Ley Orgánica Del Arrendamiento

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY PARA LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA. GACETA OFICIAL 6.503 EXTRAORDINARIA DEL 12/11/2011

Objeto

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco de la novedosa legislación y Política Nacional de Vivienda y Hábitat como un sistema integrado, dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia del Modelo Capitalista explotador y excluyente; con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población; contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano; y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, cumpliendo el mandato de refundación de la República, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Fines Supremos en materia de arrendamiento

Artículo 5°. La regulación jurídica y las Políticas Públicas en materia de arrendamiento, persiguen como Fines Supremos:

1. Promover el arrendamiento socialmente responsable, como vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vivienda digna y adecuada para todas las personas y familias; de conformidad con la Constitución, las leyes y Políticas Nacionales en materia de vivienda y hábitat, como parte de un sistema integrado, orientado a responder a la crisis de vivienda que vive nuestro pueblo.

2. Garantizar que las familias y las personas no pasen más de 10 años en condición de inquilinas, promoviendo la disminución progresiva de este plazo; a través del acceso de las arrendatarias y los arrendatarios a la propiedad de las viviendas conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la materia, y en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, dando prioridad a aquellas familias que se encuentren en riesgo vital, y las que tengan mayor número de años viviendo en condición de inquilinas por no tener vivienda propia.

3. Generar un marco jurídico y Políticas Públicas para el establecimiento de relaciones arrendaticias justas, para el bienestar social y seguridad jurídica de las partes en la relación arrendaticia. Estableciendo y garantizando deberes y derechos de arrendadoras, arrendadores, arrendatarias y arrendatarios como sujetos beneficiarios y corresponsables del Sistema Público para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda.

4. Brindar protección especial por parte del Estado, con la corresponsabilidad de la sociedad, a las familias y personas que viven en condición de inquilinas, siendo considerado un sector vulnerable en tanto no tenga acceso a la propiedad de la vivienda; especialmente cuando sea manifiesta la condición de débil económico y por ende jurídico; susceptible de soportar relaciones de explotación, discriminación o sometimiento para acceder a una vivienda transitoria. Promoviendo igualmente, la protección de las pequeñas y los pequeños arrendadores que respondan a la condición de débiles económicos y jurídicos.

5. Promover una política de seguridad social del inquilino y la inquilina, complementario a la Política Habitacional que hace parte de la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras. Estableciendo a su vez políticas de protección a las pequeñas arrendatarias y los pequeños arrendatarios responsables, que puedan verse afectadas o afectados en una relación arrendaticia por incumplimiento o incapacidad económica del inquilino o inquilina de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana

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