Proceso de Modernización del Estado y de la Gestión Pública en Chile

Introducción

Hace ya una década Claudio Orrego i señalo que existe consenso nacional respecto a tres

cuestiones centrales del proceso de Modernización del Estado y de la Gestión Pública en

Chile:

a) La modernización está en marcha

b) La modernización es una política pública;

c) Se requiere un consenso político y social para una segunda generación de reformas

en éste ámbito.

Este proceso supera la concepción reduccionista que limita la modernización a la reforma

económica (apertura de la economía, desregulación de los mercados y privatización de

empresas públicas), e incorpora las dimensiones política y social.

Respecto a lo político se “entendió que un Estado moderno debe ser profundamente

democrático”.ii

Para ello se proponen y articulan una serie de políticas que van desde la reforma

municipal a la reforma de la justicia penal, pasando por la instauración de los gobiernos

regionales y la creación de mayores espacios de participación ciudadana.

A su vez en el ámbito social se fortalecen y mejoran las políticas sociales clásicas y se

incorporan nuevas políticas y su institucionalidad (minorías, desarrollo urbano y medio

ambiente, entre otras).

De acuerdo a las recomendaciones explicitadas en el Consenso de Washington, los

países latinoamericanos implementaron procesos de reforma y modernización del Estado

con énfasis en la dimensión económica y en la racionalización del aparato administrativo:

“Se recomiendan dos conjuntos de medidas, tendientes unas a promover la estabilidad a

través de políticas orientadas por los mecanismos del mercado; y otras a reducir el

tamaño del Estado y su grado de intervención en la Economía”. iii

2Sin embargo en nuestros días la modernización del Estado no es sólo una cuestión

relacionada con su tamaño, quizás es lo menos importante del proceso. Por el contrario,

el Estado debe asumir la regulación de los mercados, el funcionamiento de regímenes

cada vez más democráticos, la provisión de bienes públicos y la revisión del aparato

público en sus características y funciones esenciales, desde una nueva perspectiva. “Se

esta produciendo un cambio en la forma en que se concibe la reforma y modernización

del Estado. De un enfoque que se limitaba a la dimensión económica y a la eficiencia del

aparato estatal, se está pasando a otro que, sin descuidar los anteriores, incorpora

nuevas preocupaciones. Entre ellas destacan el progreso de la democracia, el aumento

de la capacidad de gobernar, la construcción de Estados de derecho pleno y el

mejoramiento de la dimensión social del Estado que lo oriente hacia una mayor equidad”.iv

Esta nueva perspectiva incorpora cambios, nuevos paradigmas al concepto y quehacer

del Estado que podemos reconocer en los siguientes ejes:

Eje 1: Cambios en la concepción del Estado (de productor a regulador)

Eje 2: Cambios en la relación con los gobernados (de súbditos a ciudadanos)

Eje 3: Cambios en los paradigmas de gestión (del proceso a los resultados)

A lo largo de las páginas del presente trabajo reflexionaremos en torno a cada uno de

ellos.

Eje 1: Estado Regulador:

Claro está que el Estado interventor dejó de ser un modelo válido en Chile desde el

quiebre democrático del año 73 y la creciente incorporación de los postulados

neoliberales de la economía y del rol del Estado. Tanto desde los mismos sustentos del

régimen militar como de los postulados de la transición chilena a la democracia se ha

aceptado esta condición y todos, unos más que otros, avalan hoy en día la idea del

Estado regulador.

Este se caracteriza por replegar la función productiva del Estado y reconocer al mercado

como mecanismo de asignación eficiente de recursos; y, por la internacionalización de la

economía como un elemento dinamizador. Sin embargo también se considera que el

mercado, dadas sus fallas, distorsiones y asimetrías, no es suficiente para desarrollar una

economía eficiente y dinámica y proteger el bienestar social.

Por ello se hace necesaria la regulación. En el juego económico el mercado desarrolla sus

propios criterios y aumenta su autonomía “pero la política le pone los límites y establece

las reglas institucionales”v

El Estado deja de ser un agente económico que participa directamente en la economía y

pasa a ser un constructor de institucionalidad (Muñoz, 1993).

Así, a través de la regulación, el Estado no se minimiza ni se excluye como agente

económico y promotor del bien común, sino que desarrolla un sistema de señales hacia

los agentes privados y públicos “a fin de que estos orienten sus iniciativas dentro de la

institucionalidad

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