Codigo Monetario

El Pleno de la Asamblea, el 24 de julio, día que se aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero.

El presidente Rafael Correa obtuvo una fácil victoria contra los banqueros y eso que estaba de vacaciones. El 24 de julio y a vísperas de que venza el plazo de 30 días que tenía para su trámite, la Asamblea Nacional ha aprobado el Código Orgánico Monetario y Financiero, iniciativa que llegó de Carondelet, con 91 votos, suficientes para dar paso a una ley que de ambos lados -gobierno y banca- anuncian una revolución en el sistema financiero y económico del Ecuador.

Las diferencias de lo que se viene está en los detalles. Y hay muchos. En los 520 artículos, 18 disposiciones generales y más disposiciones reformatorias y derogatorias, se transforma, al menos según consta en el papel, las formas de hacer negocios financieros -y algo más que eso- en el país donde la Revolución Ciudadana de Rafael Correa tiene el poder 7 años. El oficialismo lo plantea de frente en la exposición de motivos de este Código: este es un instrumento normativo que contribuirá a cambiar las relaciones de poder que históricamente han predominado en el Ecuador. Nada menos. El propósito: apuntalar un nuevo modelo económico en el que prevalece la supremacía del ser humano sobre el capital financiero.

Para eso es esta ley aprobada, que aún deberá esperar la última revisión del presidente cuando regrese de su descanso, aunque en la Asamblea esperan un visto bueno al trámite que se hizo en este espacio.

El resumen que hizo Oswaldo Larriva, presidente de la comisión de lo Económico que preparó los informes, pone en primer lugar, entre las principales reformas, la integración en un solo órgano de la regulación monetaria y financiera y su separación del control.

Se refiere a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que se integrará con cinco personas. Esta gente sí que tendrá mucho trabajo. Sobre estos escogidos, recaerá prácticamente toda la responsabilidad de poner en funcionamiento los cambios que se buscan. Aunque lo de la responsabilidad es un decir: esta misma ley establece que cualquier acción judicial que se ponga en su contra deberá ser desechada por los jueces. Únicamente el Fiscal General tendrá esa posibilidad, en casos de delitos contra la Administración Pública. Y en esos casos, tendrán fuero de Corte Nacional, la máxima instancia.

La ley define quienes serán los integrantes de la Junta: los ministros de la Política Económica, de la Producción, de las Finanzas Públicas, el titular de la Planificación del Estado y un delegado del presidente de la República. Los Superintendentes (Bancos, Compañías, Valores y Seguros, Economía Popular y Solidaria) han perdido fuerza, pues seguirán las decisiones de esta Junta y en las deliberaciones podrán participar pero solo con su voz,

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