La Onstitucion De 1857

LA CONSTITUCION DE 1857.

El artículo 5o. del Plan de Ayutla reformado en Acapulco establecía la formación de un Congreso Constituyente de acuerdo con las bases de 1841, precisándole a la asamblea que el país debía ser una república representativa y popular. Lo anterior, debido a que en los considerandos del plan se acusaba al régimen del general Santa Anna y a varios particulares de promover el establecimiento de una monarquía contraria a las costumbres del pueblo mexicano. El mismo apartado planteaba que el Congreso debía juzgar los actos de la dictadura santannista y de revisar las acciones del ejecutivo provisional establecido como resultado del presente plan. Esta última facultad motivó que a lo largo de dos años (1856-1857) se produjese un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el Congreso Constituyente.

Al integrarse la planilla con los nombres de los diputados que representaban a las diversas entidades, se pudo constatar que la gran mayoría estaba compuesta por liberales de principios moderados. Sin embargo, como plantea Emilio Rabasa, los gobiernos de las entidades designaron diputados de principios disímiles y aun antagónicos. Los "puros" representaban una minoría en la asamblea, los conservadores no presentaron candidatos a los comicios y al clero le fue vetada su participación como estamento, ello como resultado del sentido de la ley de administración de justicia o Ley Juárez. La intención era constituir un cuerpo legislativo progresista, debido a que en los considerandos del Plan de Ayutla reformado en Acapulco se sostenía que el constituyente debía elaborar una carta de principios liberales.

El Congreso inició sus sesiones en febrero de l856, teniendo como principales enemigos al movimiento conservador de Puebla acaudillado por Antonio Haro y Tamariz, apoyado por el obispo de la diócesis Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. El levantamiento se había iniciado en diciembre pasado tomando como pretexto que la Ley de Administración de Justicia eliminaba para los delitos comunes los fueros jurídicos de que gozaban los miembros del ejército como del clero. La "revolución" en Puebla era un peligro efectivo para la asamblea; se estaba consciente de que un triunfo de los pronunciados resultaría en la disolución del Congreso. Es importante recalcar que, por esta razón, los diputados volcaron todas sus esperanzas en el triunfo militar del presidente Ignacio Comonfort. Éste actuó con energía, el cuartelazo fue sofocado y se intervinieron los bienes de la diócesis para recuperar un millón de pesos que había gastado el gobierno en la campaña. El obispo se opuso a dicha confiscación resultando su inmediata expulsión del país: "El gobierno puso la mano sobre el más levantado de los prelados. A Europa, a conspirar; el obispo de Puebla conspiró furiosamente, incesantemente, desde aquel momento. Así hemos logrado saber lo que tenía en el fondo del alma: Comonfort no se equivocaba".

Durante los primeros meses de trabajo el Congreso estuvo en armonía con el presidente, porque los representantes tenían en mente aquel discurso de apertura de sesiones pronunciado por Comonfort, en donde les recomendaba que hiciesen una ley fundamental que reflejara y fuera acorde con los sentimientos del pueblo mexicano. Sin embargo, aquellos temas constitucionales como la libertad religiosa provocaron una serie de "revoluciones" a lo largo del tiempo que duró la administración suriana; peor aún, resultaron en hondos conflictos en la conciencia de muchos diputados. Es importante señalar que ambas situaciones afectaron la redacción del texto constitucional y que los miembros de la asamblea adoptaran dos actitudes distintas. La primera fue que algunos diputados vieron en aquellos movimientos armados y en las manifestaciones públicas de repudio, tanto en las calles como en el recinto parlamentario, una genuina protesta respecto de los principios "exaltados, inmorales e inadecuados" que se debatían en el Congreso. Una lectura detenida de las sesiones del Congreso como de la prensa periódica que reseñaba el ambiente imperante muestra que algunos diputados y el ejecutivo federal fueron modificando su postura hacia posiciones más moderadas: el término medio que desde su óptica respondía más a los deseos e idiosincrasia del pueblo mexicano que indudablemente debía tomarse en cuenta, si se era congruente con ser liberal y demócrata.

Esta contemporización era opuesta al sentir de un grupo de diputados que pensaba que debía reformarse en conjunto a la sociedad mexicana; era la idea de que los principios más revolucionarios tienden a arrastrar al conglomerado social, a pesar de que las propuestas de cambio chocaran con su idiosincrasia. Pensaban, y con razón, que ningún cambio se había generado sin reticencias ni violencias. Los llamados jacobinos, "rojos" o radicales eran una minoría muy combativa que pretendía darle un giro completo a los trabajos del Congreso, procurando que los cambios reformistas se llevaran a su último extremo. Éstos sostenían, y también estaban en lo correcto, que los conservadores y el clero combatirían de igual manera tanto las medidas liberales "a medias" como aquellas que constituyeran una modificación absoluta del marco normativo de la república. Frente a tales posturas resulta pertinente preguntarse si, efectivamente, la moderación representaba realmente los anhelos de ese pueblo tantas veces mencionado pero inopinadamente ignorado, o si una reforma radical largamente pospuesta, podría sentar las bases de una modernización del país, que en teoría era la meta de gente como Arriaga, Ocampo o Ramírez, entre otros. Durante 1856 y 1857 las dos visiones, una reformista y otra revolucionaria, plantearon una disparidad de tesis entre el ejecutivo y los diputados más exaltados del Congreso Constituyente.

Aunado a esta diferencia de posturas, como ya dijimos, el Congreso tenía la facultad de revisar los actos del ejecutivo, puesto que se tenía presente que el último gobierno de Santa Anna había sido una dictadura cruel y sin freno, dejando "en todos los espíritus la obsesión de la tiranía y del abuso, de tal suerte que el ejecutivo no era para ellos una entidad impersonal de gobierno, sino la representación enmascarada del dictador, y un peligro grave e inminente de todas las horas para las libertades públicas que encarnaban en el Congreso".En efecto, para los diputados de la asamblea, así como para los teóricos del liberalismo más radical, el ejecutivo era veladamente un tirano, los presidentes mexicanos habían sido y buscarían seguir siendo por mucho tiempo los jefes natos de la nación. Los diputados del Constituyente de 1857 tenían presentes todas aquellas iniquidades que se habían llevado a cabo por falta de una Constitución, por la inexistencia de un legislativo poderoso o por la complicidad del mismo. Con dicha facultad revisora planteada en el Plan de Ayutla reformado en Acapulco, el Congreso era un contrapeso del ejecutivo y sancionador del mismo.

Este precepto, que daba a la asamblea funciones activas en la política del gobierno, injerencia en la administración y responsabilidades en la gestión del ejecutivo; que embarazaba la acción de éste con la tutela de la cámara y subordinaba al voto de los diputados todos sus procedimientos, destruía con unas cuantas palabras las facultades omnímodas que se habían creído indispensables para dar vigor al gobierno revolucionario, y lo hacía más pobre de medios y más escaso de facultades que cualquier gobierno constitucional.

Era la lucha por el cambio de sentido en la política mexicana. Los constituyentes querían llegar al estadio donde la "Asamblea" era prácticamente el ejecutivo, hacer práctica la teoría y eliminar una herencia cultural hispánica de autoritarismo y centralización del poder. Sin embargo, para el presidente y su gabinete el momento no era el adecuado. Este rechazo tenía su razón de ser, pues durante la administración de Comonfort el poder ejecutivo necesitó de todas las facultades para enfrentar a un enemigo resuelto a acabar no sólo con el régimen sino con todo intento de reforma liberal. Íntimamente, el gabinete coincidía con los conservadores en el sentido de propugnar la jefatura indiscutible del Estado en una sola persona. El tiempo de la segunda administración emanada de la revolución suriana revelaba los pródromos de la guerra civil que, hablando con más exactitud, era o sería la guerra de facciones, de grupos más allá del común de la población.

Si bien los liberales que eran tanto los del Congreso como los del ejecutivo pretendían hacer frente a los conservadores, el primero debía ceder en la competencia del poder. La vida del Constituyente estaba en manos de Comonfort y por ello, a pesar de las frecuentes fricciones, los diputados revalidaron la legislación producida por el ejecutivo, concedieron facultades extraordinarias al gobierno y se unieron por comunión política al presidente, porque la reforma liberal era la que interesaba a ambos poderes.

Hacia mediados de l856, el conflicto estaba en uno de sus puntos más álgidos. El enfrentamiento entre el Congreso y el ejecutivo era directo y los ánimos de ambas partes se exaltaban. En una carta de Manuel Siliceo a Manuel Doblado le comentaba lo siguiente:

Nuestra situación política vuelve a ser la de octubre y noviembre del año pasado; los reaccionarios han conseguido dividir al partido liberal, aprovechando la mentecatería de tanto animal como hay en el Congreso, y estamos al entrar en pugna abierta los diputados y nosotros [...]. Comonfort está altamente disgustado, no como yo quisiera,

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