Durante el porfiriato se produjo en México un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos.

LAS BASES DEL PROYECTO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

El gobierno de Díaz tomo algunas medidas necesarias para atraer la intervención extranjera: fueron abolidas las antiguas restricciones sobre la inversión foránea y se puso en marcha un conjunto importante de incentivos.

Las bases del proyecto del crecimiento económico de Díaz fueron:

• Inversión extranjera

• Integración de la economía del mercado mundial en calidad de exportadora de materias primas

• Una política agraria basada en el latifundismo de tipo capitalista

La inversión extranjera tenía un papel clave en la estrategia económica del porfiriato, una vez que los capitalistas foráneos creyeron garantizadas sus inversiones, gracias a la paz social y a los incentivos, la inversión llegó al país y se estableció en diversas ramas como: los ferrocarriles, la minería, la banca, la industria, la agricultura y el comercio. Los resultados fueron notables, pues durante el porfiriato el capital extranjero llegó al país en cantidades considerables, contribuyendo así a la llamada “modernización” de la sociedad mexicana de los entonces.

Porfirio Díaz se esforzó para integrar el capital extranjero a la estructura económica del país, involucrarlo en el desarrollo de nuestros recursos naturales y en la explotación de sus riquezas, y con ello, lo convirtió en un elemento muy especial en la vida nacional.

Para poder cubrir los gastos de su gobierno, Díaz obtuvo algunos empréstitos de bancos extranjeros a un alto interés.

Las principales ramas económicas de la sociedad mexicana en el porfiriato se dividen en tres grandes sectores:

Sector primario

• Agricultura: Políticas agrarias. En 1881 el gobierno promulgo una serie de leyes por medio de las cuales ponía a disposición de compradores privados, y a precias muy bajos, las tierras consideradas como baldías.

Este proceso, por el cual fueron expropiadas tierras que en realidad no eran baldías está indisolublemente ligado a la ley Lerdo que, expedida en 1856, tuvo como consecuencia la formación del latifundismo laico y el despojo de las tierras pertenecientes a comunidades indígenas, con los consiguientes problemas sociales.

La ley que amparo la exportación de tierra y que entre 1884 y 1907 afecto alrededor de 49 millones de hectáreas, fue la llamada ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos promulgada en 1883, las zonas deslindadas sin que sus auténticos dueños pudieran hacer valer sus derechos, pues carecían de título de propiedad, y en los casos en que tal documento existiera, no correspondía a las normas vigentes, desconocidas por la mayoría de los indígenas.

La ley de 1883 sobre las tierras supuestamente baldías autorizaba a los colonos, ya fueran extranjeros o mexicanos, a denunciar las tierras inactivas y a construir compañías deslindadoras, con las que el gobierno establecía contratos. Los colonos o las compañías recibían como pago un tercio de las tierras deslindadas, y les concedía además el derecho de adquirir los otros dos tercios con tarifa preferenciales.

La misma ley fijaba como extensión máxima para cada concesión de tierras “baldías” el límite de 2500 hectáreas, con lo cual se pretendía crear propiedades privadas modernas que pudieran ser adquiridas por pequeños y medianos agricultores; esta cláusula nunca se respetó y fue abolida años más tarde.

Algunos casos en que se deslindaron terrenos verdaderamente baldíos, como en los estados del norte de la República, poco poblados y mal comunicados, en donde tales tierras pasaron a ser propiedad de compañías y de particulares, extranjeros, principalmente estadounidenses e ingleses. En el norte hubo despojo de tierras comunales indígenas como la de los yaquis y mayos en Sonora, grupos étnicos que padecieron una terrible guerra de exterminio debido a su resistencia. En el sur y sureste, los estados en los que se dio en mayor grado el deslinde de tierras, con el consecuente daño para las comunidades indígenas, fueron: Chiapas con 3 millones de hectáreas, el 40% de la superficie total del estado; la costa de Oaxaca donde más de 300 mil hectáreas pasaron a manos de particulares;

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