Quiera Y Sepa El Pueblo Votar

QUIERA Y SEPA EL PUEBLO VOTAR: LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA POLÍTICA EN LA ARGENTINA DEL CENTENARIO WALDO ANSALDI y JOSÉ C. VILLARRUEL

Introducción

El análisis del período electoral de 1904 a 1916 presenta en Argentina diversos obstáculos, unos de orden teórico y otros de método, la distancia entre las prácticas político-ideológicas conforman el primer escollo para interpretar la época, donde el grado de adecuación del discurso a su realidad externa, a su mundo real, no se corresponden. De allí que uno de los problemas más frecuentes que ofrece aquella coyuntura política, iniciada en 1902, se vincula con los rasgos de la conciencia con la que obraba la clase dirigente durante una etapa breve. El despliegue la producía en tanto clase social y, al mismo tiempo, la reproducía como fuerza social, es decir, dotada de intereses propios y diferenciados en el orden político.

En estas coyunturas son frecuentes los pasajes hacia fases de ruptura. Se trata de etapas donde aún no se ha logrado una identidad, una conciencia de los límites entre esas franjas tanto simbólicas como estructurales que, conectan y fundan las diferencian de las clases sociales. El contraste con aquellas coyunturas de conflicto abierto, entre ellas las derrotas militares de las revoluciones de 1874 y 1880, lo ofrece la presencia de un Estado formado, un Estado que ha logrado estabilidad pero que no por ello, tal el caso argentino, funciona como una condición suficiente para resolver los obstáculos que traban las representaciones legítimas y la consolidación estructural de un sistema de partidos en momentos en que la expansión de la participación directa –las asambleas de 1889 y 1890- estimulaba nuevas formas de extensión de la ciudadanía. El surgimiento de una población electoral se transformaba, así, en un serio problema cuyo control, en ausencia de mecanismos institucionales de representación adecuados, propiciaba la extensión y la intensidad de los conflictos.

La experiencia de los Estados formados, incluidos los sudamericanos, es paralela a una historia muy extensa de la identidad de los sistemas políticos. El caso de Argentina, donde un Estado con aspiraciones nacionales desde 1862 demora su consolidación gracias a los conflictos interprovinciales y cuya primera forma de unidad deviene de la derrota de los caudillos locales o de los conflictos externos -sea la guerra del Paraguay o la amenaza de un conflicto similar con Chile-, es contemporánea de la permanente interpelación que erosiona en el muy largo plazo la legitimidad de los gobiernos nacionales. Un tipo de proceso político difuso que se interrumpió, muy brevemente, con la unificación de 1880 aunque la consolidación del Estado no impidió que, al cabo de dos décadas, sobre todo desde 1902 hasta la insurrección de 1905, se reiteraran los fenómenos típicos de las etapas formativas iniciales: las comunidades políticas fluidas o volátiles. En última ratio, el debate de la forma de gobierno, inclusivo del tipo de representación y de su ejercicio, se simplifica en aquél otro que nutre la historia de las ideas políticas: una tipología de la democracia, sus límites y restricciones.

Los discursos en el Jardín Florida, durante 1899, y en el Frontón de Buenos Aires, en 1890, dan cuenta de los contenidos de la democracia en las aspiraciones de la época. Una y otra, a la vez que legitiman el “derecho a la rebelión,” organizan una forma particular de la “representatividad” que incluye los valores de la “solidaridad” y la “cooperación”, la “soberanía popular” y la “libertad” que, por momentos, se expone en su expresión más estrecha, en tanto derecho al sufragio. Ambas asambleas preludian la próxima revolución del Parque o, demuestran la fragilidad de la posición del gobierno en la estructura del Estado y la precariedad de su fuerza política.

Dos revoluciones fallidas alcanzan a Nicolás Avellaneda en 1874 y 1880, y una exitosa a Juárez Celman, en 1890, quién atenaceado entre la rebelión y un Parlamento que ocupa el centro de la escena política, huérfano de aliados, se transforma en el primer presidente que renuncia obligado por las dimensiones alcanzadas por la crisis.

La personalización y la concentración de las funciones en el Poder Ejecutivo permiten subrayar hasta qué nivel la escasa o nula representación se ha transformado en un mecanismo formal de cesión de derechos que “autorizaban” el desempeño de la función pública en nombre de la totalidad, invocando una ciudadanía incongruente, sea en su versión liberal o en la republicana. La díada inclusión / exclusión afecta también al partido gobernante, en el cual se detectan escisiones y diferencias entre aquellos funcionarios responsables de las tareas de dirección social y los militantes reducidos a los trabajos de ejecución. Estas condiciones propicias para la arbitrariedad y la ausencia de controles, estimulan en las fuerzas gubernamentales tendencias favorables a incrustarse en el poder al amparo de la inmunidad generada por ellas mismas, mientras que las capas sociales apoyo, la clientela política, aquellas capas sociales que constituyen el capital político partidario del “pueblo” las llamadas a ocupar ciertas parcelas del empleo público, procediendo de acuerdo a fines y medios de gobierno adecuados a los intereses de facción. Cuanto más poderoso fuera el presidente, tanto más débiles tornaban los representantes del Congreso y la función de denuncia ejercida por la prensa. En las épocas electorales, cuando se procede a la renovación de las alturas del Estado, no es la elección de las asambleas la que monopoliza los intereses sino que ellos se concentran en la designación del presidente, subrayando en su figura al que gobierna y desestimando la función del que preside. Una distinción que no es menor, pues la diferencia entre una y otra no es de grado sino de naturaleza.

La oposición al régimen oligárquico

En los orígenes del siglo XX, durante la amplia refutación del régimen oligárquico estimulada por la “crisis de gobierno” de 1901 y la consiguiente fragmentación del Partido Autonomista Nacional, la democracia se presenta, para quiénes afirman procesos regulares de cambio y acceso al poder, como un sistema basado en la periodicidad electoral, ampliación de la participación y una administración ajustada a contenidos ético-morales públicos y compartidos. El origen de estas interpelaciones hay que indagarlas en las prácticas donde la democracia no indica una expansión de la ciudadanía sino que, transformada en mera coartada doctrinaria, es enajenada de su significado por los acuerdos entre las facciones. La enajenación de la representación se origina.

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