La Racionalización Administrativa en el sector Publico: Ley, objetivo, propósito, etc

 La Racionalización Administrativa en el sector Publico: Ley, objetivo, propósito, etc.

La racionalización administrativa es entendida como la asignación precisa en las funciones, un proceso de optimización y mejora de la gestión de recursos y los procesos en la administración pública, se encarga de crear estructuras adecuadas para la simplificación de los tramites y procedimientos, así como eliminar las barreras burocráticas para así crear una coherencia en el conjunto del ejercicio administrativo.

La racionalización según Garcia, (2007) es aplicable a diversos aspectos de las actividades institucionales, especialmente cuando son actividades de organización, personal, empleo de maquinarias y equipo espacios o ambientes, reducción del tiempo etc. Todo ello en una búsqueda de reducir los costos en la producción e incrementar la eficiencia en las gestiones de carácter administrativo para evitar desordenes y paralización de las funciones.

Entre los objetivos de la racionalización publica se encuentran:

Mejorar la calidad de los servicios públicos

Optimizar la asignación y el uso de los recursos públicos, a fin de evitar la duplicidad de funciones y reducir el gasto publico

Fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones públicas, mejorando la eficiencia y eficacia de sus procesos administrativos.

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión publica

En el Perú la racionalización administrativa esta regulada por la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que establece las bases y principios para la gestión pública en nuestro país a si facilitar la coordinación y articulación entre los sistemas administrativos

El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; propiciar la simplificación administrativa; promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; el gobierno abierto; la coordinación interinstitucional; la racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado; y la búsqueda de mejoras en la productividad y en la gestión de procesos; la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento, hacia la obtención de resultados.

Los principios por los que se rige el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública son los siguientes:

Orientación al ciudadano: Las intervenciones de las entidades públicas, según su naturaleza, se diseñan e implementan a partir de la identificación de las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Orientación a resultados: Las entidades realizan intervenciones públicas para resolver un problema público o de gestión interna y evalúan sus resultados para mejorar sus bienes, servicios o regulaciones.

Eficacia y eficiencia: Las entidades públicas orientan su actuación hacia el logro de objetivos institucionales y el manejo racional y óptimo de los recursos, eliminando la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones.

Flexibilidad: Las entidades públicas adaptan su organización y procesos para responder.

Simplicidad y armonización: Las entidades públicas que establecen reglas para el funcionamiento y gestión de la administración pública, lo hacen buscando la simplicidad en las reglas y su operación armónica con las regulaciones emitidas por otras entidades rectoras de políticas y sistemas.

Reconocimiento de la heterogeneidad: Al legislar sobre el funcionamiento, operación y gestión de las entidades públicas se reconoce la heterogeneidad de las mismas, procurando la razonabilidad de las exigencias que se imponen a la administración.

En los últimos años, en nuestro país, la racionalización administrativa se ha convertido en una prioridad promoviendo medidas como la eliminación de entidades publicas que no cumplen con los estándares de eficiencia y calidad en su gestión, así como la simplificación de procesos y la implementación de tecnologías y sistemas de información para optimizar la gestión de los recursos públicos.

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