Crisis D Ela Etica Profesional

Ética profesional en tiempos de crisis.

Médicos y psicólogos

en las dictaduras de América del Sur

Horacio Riquelme U.*

Introducción

La gestión de médicos y psicólogos bajo el “estado de excepción” en Argentina, Chile y Uruguay muestra interesantes similitudes. Las condiciones de miedo provocado por la guerra psicológica contra la propia población en los tres países situaron a menudo la praxis profesional en áreas de conflicto entre derechos humanos y ética profesional, en un contexto de amenazas institucionales y administrativas y de exigencias del aparato represivo estatal. Algunos miembros de estas profesiones pusieron sus conocimientos a disposición del sistema coercitivo, otros buscaron vías de oposición o de hacer público el maltrato a los derechos humanos (Riquelme 2002 y 2003). Basado en investigaciones de campo y documentales, este artículo mostrará en situaciones ejemplares cómo la ética profesional fue dañada sistemáticamente, mas también qué acciones fueron emprendidas en su defensa y restitución.

El control militar del gobierno estatal duró en Argentina entre 1976 y 1983; en Chile desde 1973 a 1989, y en Uruguay entre 1973 y 1985. Durante ese período, puede observarse una estrategia de subyugación por el miedo, homogénea para los tres países, basada en cuatro líneas de acción confluentes entre sí: a) la “desaparición” de opositores al régimen; b) la tortura sistemática; c) la sincronización de los medios de comunicación masiva y d) el exilio o desplazamiento forzado de grupos sociales o políticos (Riquelme 2002: 28-43).

La experiencia social reciente en América del Sur muestra que la dominación autoritaria logró penetrar substancialmente en la actividad profesional de psicólogos y médicos y que, bajo tal influencia, los axiomas éticos llegaron a ser objeto de omisiones y ultrajes regulares, como si tales postulados fueran sólo expresión de buenos propósitos y no de por sí principios rectores de la actividad profesional: máximas éticas conocidas y practicadas entre los profesionales de la salud en cada uno de los tres países, sancionadas además en múltiples convenciones y códigos internacionales (AMM: 1948, 1968 y 1983 y Declaración de Tokio AMM: 1975).

La participación directa de médicos y psicólogos, tanto en actividades represivas del terrorismo de Estado como en formas de oposición, dio curso a circunstancias inéditas en la región. Como ocurre a menudo con sucesos que transcienden la experiencia cotidiana, el conocimiento que existe sobre esta área de actividad profesional es hasta ahora anecdótico y fragmentario y parece constituir el dudoso privilegio de testigos eventuales y de unos pocos estudiosos1 . En este contexto debe destacarse que el personal sanitario fue objeto de dedicación especial de los aparatos represivos en cada país: “En el campo de la salud nos consta la desaparición en Capital y Provincia de Buenos Aires de por lo menos 164 médicos, 35 enfermeros, 56 psicólogos, 19 odontólogos, y 150 estudiantes de medicina. Podemos afirmar que más de 500 personas que pertenecen al campo de los trabajadores de la salud permanecen hasta el día de hoy en calidad de detenidos-desaparecidos” (Actas del Tribunal Ético de la Salud contra la Impunidad, 1987: 22-3).

Praxis alienada

La disposición a colaborar con la dictadura existía en forma explícita en algunos psícólogos y médicos. Sobre la progresiva especialización profesional en esta área de apoyo al sistema represivo se expresan tres neuropsiquiatras chilenas: “La incorporación de médicos, psicólogos y cientistas sociales al grupo de funcionarios del aparato represivo indica que al necesario perfeccionamiento “puro y limpio” de las acciones represivas, se suma la experimentación de nuevas técnicas destinadas a corregir las deficiencias previas. (Como “tortura limpia” se denomina a la serie de experimentaciones en el campo de la psicología destinadas a perfeccionar técnicas que se utilizan en tratamientos de fobias, adicciones diversas y trastornos sexuales)” (Reszczynski et al., 1979/1991: 273-277).

Durante la dictadura en Uruguay, hay muchos indicios sobre la actividad de Dolcey Britos como asesor en la formulación de reglas tendientes a infligir sufrimiento mental. El Dr. Líber Mandressi fue invitado por Britos a colaborar con él y tuvo oportunidad de examinar el fichero y las ‘‘gráficas estadística’’ que Britos había desarrollado, examinando a un gran número de reclusos y tratando de establecer relaciones entre las sanciones punitivas y la incidencia de problemas psiquiátricos en la población estudiada (Bloche 1987: 8).2

La subordinación de la praxis médica y psicológica a las actividades de represión en Uruguay se muestra en otros ejemplos: “En los centros clandestinos de detención y en los establecimientos de reclusión, los soldados regulaban el acceso de los detenidos a la asistencia médica y rutinariamente leían los informes hechos por médicos, psiquiatras y psicólogos. Casi todos los clínicos militares admitieron haber revelado información sobre el estado médico o psicológico de reclusos a las autoridades militares sin el consentimiento o el conocimiento de los presos”. (Bloche 1987: 5)

Hubo una sistematización del absurdo en el trato a los reclusos: “Me despertaron en medio de la noche en el calabozo con la pregunta: “¿A qué hora se apagó la luz? Conteste, tengo que anotarlo en el parte diario”. Imposible responder porque yo, presa, dormía y además nunca me permitieron tener reloj” (Espínola, 2003: 87). Se alcanzó un alto grado de celo profesional en esta suerte de actividades: “Un ex-funcionario del Penal de Libertad expresó que los informes de los médicos ayudaban a un estrecho control de las “actividades y actitudes de los reclusos”: “Aprendimos mucho sobre la marcha. Cuando observábamos algún tipo de actitud nerviosa, mucha charla, demasiada conversación, tomábamos medidas para neutralizarlo... Por ejemplo les concedíamos menos tiempo de recreación, les quitábamos los libros, los cambiábamos de celda, aumentábamos los controles. Todo esto reduce sus actividades porque nunca duermen tranquilos, nunca descansan” (Bloche, 1987: 7).

La presencia de profesionales de la salud en el personal destacado de los sistemas represivos no solo aumentó su virtual “capacidad técnica”, sino que además le confirió a la represión en sí un aura de legitimación especial: “si incluso personas responsables como los médicos y psicólogos colaboran en la labor antisubversiva...”, que el sistema militar en cada país supo bien utilizar.

Tortura y praxis profesional

Una definición conceptual da constancia de la existencia de un fenómeno. El Colegio Médico de Chile (CMC), además de reconocer su presencia, caracteriza la tortura dentro del ámbito de actividades profesionales: “La supervisión de la tortura desde una perspectiva médica equivale a la evaluación periódica de la capacidad de la víctima para soportar un tratamiento cruel. También involucra el tratamiento de las lesiones causadas por la tortura o no denunciar la tortura, dejando de este modo a la víctima a merced de sus aprehensores” (Stover 1987: 69).

La opinión sobre la tortura del Dr. Guido Díaz Paci, frente a la Comisión Especial del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile es muy significativa, ya que él fue encargado, como médico de sanidad militar, de los detenidos por razones políticas durante más de seis años: “Creo –dice– que la tortura es un grado extremo de apremio físico y que el apremio físico, sin provocar lesiones, es legítimo..., aquél apremio que sólo provoca dolor..., es lo mismo que uno le hace a los hijos cuando les tira de las orejas o les da un golpe de castigo..., pienso que el apremio sicológico también puede estar permitido, como impedir el sueño o algo por el estilo...” (Rivas 1990:128).

Sobre tortura bajo tuición médica tenemos la siguiente declaración de C. Chelala, psicoanalista de Uruguay: “Fui examinado concienzudamente por un médico. Me preguntó sobre mi familia, enfermedades crónicas o actuales, y acerca de si había partes sensibles en mi cuerpo por enfermedades previas. Pensé que dando esta información podía reducir la tortura. Horas después comprendí la razón real del interés del médico. Oí su voz, sin lugar a dudas, diciendo: “Está muy bien, pueden continuar”. Me sentí furioso e impotente. Aquí había un individuo preparado por la sociedad para salvar vidas, dedicado sin embargo a provocar dolor. Pero yo estaba furioso conmigo mismo por haber sido tan inocente y creer que un médico que trabajaba en un lugar como ése hubiera de tener siquiera un ápice de humanidad. Esos médicos están salvando vidas, pero de una manera perversa. El propósito de la tortura es frustrado si la víctima no puede soportar los rigores interminables. El médico es necesario para impedirte que mueras por tus convicciones” (Weschler 1991: 259).

En tanto que todos los países de América Latina han suscrito y ratificado la Convención contra la Tortura, parece evidente que el postulado “tortura y praxis profesional son contrarias entre sí y se excluyen mutuamente” sea de conocimiento general y se refleje en la actividad médica y psicológica cotidiana. Sin embargo, los ejemplos aquí citados demuestran que no basta con tal declaración de buenas intenciones para crear una conciencia temática entre los profesionales y la población global; creemos que solo la demostración

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