HOGAR DE PASO LA ENSENADA

CASO 1.

HOGAR DE PASO LA ENSENADA

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR.

Rosario Mena.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADOR.

     Mujer de aproximadamente 35 años de edad, casada, con hijos, la cual manifiesta haber cursado estudios básicos en enseñanza, con experiencia laboral de 5 años como madre comunitaria y actualmente se desempeña como directora  del hogar de paso la ensenada.

ACTORES DE LA PROBLEMÁTICA.

Población afectada: Población del alto Chocó con evidente grado de vulnerabilidad, de estrato 1 y 2, específicamente 40 niños menores de seis años del hogar de paso la Ensenada.

Características de la Población:

Padres de familia: padres de familia están ubicados en estrato 0, 1, 2 dedicados al sector primario de la economía: agricultura, ganadería, minería y ecoturismo.

Estudiantes: En su gran mayoría oriundos del municipio, en edad de 6 años.

Docentes: El cuerpo de docentes es vinculado a través del Instituto de Bienestar Familiar ICBF, mediante el programa de madres comunitarias. Siendo oportuno indicar que en su mayoría son oriundos de la región, por lo cual se fomenta la identidad cultural.

Grupo de Intervención: Estudiantes del programa de psicología y trabajo social de la Universidad del Chocó.

Profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, profesores, líderes de la comunidad. Los profesionales son la pieza clave de este plan pues con ellos se pueden idear diversas estrategias que contribuyan a mejorar las diversas tenciones que se presentan en la comunidad.

Entidades del estado: ICBF, alcaldía.

PROBLEMÁTICA.

      En la región, millones  de niños viven el fenómeno de la pobreza de manera directa. Son huérfanos o abandonados, debido a las condiciones de violencia o por la decisión de sus padres. Uno de los problemas que más los aqueja es el de las condiciones de salud en las que viven; desnutrición, poca prevención y vacunación. El caso describe la identificación, evaluación y diagnóstico de una población infantil en alto estado de vulnerabilidad del Choco; a la cual se le han negado los derechos básicos, donde se evidencia abandono por parte de los entes del estado y su falta al compromiso planteado en el marco de la protección integral establecida en la convención de los derechos del niño, la constitución política de Colombia y la ley 1098 de 2006 (Código de infancia y adolescencia). Que representan la garantía efectiva y el desarrollo integral de más de 16 millones de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, implican el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta el contexto sociocultural, demográfico, etnográfico; así como el entorno ambiental y el impacto del conflicto armado en el estado físico y mental del menor.

ETIOLOGÍA.

     El choco es uno de los departamentos con mayor diversidad de recursos naturales y minerales que tiene nuestro país, pero es a la vez el departamento con mayor índice de pobreza; con un evidente deterioro social, económico y cultural, situación que ha llevado a sus comunidades a padecer gran atraso socioeconómico, donde la falta de inversión e intervención pública, las escasas y deterioradas vías impiden el acceso y salida de bienes y servicios a la región. Es por estos factores que en este departamento se presenta el mayor índice de hogares con necesidades  básicas insatisfechas, tales como inaccesibilidad a educación, vivienda digna, salud, recreación, deporte, trasporte, servicios públicos adecuados; condiciones que afectan negativamente el desarrollo y bienestar de los individuos, dejando a las comunidades sumergidas en un estado de subdesarrollo y pobreza. En esta perspectiva, no podemos dejar sin mencionar el conflicto armado y los altos niveles de violencia a los que han estado expuestos estos individuos, por supuesto, los actores armados son unos de los protagonistas de las problemáticas de esta región, pues no podemos desconocer su alcance, ya que controlan los hilos de las comunidades. Y por qué no decirlo, es cierto que ellos son los generadores de pobreza más grandes del país, sin duda se han convertido en los subyugadores de los más vulnerables, ya que el desplazamiento generado por la violencia solo trae consigo pobreza, abandono y hambre.

     De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en contexto con el caso de estudio se establece que las condiciones de los niños del hogar de paso la ensenada son efecto de la situación socioeconómica, sociocultural y las dinámicas político militares de la región. Siendo la pobreza extrema el generador de vulnerabilidad, como efecto del impacto negativo del contexto ambiental, social y cultural en el que estos individuos desarrollan el ciclo vital. En este sentido, se comprende que como efecto secundario de la violencia está la pobreza, que en su extremo alcance conduce a la emergencia de psicopatologías producto de las experiencias negativas a las que están expuestos estos individuos, tales como estrés postraumático, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas y todo tipo de conductas antisociales asociadas a el abandono, la pobreza y la desigualdad.

CAMPOS DE ACCIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURIDICA.

PSICOLOGÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA.

Centra sus acciones en el abordaje con niños, niñas y adolescentes, así como lo respectivo al derecho de familia.

¿POR QUÉ SE PUEDE ABORDAR DESDE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA?

      En la práctica desde la psicología jurídica, en relación al que hacer de la psicología y las leyes se comprende que esta permite estudiar las situaciones donde el individuo infringe las leyes establecidas por el estado y la sociedad, pero a su vez, esta disciplina valora las causas que influyen en el actuar creando las estrategias eficaces y viables para la prevención y promoción, con el propósito de evitar o disminuir los factores de riesgo generadores de las conductas anormales o antisociales.

      Desde el contexto de la problemática abordar el trabajo de la psicología del menor y la familia se vincula a la defensa de los menores en relación a la vulneración de los derechos fundamentales. Donde se considera pertinente abordar temas como la pobreza extrema, la adopción, el abuso sexual, el abandono, la violencia contra el menor, la desnutrición y el desplazamiento; que efectivamente son las causas de las emergentes problemáticas en salud pública asociadas a enfermedades mentales, que afectan al individuo y a la sociedad en general.

      En este orden de ideas, los profesionales en psicología, desempeñan una labor fundamental a la hora de diseñar y ejecutar programas de intervención psicosocial en los hogares de paso o centros de acogida y / o internamiento para menores del estado, donde el abordaje más centrado se vincula al restablecimiento de los derechos del menor donde se garantice el bienestar general mejorando su calidad de vida.

ACCIONES A DESARROLLAR DESDE LA PSICOLOGÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA.

1. Apoyo autoridades administrativas competentes para el restablecimiento de derechos.
2. Hacer diferenciación y claridad frente a la evaluación clínica en comparación con la valoración con fines judiciales o administrativos, estos últimos coincidentes solo con el alcance pericial y procedimental de las intervenciones dentro del PARD, más no en los objetivos finales desde lo forense pues allí se actúa en función de la comisión de un delito y desde las autoridades administrativas dentro del PARD se actúa en función del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su Guía de las acciones del equipo técnico interdisciplinario para el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, establece que  la psicología centra el campo de acción en el continuo de evolución en los seres humanos que se “inicia desde el nacimiento y está presente a lo largo de toda una vida con la existencia de cambios y funciones que no se detienen, sino que van orientándose a  niveles de mayor complejidad” (Solís, citado por Torres, 2006), el cual es definido como “cambios de estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y del comportamiento, que emergen de manera ordenada y son relativamente permanentes” (Mussen et al, 1995). Las áreas de desarrollo serán entendidas como pautas y líneas orientadoras, pero su definición y práctica, deben validarse según el énfasis conceptual del psicólogo de ICBF que está interviniendo y debe hacer visibles las categorías evaluadas, dejando claras las respectivas referencias conceptuales. De esta manera, la intervención psicológica se manifiesta como toda actividad planeada, sistemática y coherente, realizada por un profesional en psicología, el cual aplicara los principios, procedimientos, técnicas e instrumentos con el propósito de evaluar, diagnosticar, orientar, a nivel individual, grupal, comunitario o social, en aras del beneficio del ser humano y su contexto.

En este orden de ideas, se considera que toda intervención de la psicología jurídica debe estar orientada al bienestar general de las personas, en este caso de los menores en el restablecimiento de sus derechos. Por lo tanto, debe estar sujeta a una evaluación que demuestre el impacto que esta tuvo sobre los mismos. Así comprobar la eficacia o en su defecto aportará datos del que hacer de los efectos de la intervención.