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Estado Empresario En Chile


Enviado por   •  16 de Junio de 2014  •  1.895 Palabras (8 Páginas)  •  348 Visitas

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EL ESTADO EMPRESARIO EN CHILE

EL ESTADO EMPRESARIO EN CHILE

El tema, hoy especialmente relevante debido al transitorio control estatal de una porción significativa del sistema financiero, se aborda dimensionando la magnitud alcanzada por el Estado socialista a principios de la década recién pasada. Posteriormente, utilizando algunas experiencias nacionales, se discute la importanciaque tiene la disminución del tamaño y la administración eficiente del Estado empresario para la existencia de una economía de merca- do que conduzca a una correcta asignación de recursos. Finalmente se procede a cuantificar el tamaño empresarial del Estado en un contexto histórico que permite apreciar de mejor forma su significación en la hora presente.

Mercado y Estado Empresario

A partir de 1973, con la caída del Gobierno de la Unidad Popular, se revierte el proceso aplicándose un modelo de economía mixta en el cual el mercado es el principal mecanismo para asignar recursos, y el Estado asume un rol subsidiario. Este vela por el bien común general procediendo a intervenir para corregir deficiencias del mercado, tales como la presencia de situaciones monopólicas y de externalidades no deseadas. Asimismo provee de bienes públicos, y de condiciones de bienestar mínimas para los sectores más necesitados. Esta estrategia de desarrollo económico conlleva el respeto por el derecho de propiedad y la iniciativa privada, estableciendo mecanismos reguladores cuya característica fundamental es la existencia de reglas generales para todos los sectores, utilizando sólo en circunstancias determinadas mecanismos de excepción. En este contexto se le define al Estado un rol empresarial minimo, reservándoselo en empresas caracterizadas por "su carácter estratégico o vital para el país" A raíz del rol señalado se inició un proceso de enajenación de empresas de propiedad de CORFO y otros organismos estatales y devolución a sus propietarios de las empresas requisadas o intervenidas. Asimismo, se definió un marco dentro del cual se deberían desenvolver las empresas estatales, en el cual destacan políticas como: la necesidad de que éstas se autofinancien y reditúen al Estado por la inversión que él ha efectuado; la libertad de precios; la eliminación de franquicias tributarias, arancelarias, etc.; la exigencia de que los proyectos de inversión tengan una rentabilidad superior al costo de oportunidad; la organización de las empresas en Sociedades Anónimas; y el financiamiento de los proyectos sin discriminaciones, tales como avales y créditos estatales. Los objetivos de las políticas mencionadas son lograr igual trato para la empresa privada y la pública, reduciendo así la posibilidad de utilizar a esta última con fines distintos a los propios: producir bienes y servicios y alcanzar una rentabilidad sobre el capital. Los gobiernos tienden a fijar objetivos dobles y contradictorios a las empresas estatales. Por un lado, que maximicen utilidades entregando excedentes que puedan ser utilizados en las funciones del Estado y por otro, que sirvan para satisfacer demandas de diversos grupos de presión ya sea a través de subsidios o bajos precios como mediante la compra o uso de más factores de producción que los necesarios. Es un hecho comprobado, y los estudios al respecto así lo señalan, que: "el Parlamento, los partidos, los ministros y otros funcionarios públicos, los sindicatos y empresarios tienen gran influencia en las empresas estatales, mayor que en las privadas". Además, al comparar los comportamientos de grandes conglomerados estatales concluyen que éstos "entregan subsidios sociales para beneficiar a determinados grupos a raíz de presiones de Gobierno y otras externas". El predominio del elemento redistribuidor de riqueza sobre el de eficiencia económica en la función objetivo que debe maximizar la empresa estatal, impide el desarrollo de los mercados a los cuales pertenece la correspondiente empresa. Asimismo, genera otros costos que se traducen en una disminución del bienestar general. Para profundizar en el tema creo conveniente utilizar la evidencia empírica que la historia económica de las últimas décadas nos ofrece, ya que a través de ella vemos nítidamente cómo el abandono del objetivo de eficiencia lleva a presiones inflacionarias, incorrecta asignación de recursos, redistribución regresiva del ingreso, monopolios, limitación a la iniciativa privada y en general a un menor desarrollo eco- nómico. Con ello se podrá apreciar en toda su magnitud cómo la política aplicada al Estado empresario en los últimos 10 años es esencial para la construcción de una economía mixta con un Estado moderno.

Regulación del Estado Empresario

Sin pretender efectuar un análisis de cuáles deben ser los elementos que aún faltan para completar el marco normativo que per- mita asegurar que las empresas públicas sean más eficientes y aseguren la libre operatoria de los mercados, enfatizaré algunas áreas del problema que considero vitales.

1. Separación de lo normativo con lo empresarial:

Aún subsiste una tuición a nivel ministerial de empresas que poseen gravitación en sus mercados. Esto sucede principalmente en los sectores transporte y minero. La mantención de esta situación es peligrosa si se desea sustentar en el largo plazo una política de eficiencia en la operación de los mercados. Ello porque, dadas las relaciones estrechas entre la empresa y el Ministerio (es responsable de la gestión de la empresa) se tiende a confundir lo normativo con lo empresarial, utilizándose a las empresas del Estado para ejecutar labores que no les corresponde o que no se financian. Esto genera presiones para otorgar a cambio regulaciones que favorecen a estas empresas en desmedro de sus competidoras privadas15. Ahora bien, si el Poder Ejecutivo desea que se desarrolle un proyecto que no es rentable privadamente pero sí socialmente, debe emplear el mecanismo de utilización de un subsidio para que éste se lleve a efecto. La clara separación de responsabilidades significa traspasar, a un organismo estatal que no posea funciones normativas, la tuición de la mayoría de las empresas debiendo éste especializarse en la evaluación y control de la gestión de los directorios y ejecutivos de cada firma

2. Transparencia de la información

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