Politica Fiscal

La política fiscal que actualmente el Gobierno Federal lleva acabo comprende el uso deliberado de impuestos, gasto público y operaciones de la deuda pública para influir sobre la actividad económica.1 Esta política fiscal se integra principalmente por tres conceptos básicos que son: política de ingresos, política de gasto y técnica fiscal. La política de ingresos tiene que ver con la forma en que el gobierno federal financia el gasto público, y para ello tiene tres formas de hacerse llegar de recursos a través de: recaudación de impuestos, endeudamiento interno o externo y emisión de papel moneda (Araujo, 2005, p.57).

Pérez de Ayala, citado por Faya (1999, p.139), afirma que, la única razón que explica la existencia como presupuesto de una obligación tributaria, de hechos aparentemente indiferentes, pero todos con la común naturaleza económica; es la única razón que explica la graduación de impuesto, según la unidad económica del presupuesto de hecho; es el único concepto que representa un puente entre la ley y el hecho imponible. Por eso, según dicho autor, se puede identificar el concepto de capacidad contributiva con el de causa jurídica del impuesto.

Faya (1999, p.324), señala que lo fundamental radica en la idea de que toda “política fiscal” no debe enmarcarse o derivar de una concepción neutral de la Hacienda Pública; pues ello significaría contemplar la política de ingresos y de gastos públicos puesta al servicio de la obtención del individual equilibrio financiero del Estado, omitiendo el problema de mayor importancia, y que es precisamente el equilibrio de la totalidad de la economía nacional. Por estas razones, señala el autor, toda política fiscal tendrá necesariamente que concebirse como un instrumento de intervención económica, si se nos pudiera señalar uno de los elementos más esenciales y determinantes del sistema mexicano de Economía Mixta, sin la menor duda diríamos que ese elemento seria precisamente la necesidad permanente de hacer de la “política fiscal del Gobierno Mexicano” un poderoso instrumento de intervención económica, con la decidida finalidad de responder a las exigencias de la economía mexicana en su conjunto.

Hines, citado por Álvarez Alcalá (2010, p.342), sostiene que las decisiones de política fiscal resultan en costos para el Estado y los contribuyentes, el Estado tendrá que generar un aparato que recaude contribuciones, supervise el cumplimiento de los contribuyentes y, en general, realice cualquier actividad relacionada con la administración y el cobro de impuestos (incluidos los litigios). Al causante le genera un costo total compuesto por los costos directos (que son las cantidades que paga al Estado y los costos en los que incurre para calcularlas) y los costos indirectos relacionados con la realización de actividades ineficientes como respuesta a los impuestos. Estos últimos costos tienen que ver con el hecho de que el sistema fiscal cambia las decisiones económicas de los contribuyentes.

Margain Manautou (2004, p.14), señala algunos de los objetivos de la política fiscal y el principal es la captación de los recursos económicos necesarios para la satisfacción del gasto público, que este se cubra en la mayor medida posible con recursos fiscales es el ideal, pues no podemos negar que cuando las necesidades superan a los ingresos debe recurrirse al crédito sea interno o externo, esta ultima forma de financiamiento del gasto público debe aceptarse con ciertas reservas, pues no puede desconocerse que el peso derivado del crédito vale 100 menos los intereses, además, una sana política económica es cuando el gasto publico descansa en los recursos tributarios y en pequeña proporción en el recurso crediticio. Si el Estado recurre en gran medida al crédito interno ello puede afectar al sector privado, pues la banca le restringirá a este sector créditos por falta de moneda que prestarle y como consecuencia, el sector privado disminuirá sus inversiones con perjuicio de la tributación.

En la actualidad, tan grave es pagar impuestos de más como pagar impuestos de menos por desconocimiento de las leyes fiscales, ya que ambas situaciones repercuten de manera importante en la situación financiera de las empresas. En este sentido, no únicamente existen obligaciones para los contribuyentes, sino también derechos que las mismas leyes fiscales establecen, y saberlos manejar estratégicamente redunda en beneficios financieros para las empresas, por lo tanto el pago de los impuestos deben conducirse con una visión financiera.

En este sentido, Núñez Miñana (1998, p.13), señala que los objetivos de la política fiscal en su actividad, el Estado se propone diversos fines, algunos de estos pueden obtenerse sin recurrir deliberadamente al proceso ingreso-gasto como instrumento principal de su política, en rigor, la consecución de la mayor parte de los fines del Estado moderno requiere la realización de erogaciones monetarias y por lo tanto la obtención de recursos para hacer frente a ellas. La forma concreta en que el Estado determina el monto total y la composición de las erogaciones y de los recursos expresa la política fiscal adoptada. En este sentido, el mismo autor manifiesta en su obra que en la política fiscal pueden proponerse diversos objetivos y los más relevantes son:

1. Satisfacción de las necesidades sociales

2. Correcciones en la asignación de recursos

3. Redistribución del ingreso

4. Estabilización de la economía

5. Desarrollo económico

6. Independencia nacional

7. Equilibrio territorial

Bettinger (2002, p.30) afirma que las personas consideran a los gravámenes como un mal necesario que deben aceptar a fin de que puedan ser prestados los servicios públicos deseados sin utilizar otros métodos de financiamiento menos aceptables. La actitud hacia el nivel general de tributación y el aumento de los impuestos depende, por supuesto, de la actitud sobre la conveniencia de los programas gubernamentales y de aquella con respecto al propio gobierno.

Álvarez Alcalá (2010, p.342), sostiene que aunque hay muchos criterios para analizar un sistema fiscal, generalmente se utilizan los de eficiencia, equidad, simplicidad y posibilidades de administración (este último, desgraciadamente, en menor medida en países como México). En todo caso, debe tenerse en mente que el diseño del sistema fiscal implica una decisión entre los distintos objetivos. Lo anterior obedece a que resulta imposible diseñar un sistema fiscal que privilegie todos ellos.

Una forma de coadyuvar a la generación de la liquidez es con la reducción

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