FINANZAS PUBLICAS LATINO AMERICA

PRESUPUESTO, SEGÚN LOS ENSAYOS “FINANZAS PÚBLICAS EN AMERICA LATINA” Y “LA DICTADURA DEL PRESUPUESTO” DE CESAR GIRALDO Y “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOCAL” DE EDGAR GUERRERO

EDINSON RAUL PEREIRA FERRER

LEONARDO MONCADA

Ensayo sustento de la exposición

Dr. Edgar E. Guerrero

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

SEMINARIO FINANZAS PUBLICAS

BUCARAMANGA

2012

A través del documento del doctor Edgar Guerrero sobre Presupuesto Publico Participativo Local, hemos podido encontrar que la verdadera inversión social implica un extenso y transformador proceso de voluntad política donde los legisladores realmente le permitan a la comunidad la participación y aun a los mandatarios territoriales, cierta discrecionalidad para el manejo de los recursos inmersos en el presupuesto público.

Una vez hecho el breve estudio de las inflexibilidades, las formalidades y los compromisos y descontando del total del presupuesto municipal podemos observar que lo que queda para invertir, es en realidad muy poco, y nada significativo para colmar las necesidades cada vez crecientes de la población local. Y de la porción de recursos que al final del ejercicio quedan disponibles para ser asignados, una alta porción son destinados a hacer mantenimiento de la red de infraestructura física y de apoyo, sin el cual se correría el riesgo de generar un deterioro total de estos proyectos, generando en un mediano plazo la necesidad de asignar un mayor presupuesto para su mantenimiento, tal es el caso de las vías veredales, puestos de salud, obras de arte de baja intensidad, escuelas, etc. El resto quedaría para la ejecución de otros proyectos para la generación de desarrollo; apoyo al crecimiento económico, mejoramiento de convivencia social y otros proyectos de mejoramiento de la calidad de vida.

En este contexto se convoca a la comunidad para elaborar el presupuesto, sin capacidad de decisión real, lo que se constituye en una acción comunitaria para discutir y proponer solamente peticiones respetuosas a las autoridades locales con la remota esperanza y posibilidad de que sean incluidas en el presupuesto local

Esto nos deja ver la poca injerencia que se puede tener para destinar recursos para mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de aquellos sectores sociales discriminados que por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas y también se disminuye el Gasto Publico Social que es aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. (Art. 41 Estatuto Orgánico del Presupuesto).

Bajo la premisa que los mejores sistemas presupuestales son aquellos que son centralizados jerárquicamente, se ha establecido en Colombia y en Latinoamérica, un concepto que Cesar Giraldo retoma como “ la dictadura presupuestal”, dando a entender que existe un total manejo de las decisiones presupuestarias por parte del Ministro de Hacienda, Jefe del Tesoro o como se denomine, el cual toma como prioridad la sujeción a la programación macroeconómica “sugerida” por los organismos financieros internacionales, que se convierte en el principal criterio para la elaboración del presupuesto, y en este sentido las discusiones fiscales se concentran en el tema del déficit fiscal partiendo de la base de que el déficit es nocivo. Desde esta perspectiva la conclusión inevitable a la que se llega es la de que se debe reducir el déficit, y por tanto disminuir los gastos Públicos (incluyendo la inversión social y el gasto publico social) y aumentar los impuestos. Con este enfoque se evade la discusión política del Presupuesto, que es por donde se debe abordar el tema. Se evade el debate sobre a quién se le cobran los impuestos, y hacia dónde se dirigen los gastos, aduciendo una tendencia sociológica de la comunidad expresada por Buchanan en cuanto que el pueblo se resiste a pagar impuestos y demanda mayor gasto (Public choice)

De manera que en aras de la disciplina fiscal que propugnan el FMI, BID y BM, y de la estabilidad macroeconómica, los pueblos latinoamericanos han sido sometidos a programas de ajuste que atentan contra sus propios intereses. El Estado ha abandonado el compromiso de promover el desarrollo económico y social a través de políticas públicas y fiscal activas, y dejó esa tarea a las libres fuerzas del mercado: libres para el capital financiero que puede actuar sin ninguna cortapisa, opresoras para el pueblo, porque cualquier reclamo social en bienes y servicios públicos o en derechos sociales reales atenta contra la estabilidad fiscal y macroeconómica.

Es tal la crítica hacia las “reformas estructurales” que el mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial, critica el proceso promoviendo la la antiglobalización, argumentando que los países del primer mundo imponen las políticas del Consenso de Washington sobre los países de economías débiles, mediante una serie de organizaciones burocráticas supraestatales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de ejercer presión política y extorsión. Se argumenta además, de forma muy generalizada, que el Consenso de Washington no ha originado ninguna expansión económica significativa en Latinoamérica, y sí en cambio algunas crisis económicas severas, y la acumulación de deuda externa que mantiene a estos países anclados al subdesarrollo.

Para ampliar el conocimiento y entender el contexto, con respecto a estas reformas económicas, consideradas durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington D.C., vamos a presentar los diez puntos que John Williamson (economista ingles), en 1989 presento bajo su tesis “Lo que desde Washington se entiende por política de reformas” y hoy se conoce como las “reformas estructurales o Concenso de Washington”

1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit) y reordenamiento de las prioridades del gasto público (el gasto público debe concentrarse donde sea más rentable)

2. Reforma Impositiva (ampliar las bases de los

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