Conta

INTRODUCCION

El objetivo principal de la Política Agropecuaria es contribuir al mejoramiento

sostenido de las condiciones de vida de la población, especialmente la rural, por

medio de sistemas productivos compatibles; la atención a campesinas y

campesinos que dependen de las actividades agropecuarias; la conservación y

uso sostenible de los recursos naturales renovables y la participación equitativa de

todos los actores que contribuyen al desarrollo del sector

Los principios básicos sobre los cuales se sustenta la política son: solidaridad,

productividad y competitividad, equidad, sostenibilidad y gobernabilidad;

basados en la libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, principios rectores

para contrarrestar las amenazas y riesgos sobre las condiciones de vulnerabilidad

de la sociedad y sus instituciones, contribuyendo con ello a la gobernabilidad del

país. Los objetivos estratégicos de la política son: a) Impulsar procesos de

transformación y modernización de la agricultura que incrementen la producción,

productividad y rentabilidad, mejoren la competitividad de las empresas en los

mercados nacionales e internacionales, con especial énfasis en la creación y

revitalización de las pequeñas y medianas unidades de producción y su

integración a las cadenas agroproductivas comerciales; b) Atender en los distintos

territorios a nivel nacional a los pobladores vinculados a la agricultura, creando

capacidades para mejorar sus niveles de vida a través de la extensión,

capacitación y asistencia técnica, tomando como base su interculturalidad, género

y participación equitativa.; c) Fomentar prioritariamente el uso adecuado de los

recursos naturales renovables, agua, suelo, bosque y biodiversidad con base en el

ordenamiento y planificación territorial, para asegurar la sostenibilidad de estos

recursos; d) Impulsar una institucionalidad renovada para el desarrollo sostenible

de la agricultura con la participación de los sectores público, privado, sociedad

civil, asociaciones, cooperativas, ONGs, universidades, colegios profesionales y

otros.

Compenetrados con los principios básicos de la política y los objetivos

estratégicos, la misma se basará sobre los ejes principales siguientes: productiva

y comercial; socio cultural y humano; ecológico ambiental y político institucional.

Cómo éxito para la implementación de la Política Agropecuaria, se hace necesario

contar con indicadores oportunos y de calidad que permitan evaluar los resultados

de la misma y que sirvan como instrumentos de control y gestión en apoyo a la

toma de decisiones. Con estos indicadores se puede medir periódicamente el

ámbito nacional, de lo general a lo particular, lo que coadyuva a tener un control

adecuado sobre la situación que se presenta, retroalimentar los procesos y

monitorear el avance de las acciones estratégicas planteadas en la Política.

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La Matriz de la Política da a conocer las relaciones entre diversas dependencias

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la misma está inmersa

en un proceso evolutivo y continuo, por lo que, será necesario evaluarla y ajustarla

periódicamente en forma participativa con los diversos sectores involucrados al

mejoramiento de la misma.

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I. Antecedentes

1.1 Características e impactos de 1955 a 1985

Dentro del estudio efectuado en la política agraria y sectorial del año 1998-2030,

se mencionan algunos acontecimientos que han tenido participación activa en la

evolución de las políticas planteadas en Gobiernos anteriores, por lo que, a

continuación se mencionan algunos antecedentes al respecto.

Entre los años de 1955 a 1985, la política agraria se caracterizó por el impulso a la

dotación de tierras nacionales a los campesinos, evidenciada en el proceso de

colonización de la Franja Transversal del Norte (FTN) y del departamento de

Petén.

Por su parte, la política sectorial, durante el mismo período, giró en torno a la

consecución de un crecimiento económico sustentado en la autosuficiencia de

granos básicos, la diversificación de la producción agropecuaria y la elevación de

los niveles de productividad. Para tales propósitos, se impulsaron medidas como:

a) subsidios a la producción agropecuaria a través de crédito con tasas de interés

preferenciales y dotación de fertilizantes y pesticidas a precios por debajo del

mercado; b) impulso a la investigación y extensión Agropecuaria con énfasis en la

adaptación y adopción de elementos de la revolución verde, principalmente

variedades mejoradas e híbridos, fertilizantes y pesticidas sintéticos; c)

establecimiento de precios de garantía para los granos básicos; y, d)

obligatoriedad de que las fincas destinaran el 10% del área cultivada, a la

producción de granos básicos.

La colonización de la FTN y Petén, así como, la diversificación de cultivos,

provocó la deforestación masiva de los bosques, disminuyendo el área con

cobertura forestal en 37% durante el período 1955-1985. El subsidio a los

fertilizantes y pesticidas contribuyó al uso ineficiente de los mismos, incentivando,

en muchos casos, aplicación excesiva, y provocando contaminación del suelo y de

los cuerpos de agua. Adicionalmente, la proporción del crédito dedicada a cultivos

a nivel nacional disminuyó cerca del 13%, concentrándose en los cultivos

tradicionales de exportación (café, azúcar y algodón), mientras la proporción

destinada a actividades ganadera permaneció constante.

El resultado de esa situación fue que las áreas de tierra en sobre-uso y sub-uso

aumentaron, provocando el desgaste de los suelos o la no explotación de los

mismos.

En este período, el objetivo de la diversificación en la producción agropecuaria fue

el que presentó mayor impacto: al inicio del período, el 90% del valor de las

exportaciones del sector provenían del café y el banano. A lo largo del período, sin

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embargo, otros productos alcanzaron proporciones importantes, tal es el caso del

algodón, azúcar, carne bovina y cardamomo.

1.2 Características e impactos de 1986 a 1996

A partir de 1986, en un intento de estimular el mercado de tierras en el país, la

política agraria experimentó un giro al pasar a privilegiar la dotación de tierras por

medio de la compraventa voluntaria. Sin embargo, el marco legal permaneció sin

cambios, lo que no contribuyó con el nuevo esquema impulsado.

Por su parte, la política sectorial incorporó dentro de sus objetivos el desarrollo de

la agroindustria para expandir y diversificar las exportaciones provenientes del

sector; el incremento y la consolidación de la infraestructura básica de la

producción, especialmente los componentes de riego y caminos rurales; y, la

protección y manejo racional de los recursos naturales renovables. Asimismo, se

impulsó la modernización de la agricultura, a través de la promoción y

reorganización del Sector Público Agropecuario y de la movilización de recursos

provenientes de donaciones y préstamos concesionarios para la preinversión e

inversión.

Con base en los resultados del giro en las políticas agraria y sectorial, puede

concluirse que la estructura del sector agropecuario no sufrió mayores cambios y,

en general, no se lograron resolver los problemas relacionados con la forma de la

tenencia y propiedad de la tierra.

Los factores que impidieron alcanzar los objetivos trazados en este período son de

diversa índole. Algunos están ligados a la política macroeconómica, como la

existencia de controles de precios de varios productos alimenticios de origen

agropecuario. Ello deprimió los precios al productor, reduciéndose el ingreso real

del sector y, como consecuencia, aumento de la pobreza rural y mayor presión

sobre los recursos naturales. Asimismo, la existencia de impuestos a la

exportación afectó negativamente la competitividad de los productos

agropecuarios guatemaltecos en el mercado internacional.

Existieron también factores de tipo institucional que no permitieron catalizar el

desarrollo del sector. A pesar de que el Sector Público Agropecuario sufrió

transformaciones a lo largo de ese período, las instituciones que lo conformaban

no consiguieron insertarse funcionalmente en el nuevo contexto y perdieron

eficacia en su accionar. Una evidencia de ello es la distribución desequilibrada del

presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, así

como la baja capacidad de ejecución presupuestal, entre otros. Además, el

crecimiento desmedido de algunas instituciones del Sector Público Agropecuario

dificultó el control de calidad de los servicios prestados.

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Hacia el final del período, desaparecieron los controles de precios internos y los

impuestos a la exportación, disminuyeron las distorsiones en la asignación de los

recursos institucionales y aumentó

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