Proceso de descentralización en Colombia

intentó rescatar el papel de los departamentos en el ordenamiento político. La nueva Constitución consolidódefinitivamente el proceso de descentralización en Colombia, estableciendo un Estado unitario ydescentralizado, con autonomía de las entidades territoriales y mecanismos de participación y control ciudadanoa la gestión pública en todos los niveles de gobierno.Para fortalecer la inversión social territorial, la Constitución estableció que una proporción creciente de losingresos corrientes de la Nación debería ser transferida a departamentos y municipios. Como resultado de estanorma, que fue desarrollada por la Ley 60 de 1993, las transferencias a las entidades territoriales pasaron derepresentar menos del 30% del total de los ingresos corrientes totales de la Nación en 1990 a más del 40% en1996. De acuerdo con las normas vigentes, estas transferencias deberán seguir aumentando hasta el año200113. Este proceso ha estado acompañado, además, de la transferencia efectiva de la administración de losservicios de educación y salud a los departamentos y municipios. De esta manera, se ha pasado de maneraprogresiva, pero relativamente rápida, de una administración desconcentrada a una descentralización efectivade dichos serviciosA través de todo este proceso, se ha ido consolidando en Colombia un tipo de la descentralización que puedecaracterizarse como un modelo híbrido entre los dos extremos que se discuten generalmente en la literaturainternacional sobre el tema: el modelo de agente-principal, en el cual los gobiernos territoriales sonesencialmente ejecutores de políticas diseñadas en el nivel central y deben rendir, por tanto, cuentas alGobierno Nacional por los resultados de su gestión; y el de elección pública local, en el cual los entes localesgozan realmente de autonomía en la definición de sus políticas, obtienen la mayor parte de sus ingresosdirectamente de los contribuyentes y son, por ende, responsables directamente ante la ciudadanía por losservicios colectivos que prestan.Este modelo híbrido se ha caracterizado por la dificultad para definir en forma precisa las responsabilidades delos distintos niveles de gobierno y para coordinar las distintas fuentes de financiamiento. Las dificultades que sehan enfrentado en una y otra área, así como múltiples obstáculos de carácter institucional, han dado lugar aagitados debates, que deberán servir de base para consolidar un ordenamiento estable de las relaciones entrelos gobiernos Nacional, departamental y municipales, preferiblemente con base en la expedición de una ley deordenamiento territorial, que defina en forma precisa las competencias y recursos, tal como lo ordena la CartaPolítica.El proceso de privatización y de apertura de espacios para la actividad privada ha cubierto todas las áreas deacción del Estado, pero en particular cuatro: el sector productivo, el financiero, la seguridad social y lainfraestructura. En el sector productivo, este proceso ha cobijado en particular a inversiones estatales en laindustria manufacturera y en la minería. Cabe recordar, sin embargo, que las inversiones estatales en el primerode estos sectores, realizadas fundamentalmente a través del Instituto de Fomento Industrial, IFI, nunca fueronmuy importantes en Colombia en relación con otros países y tendieron a perder importancia relativa desdecomienzos de los años setenta. No aconteció lo mismo con el sector minero, donde las inversiones estatalesapoyaron desde entonces nuevos desarrollos en carbón y ferroníquel y continuaron haciéndolo en el sector dehidrocarburos, fundamentalmente a través de contratos de asociación con empresas multinacionales. Con elproceso de privatización en marcha, las inversiones del Estado se mantendrán únicamente en este último.En el sector financiero, el primer lustro de los noventa se ha caracterizado por la privatización de las entidadesfinancieras nacionalizadas durante la crisis financiera de 1982-1983, así como la programación de laprivatización de otras que han sido tradicionalmente estatales (Bancos Cafetero y Popular, en particular). Noobstante, el sector público ha continuado jugando un papel decisivo en la banca de segundo piso (o deredescuento), a través de cinco instituciones, que cubren ampliamente las áreas tradicionales de la banca defomento: el Fondo de Fomento del Sector Agropecuario (Finagro), el Instituto de Fomento Industrial (IFI), BancoColombiano de Comercio Exterior (Bancoldex), la Financiera Energética Nacional (FEN) y la Financiera deDesarrollo Territorial (Findeter). Por otra parte, el Estado ha continuado siendo el agente fundamental en laoferta de servicios financieros en regiones apartadas del país, a través de la Caja Agraria.La Ley 100 de 1993 abrió la posibilidad de participación privada en el sistema de seguridad social. En materiapensional, creó un sistema mixto, en el cual fondos privados de pensiones compiten con el Instituto de SegurosSociales, aunque a través de sistemas pensionales diferentes: el de capitalización individual, en el primer caso,y el tradicional de prima media, en el segundo. En el sector salud, diseñó también un sistema en el cualentidades privadas y públicas compiten en la promoción y en la prestación directa de servicios de salud. Ambos

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