Reforma Educativa, Nocion De La Filosofia, Informatica Educativa

PLANTEAMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA

Las leyes secundarias indispensables para que funcione la reforma educativa quedaron aprobadas en su totalidad esta semana en el Congreso mexicano y, para que entren en vigor, sólo falta que las promulgue el presidente Enrique Peña Nieto, lo que se prevé ocurra en los próximos días, según informó este viernes el propio mandatario.

De esas normas, la del Servicio Profesional Docente es la que ha generado más polémica entre el magisterio, así como protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen que sea derogada. Aquí te presentamos cuáles son sus principales puntos.

1. Nuevas reglas para la asignación de plazas. La ley establece que las nuevas plazas docentes para educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior (bachillerato) serán asignadas sólo por concursos de oposición, que de preferencia serán anuales. Actualmente, los gobiernos estatales en automático entregan plazas a egresados de las escuelas normales o éstas incluso son vendidas por otros profesores, una práctica ilegal.

2. Se amplía el perfil de aspirantes. En los primeros dos años a partir que la ley sea vigente, los concursos de oposición serán exclusivamente para egresados de las escuelas normales. Pasado ese periodo, podrá concursar por una plaza cualquier persona que cumpla con el perfil que definan las autoridades educativas. Los legisladores que votaron a favor de la propuesta afirman que esto fortalecerá el sistema educativo, porque permitirá que den clases los ciudadanos mejor calificados independientemente de si estudiaron o no en una Escuela Normal. En cambio, la CNTE se declara en contra de la medida argumentando que disminuirá las posibilidades de que los normalistas encuentren trabajo.

3. Evaluación obligatoria. El punto clave de la nueva ley consiste en obligar a los profesores, directores de escuela, asesores y supervisores a someterse a evaluaciones periódicas, de cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. Las evaluaciones serán diseñadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), autónomo del gobierno, y serán aplicadas por las secretarías de Educación de los estados. El personal educativo tendrá hasta tres oportunidades para aprobar los exámenes, en un lapso de dos años en los que las autoridades deberán ofrecer programas de regularización, o de lo contrario enfrentará el cese o una reasignación.

4. Sanciones para los reprobados. Los profesores de nuevo ingreso —aquellos que sean contratados después de que la ley entre en vigor— y reprueben las tres evaluaciones serán castigados con la pérdida de su plaza. En cambio, los docentes que actualmente están en activo serán removidos de los salones de clase pero no serán despedidos, sino que se les reasignará en otra área del servicio público (en tareas administrativas, por ejemplo) o las autoridades los exhortarán a jubilarse. Este es el tema que más molestia ha causado entre los integrantes de la CNTE, quienes consideran que esas medidas atentan contra sus derechos laborales porque les harán perder estabilidad en el empleo. Los líderes de la coordinadora afirman que no se oponen a la evaluación, sino a que ésta implique castigos.

5. Los resultados de la evaluación. El INEE será el responsable de hacer públicos los resultados de las evaluaciones magisteriales, aunque en ellos no podrá revelar las calificaciones de cada profesor, que serán consideradas datos personales. En lugar de eso, únicamente dará a conocer los resultados por escuela o por entidad. En el Senado, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se transparentaran todas las calificaciones —argumentando que no hacerlo impediría que un padre de familia supiera cuál es el desempeño del profesor que da clases a sus hijos—, pero el planteamiento fue rechazado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

6. Castigos para faltistas. La ley también establece que el personal docente que, sin justificación, falte al trabajo más de tres días en un periodo de un mes será dado de baja. Según los impulsores de la medida, con ello se busca garantizar que habrá continuidad en las clases. Los profesores que reciban este u otro tipo de sanción podrán apelar ante los tribunales laborales.

7. Límites a los comisionados sindicales. Los profesores que acepten un cargo o comisión en su sindicato deberán recibir su sueldo de parte de la agrupación gremial, no del Estado. El objetivo de esto es limitar el aumento de los comisionados sindicales, es decir, de los docentes que realizan tareas para su organización pero siguen cobrando como si dieran clases.

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El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre las decisiones del sistema de enseñanza nacional. Propone que ninguno de los maestros que actualmente ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación serán despedidos. Quienes ocupan una plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de evaluaciones anuales. La iniciativa del gobierno pone fin a los comisionados sindicales, que cobran por plazas docentes sin cumplir su labor frente a grupo, crea un candado para evitar paros magisteriales sin justificación laboral y castiga la venta y “herencia” de plazas. Regula las cuotas escolares voluntarias, las cuales, reitera, no son obligatorias, pero estarán sujetas a la transparencia.

La tarea es limitar el poder del SNTE

El presidente Enrique Peña Nieto propuso ayer al Congreso de la Unión el paquete de reformas y nuevas leyes educativas para poner fin al poder del SNTE sobre las decisiones del sistema de enseñanza, porque el ingreso y permanencia de los docentes será responsabilidad única de las autoridades, no del sindicato de maestros. Además, propone terminar con el tema de los comisionados sindicales que cobran sin cumplir su labor docente. “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa, deberán separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”, se indica. De igual forma, busca evitar los paros magisteriales como presión política, sin justificación laboral, pues plantea que sean despedidos los maestros que se ausenten tres días, consecutivos o alternados, a lo largo de un mes, al igual que aquellos profesores que se nieguen a someterse a la evaluación.

Dan impulso a evitar venta de las plazas

En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establece que el sindicato no tendrá la facultad para interferir en el ingreso y permanencia de los maestros.

El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo su decisión de devolver al Estado la rectoría del sistema educativo nacional y limitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a la defensa laboral de sus agremiados sin interferir en los procesos de ingreso, permanencia, comisiones, asesorías, ascensos y permisos, que corresponden sólo a las autoridades educativas.

Ayer, el Presidente de la República envió a la Comisión Permanente el paquete de reformas y nuevas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyo objetivo es romper la inercia laboral en el sector.

La propuesta del mandatario federal incluye castigar e impedir la herencia, compra y venta de plazas de ingreso y promoción, así como los cachirules.

Plantea facultar a los directivos de escuelas a pedir la sustitución de un maestro si no encaja en el perfil, y considera el despedir a los supervisores que no se excusen cuando incurran en conflicto de intereses.

Además, asienta un golpe a la dinámica histórica del SNTE y los gobiernos estatales, pues ordena que todo el personal que cumpla asesoría técnica pedagógica tendrá que regresar a sus horas frente al grupo y comenzar de cero el proceso para ocupar esas plazas, mediante concurso y evaluación; además, todo los supervisores y directivos que carezcan del perfil o no realicen esas labores deben retornar a la docencia.

Advierte también que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa tendrán que separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.

Precisa que ninguno de los maestros con plaza definitiva que actualmente trabaja será afectado en sus derechos; incluso si no aprueba las evaluaciones serán adscritos a otras áreas.

También advierte que el personal con nombramiento provisional tendrá que someterse a las nuevas reglas de evaluación y capacitación. De negarse, se aplicará el despido.

La iniciativa plantea en varios artículos que “será nula de pleno derecho y, en consecuencia, no sufrirá efecto alguno sin necesidad de declaración judicial, toda forma de ingreso (promoción) distinta a lo establecido en este capítulo.

“Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún pago o algún otro tipo de contraprestaciones en relación

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