Problemas psicosociales, identificación de factores de riesgo y protección
Maria Beatriz ZavalaMonografía7 de Junio de 2020
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Índice:
INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 2
Marco conceptual........................................................................................................... 2
1.1 Violencia contra la mujer: ............................................................................. 7
Factores de riesgo.......................................................................................................... 7
2.1 Ciclo de la violencia: .................................................................................... 8
Factores de protección................................................................................................. 10
Estado de la problemática en Ecuador......................................................................... 11
Porcentajes................................................................................................................... 13
Conclusiones................................................................................................................ 14
Referencias.................................................................................................................. 15
Tema
Problemas psicosociales, identificación de factores de riesgo y protección.
Introducción
Tras una revisión general y el levantamiento de información sobre los problemas psicosociales que afectan nuestra sociedad a nivel mundial y local, este trabajo procurará exponer y brindar conclusiones personales sobre una problemática específica: La violencia contra la mujer en el Ecuador.
En este último tópico, el contexto general de este trabajo abarcará datos sobre los factores de riesgo y de protección, el estado de la problemática en el Ecuador y las cifras: incidencia, género y edad, para finalmente aterrizar conclusiones en un diagnóstico correctamente fundamentado.
Marco conceptual
De acuerdo a la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados), entre los principales problemas sociales que afectan al mundo actualmente se encuentran: El hambre, la pobreza, el racismo, los conflictos y la violencia de género.
De manera particular los problemas sociales que afectan a nuestro país sufren impactos de igual proporción: Existe desigualdad económica marcada por ende existe hambre y pobreza, existen conflictos marcados por un contexto político inestable y finalmente tenemos la violencia, de manera particular la violencia contra la mujer ecuatoriana.
La violencia contra la mujer es un problema que afecta a la sociedad haciendo que se incrementen las inequidades de género. Por esto, diferentes organizaciones e instituciones internacionales, nacionales y locales han adoptado medidas y estrategias para la intervención de esta problemática. Este estudio denominado “Efectos de la judicialización en los casos de violencia contra la mujer: Desde una perspectiva de los equipos técnicos y las víctimas", intenta conocer el impacto de la judicialización de los casos procesados por las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y/o miembros del núcleo familiar.
El Ecuador es suscriptor de todos los acuerdos multilaterales para la promoción de los derechos de las mujeres. En 1980 como primer paso en la lucha de estos derechos, el país pasa a formar parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. Este hecho “establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción concreto para los Estados Partes (…)” (Naciones Unidas, 1981).
A partir de esto en el Ecuador se empieza a visibilizar “la violencia como un problema de salud pública y se logra que tenga un tratamiento a nivel político” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018, pág. 2). Al unísono se abrió paso para que en 1994 se crearan las Comisarías de la Mujer; las cuales cumplían el objetivo de “sancionar la violencia intrafamiliar, problemática social que a diario se registra en esta dependencia” (La Hora, 2013). Sin embargo, más tarde con la reforma del sistema judicial en el 2013 estas desaparecerían y se crean las Unidades judiciales de violencia contra la mujer y/o miembros del núcleo familiar; para así brindar una atención integral y articulada al sistema de justicia.
En 1995 el Ecuador pasa a formar parte de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing con el fin de fortalecer el rol de las mujeres en la promoción de sus derechos político y su participación en la toma de decisiones. Durante el mismo año el país se suscribe a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Para; esto significa para el país el compromiso de “una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas” (Organización de los Estados Americanos, 1995). A nivel Nacional en el mismo año, el Gobierno ecuatoriano emite la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, asumiendo su rol desde el sistema judicial. Las Naciones Unidas en el año 2000 desarrolla la Cumbre del Milenio en donde se exponen los objetivos del milenio, señalando el objetivo tres como aquel que busca “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer” (Naciones Unidas, 2015). Más adelante desarrolla la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el objetivo cinco el que busca “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (Naciones Unidas, 2016). Entre los datos más relevantes para poner ese tema como una problemática que debe ser atendida de suma urgencia se reveló lo siguiente:
“De 2005 a 2016 referidos a 87 países, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En los casos más extremos, esa violencia puede provocar la muerte. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones” (Naciones Unidas, 2018).
Estos datos muestran la escala de la problemática a nivel mundial; sin embargo, no se aleja de la realidad del Ecuador donde el INEC (2011) indica que más de la mitad de la población femenina en todas las provincias del país han vivido situaciones de violencia; exactamente el 60.6% de la población de mujeres del país, según la encuesta.
Por otro lado, como parte de la historia del Ecuador en la lucha por conquistar los derechos de las mujeres, se puede destacar que los movimientos de mujeres ecuatorianas en 1997 lograron la consolidación del Consejo Nacional de las Mujeres, una institución pública que garantizaría la igualdad entre hombre y mujeres. La misma que en 2009 sería sustituida por el Consejo Nacional de Igualdad de Género por decreto del presidente Rafael Correa de acuerdo a lo que mandaba la Constitución del 2008. Estas luchas se verían plasmadas en la Constitución de 1998; donde se realizaron varias conquistas por parte de los movimientos de mujeres ecuatorianas, logrando el fortalecimiento de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres. Estas conquistas se mantendrían en la Constitución del 2008, aumentando la protección especial a víctimas de delitos sexual, violencia de género y la no re victimización (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).
En el año 2007 con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Rafael Correa, se realizó un diagnóstico de la situación de las víctimas de violencia. Este diagnóstico reveló que de acuerdo a “un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (1997) el 60% de las mujeres ecuatorianas, que viven en sectores populares, han sido agredidas alguna vez por su pareja” (Gobierno del Ecuador, 2007-2010, pág. 85). La visibilización de estos datos, y el poner atención a la violencia contra la mujer como uno de los principales hechos que aumenta las inequidades entre hombres y mujeres, permitió que se establezca como unas de las problemáticas a intervenir dentro de la planificación de gobierno.
A partir de la Constitución del 2008 se presenta un nuevo Plan de Desarrollo en el (2009-2013), donde se incluye nuevamente la relevancia de atender las inequidades de género y las mujeres víctima de violencia de género. Esto se ve dentro del “Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad” en el que incluye a las mujeres víctimas de violencia dentro de los grupos de atención prioritaria (Consejo Nacional de 7
Planificación, 2009 - 2013, pág. 73). A su vez se plantea como meta la reducción de la violencia de género dentro del “Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia” (Consejo Nacional de Planificación, 2009 - 2013, g. 83).
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