Movimientos Sociales

Ernesto zedillo ponce (19992-200)

A fines de 1994 principios de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo recibió su bautizo de fuego. En unas cuantas semanas sentimos que el país podría naufragar. Del triunfante discurso salinista pasamos, sin mediación, a una descarnada realidad que nos hizo recordar otro mes de enero, el de 1983, y su cumplida promesa de austeridad. De la oferta de bienestar social, tantas veces difundida a lo largo de la campaña del candidato priista a la presidencia de la República, transitamos a la petición de sacrificio en bien de la nación que nos hizo el Ejecutivo Federal. Y por si esto fuera poco, la paz en el país seguía amenazada por un conflicto guerrillero no resuelto, por una guerra civil en ciernes y por agudas dificultades poselectorales que desafiaban los poderes regionales y federales. El orden establecido seguía en cuestión, pero ahora más amenazado que nunca por el quiebre financiero que sufría el país.

El sexenio se inició en circunstancias difíciles como la deuda externa e interna, alta tasa de desempleo abierto, inflación, movimientos guerrilleros en el sur del país, corrupción en las instituciones y cuerpos policíacos, asesinatos y ajusticiamientos masivos como Aguas Blancas y Acteal, inseguridad e incremento de la delincuencia organizada, todos estos problemas y más suscitaron en medio de una crisis económica que planteó al país grandes retos. 

La desigualdad fue en aumento, el ingreso nacional continúo concentrándose en grupos vinculados con el gobierno y siguieron surgiendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción en el aparato administrativo. 

El general Mario Acosta Chaparro delineó las causas del origen de la guerrilla en México: económicas, desempleo, carencia de servicios y políticas sociales, analfabetismo, frustración, concentraciones urbanas, falta de democracia, injusticia, baja capacidad adquisitiva, alta inversión extranjera, problemas agrarios, corrupción, y delincuencia. 

Vicente Fox Quesada      2000-2006

Fox ordenó el principio de la retirada del Ejército de Chiapas (donde se hizo con la gobernación el independiente Pablo Salazar Mendiguchía con el respaldo de todos los partidos salvo el PRI), anunció el envío inmediato al Congreso del proyecto de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas elaborado por la Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA) y firmó en Oaxaca con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, un acuerdo por el que Estado mexicano se comprometía a respetar y proteger las libertades y los derechos fundamentales. También, se comprometió a facilitar la puesta en libertad de los presos del EZLN. Este conjunto de iniciativas satisfizo las demandas de la guerrilla, que sin más dilación aceptó volver a la mesa de diálogo. 

Ahora bien, para enero de 2001 las previsiones optimistas sobre el pronto desenlace negociado del conflicto chiapaneco ya eran cuestionadas por la negativa de diputados de todos los partidos, el PAN inclusive, a aprobar el texto de la COCOPA a menos que se introdujeran en él enmiendas y correcciones en un sentido más restrictivo de las demandas de los neozapatistas. El presidente fue receptivo al escepticismo y las presiones de los sectores conservadores, y pidió una "señal" al líder del EZLN, elSubcomandante Marcos, antes de emprender conversaciones sin intermediarios en el denominado Diálogo para la Paz en Chiapas, cuyo coordinador designado por el Gobierno, con rango ministerial, era el ex presidente y senador panista Luis Héctor Álvarez. 

La respuesta del encapuchado jefe guerrillero fue convocar la Marcha por la Dignidad Indígena, más conocida como zapatour, una comitiva pacífica de varias decenas de zapatistas desarmados encabezada por él mismo y los otros 23 comandantes del EZLN que, custodiada por voluntarios del Congreso Nacional Indigenista (CNI) y representantes de la sociedad civil, comenzó en Chiapas su itinerario a través de doce estados el 24 de febrero y se presentó en olor de multitudes en Ciudad de México el 11 de marzo. Dentro de esta pugna por el control de la iniciativa política y la publicidad mediática, Fox ofreció a Marcos una recepción en persona y el denominado Plan Puebla-Panamá, un proyecto de desarrollo de los estados sureños de México que pasaba por la integración en las economías centroamericanas, pero el subcomandante respondió con una doble negativa y exigió que se aprobara la ley contemplada en los Acuerdos de San Andrés. 

Fox salió con buen pie de estas expectantes jornadas de marzo de 2001 en las que el EZLN acaparó la atención internacional. En primer lugar, la alocución el día 28 ante la Cámara de Diputados de una comandante indígena cubierta con el pasamontañas de los zapatistas, evento cuyo simbolismo útil a la consolidación de un clima de confianza y la reparación de una exclusión histórica nadie ignoraba, fue autorizada por los diputados de todos los partidos principales excepto el PAN, donde el conservadurismo y la hostilidad al EZLN de dirigentes como Fernández de Cevallos, quienes de entrada consideraban inconcebible que un subversivo encapuchado discurseara ante cámaras de todo el mundo en el corazón de las instituciones democráticas, contrastaron con la flexibilidad y la buena disposición del presidente. Tras esta entrada sin precedentes en la sede del poder legislativo nacional y las garantías recibidas de la COCOPA, Marcos se dio por ampliamente satisfecho y ordenó la retirada del zapatour, suscitando el elogio de Fox a la "dignidad" y la "gran altura" mostradas por el dirigente del EZLN. 

El 25 de abril de 2001, luego de cinco años de demora, el Senado aprobó por unanimidad la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, pero en una versión retocada que limitaba el marco de la autodeterminación y arrojaba algunas ambigüedades sobre los mecanismos para hacerla efectiva. Esta revisión a la baja del proyecto de ley, que prosiguió el 28 de abril en la Cámara de Diputados -386 votos a favor y 60 en contra- su alambicado proceso de sanción y reglamentación por todas las cámaras legislativas del Estado federal, fue calificada de "burla" por el EZLN y denunciada por doquier como una interpretación torticera por los diputados de los tres partidos mayoritarios. La propia COCOPA exigió a Fox que vetara el texto legal antes de continuar el trámite parlamentario. 

El asunto evocaba el temor de la clase política a que la reforma de cinco artículos de la Constitución, no aplicable hasta ser validada por al menos 16 de los 32 parlamentos estatales, abriera la puerta a reclamaciones independentistas, conflictos de jurisdicción entre

...