EXISTE MONOPOLIO EN EL ÁREA ENERGÉTICA DE COLOMBIA?

¿EXISTE MONOPOLIO EN EL ÁREA ENERGÉTICA DE COLOMBIA?

INTRODUCCIÓN

El sector energético de Colombia no está monopolizado.

CONCLUSIÓN

Colombia ha sido participe de la dinámica mundial de la expansión y repliegue económico, pasando respectivamente por los diferentes ciclos del liberalismo, el proteccionismo y el neoliberalismo económico. Después del monopolio público en el sector energético, el país le apostó a un concepto más amplio y globalizador, abriendo el mercado a inversiones privadas internacionales y transformando las empresas estatales para funcionar con estándares y prácticas propias del sector privado.

ANÁLISIS

Hasta la década de los ochenta, la economía colombiana se caracterizaba por favorecer una estructura económica basada en los monopolios públicos verticalmente integrados. A finales de la misma década, se cuestionaron los rendimientos crecientes y las economías de alcance que justificaban la provisión de servicios de infraestructura a través de un monopolio público. Es por ello que a partir de la década de los noventa, Colombia se caracterizó por un proceso de profundas reformas económicas, las que incluyeron la reestructuración, liberalización y privatización del sector energético, dando fin al prevaleciente monopolio público; mientras que paralelamente, se introdujeron restricciones a la propiedad para prevenir discriminación y poder dominante en el mercado.

Colombia es considerado un país de éxito en el sector, logrando una

transición efectiva y aprendiendo las lecciones del boom petrolero de fines de los ochenta y principios de los noventa. En esta época, con el descubrimiento y desarrollo de algunos campos, el Gobierno decidió aumentar desproporcionalmente la participación en los retornos petroleros, lo que alejó a la actividad de la exploración y desarrollo de nuevas reservas. De esta forma, el monopolio estatal comenzó el desarrollo del sector mediante una agresiva estrategia de sustitución de combustibles. La organización inicial de la industria, con una completa integración vertical, estaba motivada por la necesidad de asegurar la coordinación de inversiones y de operación en las actividades de producción, transporte y distribución.

Después de este error, se rediseñaron las regulaciones al crear un ambiente que atrajo un interesante flujo de inversiones. La nueva política de reformas se basaron en tres pilares: primero, el Estado pasa de empresario a regulador de la provisión de servicios que realiza la empresa privada; segundo, se introduce la competencia en aquellos segmentos en que era viable; y, tercero, las encargadas de desarrollar y hacer cumplir la regulación eran agencias independientes. Todas las iniciativas quedaron consignadas en las nuevas leyes de servicios públicos y de electricidad de 1994 que cambiaron el papel que venía desempeñando el Estado, al establecer que éste será menos empresarial y más de planeación, regulación, control y vigilancia, promoviendo

la libre competencia en las actividades del sector, accionando sin interferir en las gestión de las empresas energéticas.

Desde el punto de vita económico, esta transformación hacia la economía de mercado con una participación del gobierno se justifica en la medida que se hace necesario contar con un conjunto de reglas, aplicadas por el poder público, que garanticen el funcionamiento de los mercados. En otras palabras, son necesarios algunos mecanismos para eliminar u ordenar las distorsiones que inevitablemente existen en las economías orientadas al libre comercio. Buena parte de ese conjunto de reglas que garantizan el funcionamiento de las economías de mercado, lo constituyen

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