Discapacidad

Educación Discapacidad e discriminacion

Estamos acostumbrados a pensar la discapacidad como una condición en sí misma, obviando que se trata de una condición relacional, un producto en el cual una limitación funcional queda sancionada por la sociedad como una desviación de escaso valor social (González Castañón, Diego, Déficit, diferencia y discapacidad). Para que cierta limitación funcional sea denominada como discapacidad, deberá cumplir con dos requisitos: a) ser minoritaria y b) presentarse en un área valorada por la cultura donde el individuo vive. Puede que, en el país de los ciegos, el tuerto sea rey. Pero en ese caso, los ciegos no serían considerados discapacitados.

Esta introducción nos posibilita pensarla como proceso que depende del imaginario social, sostenido por mecanismos ejercidos por una instancia de poder dentro del marco social: la familia, la escuela, la medicina, etc. Por supuesto, no son los únicos agentes responsables. Pero lo verdaderamente importante a los fines de este artículo, es de-construir estos mecanismos devenidos naturales. ¿Cómo lo logro? Mediante el sostenimiento del paradigma del déficit, que posibilita comparar cuantitativamente a las personas con limitaciones funcionales, con un patrón o modelo sancionado como “normal” (como mayoría, como convención o como modelo enunciado por la autoridad).

Estamos frente al paradigma del déficit, cuando escuchamos hablar de compensar, reemplazar, dar lo que falta y como contrapartida, las personas con discapacidadtolerando, agradeciendo, sometiéndose a lo ofrecido. Palabras como inválido, lisiado, tullido, mutilado, incapacitado, impedido, deforme, idiota, tarado, han trazado épocas y denotado significaciones sociales respecto de lo que hoy llamamos “discapacitado”, que implica un progreso del pensamiento occidental de los últimos decenios, versus aquellas denominaciones de clara orientación negativa, de anulación, de afirmación del déficit.

La propuesta conceptual de los últimos años es animarse a pensar la discapacidad desde la diferencia, lo que inmediatamente nos zambulle en las diferencias de cultura, de pertenencia, nada que tenga que ver con lo que falta con respecto a lo normal. “Diferente” reconoce raíces en el latín diferens: dos caminos. Condición cualitativa de un sujeto que va por otro camino.

En la cultura malinké, por ejemplo, la diversidad es un VALOR que significa interacción para el beneficio mutuo, mientras que en algunas sociedades occidentales, la diversidad aún resulta un ANTI-VALOR, temible por su impronta de heterogeneidad, inherente a cualquier sociedad que se proclama democrática y moderna.

Y de un desafío se trata. De brindar los apoyos que las personas con limitaciones funcionales necesitan para tener las vidas que ellos quieran tener y puedan sostener. Pensar en apoyos nos posibilita pensar la discapacidad no sólo con aquello de lo que se carece sino con lo que las personas pueden, pudieron y podrán y no intervenir para suplir faltas, sino brindando desde el entorno, la ayuda necesaria para vivir. Se trata de pensar en apoyos y niveles de apoyo para

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personas que requieren ALGUNAS ayudas durante ALGÚN tiempo en ALGUNAS áreas.

Una persona con discapacidad tiene derecho a hacerse a sí misma y a operar su propia realización, así como a desarrollar sus dinamismos fundamentales dentro de la sociedad. Desde aquí, todo abordaje de la discapacidad que obvie esta dimensión relacional dentro de una determinada sociedad y que evite el nombrar apoyos sustituyéndolos por reemplazos o compensaciones, será considerado acto discriminatorio.

La educación como derecho.

Es indiscutible la vital acción del Estado como garante del bien común y como guía de qué espera de cada uno de los miembros de la sociedad, en el marco de sociedades que creen “estar avanzando” hacia no se sabe muy bien qué tipo de mundo, rigiéndose dogmáticamente por los instrumentos del libre mercado.

Es por eso –y no por casualidad- que en el concierto mundial, surgieran los tres documentos básicos que definen los derechos de los niños y las niñas con discapacidad en la región: la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por Razones de Discapacidad y las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.

Tomándolos en conjunto, describen lo que podría llamarse un “régimen de derechos” para los niños y niñas con discapacidad. Cada uno de ellos contribuye a la comprensión de estos derechos. Aunque no son de cumplimiento obligatorio, pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. La finalidad de estas normas, es garantizar que tanto niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad, puedan gozar de los mismos derechos y deberes que los demás.

Para que estos derechos puedan convertirse en derechos de hecho, debe darse una combinación de leyes, políticas públicas y programas. En países como el nuestro, implementarlas incluye el ajuste de las necesidades a los recursos públicos disponibles (siempre insuficientes para cubrirlas y generalmente desviados –cuando los hay- hacia otros puertos). Pero el círculo se completa con los medios que la política encuentra para movilizar el apoyo de la comunidad como una manera de sobrepasar los obstáculos.

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La eliminación de la discriminación en leyes y reglamentos es necesaria pero no suficiente. Estos instrumentos deberán ser producto de un profundo debate y diagnóstico social y ser traducidos finalmente en regulaciones y políticas ministeriales, planes y programas.

El contrapunto de la discriminación: la inclusión-integración.

La integración es un proceso. Como tal, pueden y deben diferenciarse fases con autonomía relativa y dependencia funcional. El primer y fundamental eslabón (especialmente tratándose de la discapacidad

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