FINANZAS PUBLICAS LATINO AMERICA

PRESUPUESTO, SEGÚN LOS ENSAYOS “FINANZAS PÚBLICAS EN AMERICA LATINA” Y “LA DICTADURA DEL PRESUPUESTO” DE CESAR GIRALDO Y “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOCAL” DE EDGAR GUERRERO

EDINSON RAUL PEREIRA FERRER

LEONARDO MONCADA

Ensayo sustento de la exposición

Dr. Edgar E. Guerrero

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

SEMINARIO FINANZAS PUBLICAS

BUCARAMANGA

2012

A través del documento del doctor Edgar Guerrero sobre Presupuesto Publico Participativo Local, hemos podido encontrar que la verdadera inversión social implica un extenso y transformador proceso de voluntad política donde los legisladores realmente le permitan a la comunidad la participación y aun a los mandatarios territoriales, cierta discrecionalidad para el manejo de los recursos inmersos en el presupuesto público.

Una vez hecho el breve estudio de las inflexibilidades, las formalidades y los compromisos y descontando del total del presupuesto municipal podemos observar que lo que queda para invertir, es en realidad muy poco, y nada significativo para colmar las necesidades cada vez crecientes de la población local. Y de la porción de recursos que al final del ejercicio quedan disponibles para ser asignados, una alta porción son destinados a hacer mantenimiento de la red de infraestructura física y de apoyo, sin el cual se correría el riesgo de generar un deterioro total de estos proyectos, generando en un mediano plazo la necesidad de asignar un mayor presupuesto para su mantenimiento, tal es el caso de las vías veredales, puestos de salud, obras de arte de baja intensidad, escuelas, etc. El resto quedaría para la ejecución de otros proyectos para la generación de desarrollo; apoyo al crecimiento económico, mejoramiento de convivencia social y otros proyectos de mejoramiento de la calidad de vida.

En este contexto se convoca a la comunidad para elaborar el presupuesto, sin capacidad de decisión real, lo que se constituye en una acción comunitaria para discutir y proponer solamente peticiones respetuosas a las autoridades locales con la remota esperanza y posibilidad de que sean incluidas en el presupuesto local

Esto nos deja ver la poca injerencia que se puede tener para destinar recursos para mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de aquellos sectores sociales discriminados que por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas y también se disminuye el Gasto Publico Social que es aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. (Art. 41 Estatuto Orgánico del Presupuesto).

Bajo la premisa que los mejores sistemas presupuestales son aquellos que son centralizados jerárquicamente, se ha establecido en Colombia y en Latinoamérica, un concepto que Cesar Giraldo retoma como “ la dictadura presupuestal”, dando a entender que existe un total manejo de las decisiones presupuestarias por parte del Ministro de Hacienda, Jefe del Tesoro o como se denomine, el cual toma como prioridad la sujeción a la programación macroeconómica “sugerida” por los organismos financieros internacionales, que se convierte en el principal criterio para la elaboración del presupuesto, y en este sentido las discusiones fiscales se concentran en el tema del déficit fiscal partiendo de la base de que el déficit es nocivo. Desde esta perspectiva la conclusión inevitable a la que se llega es la de que se debe reducir el déficit, y por tanto disminuir los gastos Públicos (incluyendo la inversión social y el gasto publico social) y aumentar los impuestos. Con este enfoque se evade la discusión política del Presupuesto, que es por donde se debe abordar el tema. Se evade el debate sobre a quién se le cobran los impuestos, y hacia dónde se dirigen los gastos, aduciendo una tendencia sociológica de la comunidad expresada por Buchanan en cuanto que el pueblo se resiste a pagar impuestos y demanda mayor gasto (Public choice)

De manera que en aras de la disciplina fiscal que propugnan el FMI, BID y BM, y de la estabilidad macroeconómica, los pueblos latinoamericanos han sido sometidos a programas de ajuste que atentan contra sus propios intereses. El Estado ha abandonado el compromiso de promover el desarrollo económico y social a través de políticas públicas y fiscal activas, y dejó esa tarea a las libres fuerzas del mercado: libres para el capital financiero que puede actuar sin ninguna cortapisa, opresoras para el pueblo, porque cualquier reclamo social en bienes y servicios públicos o en derechos sociales reales atenta contra la estabilidad fiscal y macroeconómica.

Es tal la crítica hacia las “reformas estructurales” que el mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial, critica el proceso promoviendo la la antiglobalización, argumentando que los países del primer mundo imponen las políticas del Consenso de Washington sobre los países de economías débiles, mediante una serie de organizaciones burocráticas supraestatales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de ejercer presión política y extorsión. Se argumenta además, de forma muy generalizada, que el Consenso de Washington no ha originado ninguna expansión económica significativa en Latinoamérica, y sí en cambio algunas crisis económicas severas, y la acumulación de deuda externa que mantiene a estos países anclados al subdesarrollo.

Para ampliar el conocimiento y entender el contexto, con respecto a estas reformas económicas, consideradas durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington D.C., vamos a presentar los diez puntos que John Williamson (economista ingles), en 1989 presento bajo su tesis “Lo que desde Washington se entiende por política de reformas” y hoy se conoce como las “reformas estructurales o Concenso de Washington”

1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit) y reordenamiento de las prioridades del gasto público (el gasto público debe concentrarse donde sea más rentable)

2. Reforma Impositiva (ampliar las bases de los impuestos y reducir los más altos)

3. Liberalización de los tipos de interés

4. Un tipo de cambio de la moneda competitivo

5. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras)

6. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas

7. Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales)

8. Desregulación de los mercados

9. Protección de la propiedad privada

10. Abandono por parte de Estado de la educación y de la salud que deben ser privatizados

Cabe subrayar que las reformas del Consenso, sin duda, no han logrado los efectos esperados. Se llegó a demostrar que el crecimiento efectivamente está ligado al comercio, pero que se debían dar incentivos para dicho comercio; además, la liberalización del comercio a veces deterioraba esos incentivos (apreciación cambiaria, por ejemplo). Mientras fue posible, se logró el crecimiento a través del comercio con incentivos tales como la reducción de los derechos a las exportaciones, un tipo de cambio más competitivo, la liberalización de las exportaciones antes que las importaciones (industrialización sustitutiva de importaciones), el mejoramiento de la infraestructura para el comercio exterior, y la creación de zonas francas.

Otra dificultad identificada, fue que las estrategias se centraron más en la eficiencia financiera que en ampliar la productividad y por ende el crecimiento, por lo que estas reformas verdaderamente no inducían el crecimiento. Además, si bien estas recomendaciones de política económica se planearon para crecimiento sostenido, no se resolvieron satisfactoriamente los fallos públicos y del mercado, que impiden acumular capital y aumentar la productividad.

Lo que resulta censurable es que, en los años 90, América Latina abogó por el Consenso de Washington. Se siguieron al pie de la letra las indicaciones de la reforma. La cordura monetaria redujo la inflación a un solo dígito prácticamente en todos los países. La disciplina fiscal redujo el promedio del déficit presupuestario del 5 por ciento del PIB al 2 por ciento aproximadamente, y redujo la deuda externa pública del 50 por ciento del PIB a menos del 20 por ciento. La apertura comercial hizo descender el promedio de aranceles desde más de 40 por ciento a casi 10 por ciento. La liberalización financiera se produjo de modo igualmente agresivo: se descartó el control directo de créditos, se desregularon las tasas de interés, se iniciaron regímenes de inversión externa directa, y se suprimieron los controles de cambios y de cuentas de capital. Bancos, plantas de energía, sistemas de telecomunicación, y hasta las redes viales y los servicios de agua y salud se vendieron al sector privado. Más de 800 empresas estatales fueron privatizadas entre 1988 y 1997. La aplicación de tales medidas varió de un país a otro, pero en términos generales, la índole y la intensidad de las reformas en América Latina en los años 90 superaron todo lo conocido hasta entonces. De ello resultó un incremento del flujo de capitales hacia la región,

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