Función del paradigma que ayudará a mejorar la administración pública

UNIDAD 6

Dentro de la unidad nos encontramos el paradigma posburocrático visto desde la perspectiva histórica, este, ya no es la única fuente importante de pensamiento y debate de la administración pública; términos como cliente, calidad, servicio, valor, incentivo, innovación, autorización y flexibilidad son cada vez más comunes.

El argumento y la práctica se componen de paradigmas, para lo cual es necesario comprender las relaciones entre los diversos componentes del sistema. Comprender la estructura y función del paradigma ayudará a mejorar la administración pública.

Consecuentemente observamos el cambio de paradigmas, la transición del interés público a los resultados que aprecian los ciudadanos, con las reformas burocráticas el gobierno se pone al servicio público solo si el interés es honrado y eficaz; regularmente bajo la perspectiva de la entidad mencionada se obtienen resultados positivos, pero desde el punto de vista público no lo son.

El movimiento de gestión científica del siglo XX desarrolló una teoría en torno a las causas, la naturaleza y la importancia de la eficiencia basada en el progreso industrial en ese momento. Utilizaron el conocimiento de la gestión industrial para formar el concepto de gestión pública eficiente. El sistema de producción y gestión está concebido y operado por expertos que trabajan en la oficina de personal. Los principales pilares de un gobierno eficiente: reestructuración, sistemas contables, experiencia y control de costos, definiciones de funciones y responsabilidades e investigación concentrada en estimaciones presupuestarias. La palabra "eficiencia" debería eliminarse del diccionario de la administración pública. Debe apelar a conceptos interrelacionados: servicios, calidad y valor.

Los reformadores burocráticos teorizaban sobre el aporte de los servidores públicos a la administración de valor, señalaban que su propósito era resolver problemas públicos aplicando leyes de manera eficiente, esto ofrecía orden y credibilidad en el trabajo de los servidores públicos. La perspectiva que tenían del gobierno trataba sobre el control, que era necesario para una buena administración, siendo esta la base para cualquier organización, encargada de definir una cadena de mando, sin embargo, esto desviaba la atención de la administración de los sistemas de interdependencias entre subordinados y empleados al rendir cuentas con sus superiores. Este enfoque colocó a los medios de organización sobre el propósito de la estrategia organizativa. Una organización trabaja por el bien público, siendo así, los servicios son productos de una buena organización dentro de la administración.

La importancia de la justificación de costos a la entrega de valor tiene dos aspectos: el primero implica causar impacto o afecto externo, el segundo aspecto habla de la importancia que implica ser tomado en cuenta. El paradigma burocrático declaraba: la determinación del presupuesto era un proceso que desembocaba en los planes del gasto anual.  Desde una perspectiva posburocrática, se debe determinar lo que implican en la teoría y en la práctica estas afirmaciones y especulaciones. Así mismo, el paradigma burocrático señala que el curso de la acción o la inacción propuesto es congruente con las reglas y los procedimientos existentes. Desde un ángulo posburocrático, los argumentos asentados como premisas de acuerdo con las reglas y los procedimientos existentes se deben acoger con razonable grado de escepticismo.

Las dependencias staff centralizadas fueron la representación institucional de la visión de la reforma burocrática. Ponían en práctica los conceptos de eficiencia, administración y control. Las operaciones staff centralizadas, deben separar los servicios de control, construir el apoyo para las normas, ampliar la opción del cliente, alentar la acción colectiva, proporcionar incentivos, cuantificar y analizar resultados y enriquecer la retroalimentación en el contexto de todas las relaciones de trabajo.

El paradigma burocrático dice que las responsabilidades de los administradores públicos incluyen planificar, organizar, dirigir y coordinar. La planificación significa operaciones diarias más allá de cada función. Atribuye gran importancia a los argumentos en las deliberaciones sobre cómo deben definirse las funciones de los administradores públicos. Los administradores públicos no solo deben usar la combinación de conocimiento histórico y pensamiento posburocrático, sino también enfrentar el hecho de que muchos servidores públicos están inmersos en el paradigma burocrático. Deben encontrar una forma eficaz de superar la resistencia al cambio y dejar claro que el paradigma burocrático fue aceptable durante la mayor parte del siglo XX, pero los tiempos han cambiado.

Regresando al momento actual, hacemos énfasis en las agendas de gobierno las cuales son elementos con una gran importancia, no solo por el hecho de registrar y organizar las distintas políticas públicas, sino también porque permite analizar la importancia que tiene la participación social en su proceso de elaboración, en el ámbito político se vuelve un reflejo de la esfera de gobierno, mostrando los actores, valores e intereses que intervienen y no intervienen en su elaboración, y administrativamente determina sobre qué problemas se actuará, hacia dónde se desinarán los recursos y de qué manera se emplearán.

La agenda de gobierno delimita de una manera clara las áreas de trabajo en las que el gobierno decidirá trabajar, pues es claro que la atención del gobierno hacia los problemas es limitada y es complicado establecer prioridades debido a que el conocimiento de los problemas no es un dato a priori; un hecho social se acredita como problema público a atender a partir de que la sociedad así lo considera y reconoce a través de sus valores y creencias. Una agenda se puede dividir en dos formas, puedes ser publica o sistémica e institucional o gubernamental. La agenda pública se encarga de todas aquellas cuestiones que la mayoría de la comunidad política considera deben ser atendidas, mientras que la agenda institucional contiene aquellos asuntos que el gobierno finalmente decide atender. “El reto de la sociedad democrática es hacer coincidir, lo más posible, las dos agendas” (Caldera, 2012, pp.160), aunque en la realidad es un trabajo bastante complicado debido a que en ocasiones ambas agendas suelen ser bastante distintas o con muy pocas coincidencias. Para que un problema pueda incorporarse a la agenda pública debería contar con tres requisitos: El reconocimiento de un amplio sector de la comunidad, que se le identifique como un problema que debe ser atendido y que sea competencia de alguna agenda gubernamental. No obstante, en la practica la incorporación de los problemas no suele ser estructurado y organizado de esta manera, sino que se consideran factores tales como: Personas, problemas, soluciones y oportunidades de elección. Aquellos problemas que combinen estos cuatro elementos lograrán un espacio en la agenda. La participación social en la formación de la agenda implica una relación entre la sociedad y el gobierno. Pues no solo se trata de la intervención de las instituciones gubernamentales para la identificación y solución de los problemas, sino que se habla de una sociedad que participa activamente en la solución de problemas. De esta manera se pone en ejercicio la gobernanza, al ser concebida como el proceso que la sociedad, desde el centro del espacio público, sigue para definir sus valores y objetivos, así como definir la forma en que los materializará y logrará cumplir con ayuda de las instancias gubernamentales y actores privados. La participación ciudadana aporta legitimidad a la agenda de gobierno y los hace ser parte de la vida democrática, pero lograr una democracia fuerte implica realizar más acciones, además de la publificación del Estado, se necesita la democratización de la sociedad, entendiendo que los ciudadanos son individuos heterogéneos y por lo tanto coinciden con proyectos diversos; el descentramiento del Estado de la esfera pública  y la implementación de mecanismos de ampliación participativa que permita a los ciudadanos realizar críticas a las acciones del Estado y participar en la deliberación pública, contribuirán a construir una democracia solida en la que exista el ejercicio del poder por parte de sujetos de la sociedad civil y así aliviar un poco de la crisis de la democracia representativa. Una ciudadanía política no se logra únicamente al institucionalizar espacios públicos para que funcionen como interfaces entre el Estado y la sociedad, se requiere ampliar los espacios de participación, buscando acercamiento con los sectores asociativos e incentivando la participación de los ciudadanos no organizados. Fomentar la cultura de la participación también es de vital importancia, procurando educación democrática y participativa desde las instituciones, el sistema educativo y los medios de comunicación. Es un hecho que la participación ciudadana tiene mayor probabilidad de suceder en el ámbito local debido a que son las instituciones más cercanas para solucionar problemas que les afectan de una manera más directa. Se han implementado diversos mecanismos que incentivan el interés, entre los que encontramos: mecanismos de consulta a las comunidades, con representación territorial o sectorial; mecanismos deliberativos, en el que existe la reflexión y dialogo entre ciudadanos para la definición de agendas; y los mecanismos de democracia directa, que ayudan a extender la participación y llegan a los más pobres. No todos los mecanismos son perfectos y funcionan de la mejor manera, se debe buscar el más adecuado de acuerdo con la organización o los temas que se buscan abordar.

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