Nuevas Tecnologias

INTRODUCCION

El objetivo central de este trabajo es analizar los aspectos más importantes de la política comunicacional emprendida por el Estado venezolano a partir de 2002, en su tarea de crear en el país una verdadera comunicación alternativa, primero, porque se inscriben en el eje injusticia-desigualdad, exclusión; segundo, porque se trata de sociedades dependientes a las cuales, por más de cinco siglos, los poderes hegemónicos han impuesto con éxito un modelo económico, normativos, jurídicos y políticos, patrones culturales y formas de organización.

Esa imposición ha arrinconado modos de producción colectivista, provocando formas culturales que ha relegado a un segundo plano las relaciones basadas en la cooperación y la solidaridad, sin embargo no los ha desarraigado del todo. El proyecto de TeleSur es la respuesta comunicacional a esta realidad, corresponde a esa visión alentadora de la política, es el producto de una pensada decisión política de enfrentar informativamente al paradigma hegemónico del norte, por parte del Estado venezolano en conjunto con otros países del Sur.

Telesur constituye una oportunidad ante el reto planteado, frente al desafío evidente que implica un proyecto de esta naturaleza, de tener un medio alternativo insumiso.

Es un espacio público mediático que permite a todos los habitantes de esta vasta región, conocer y difundir sus propios valores, divulgar su propia imagen, debatir seriamente

las ideas, lidiar con los proyectos políticos, luchar las políticas públicas y transmitir sus propios contenidos, libre y equitativamente, constituyendo un aspecto clave fundamental de la política comunicacional.

ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE LAS POLÍTICAS COMUNICACIONALES.

Podemos entender la política comunicacional como una serie de principios y pautas explícitas para regir las funciones y la utilización de los medios de comunicación e información al servicio de los objetivos elegidos democráticamente por comunidades nacionales. Este es uno de los conceptos más polémicos y acariciados desde la reforma de los medios en los años setenta y de la Conferencia de 1976 en San José de Costa Rica, patrocinada por la Unesco, que reunió a representantes de 20 gobiernos latinoamericanos y caribeños.

Otra definición ratifica que las políticas de comunicación son un conjunto de normas, modelos y principios que dan sustentabilidad política y filosófica a los mecanismos de información y comunicaciones explícitas o implícitas por tal motivo la creación de una política comunicacional en una democracia representa una mínima garantía de que los derechos de comunicación de importantes sectores de la sociedad no queden abandonados al arbitrio exclusivo del sector privado, de sus intereses políticos y económicos si no que permitan una participación verdaderamente activa por parte de la sociedad y específicamente de aquellos sectores considerados excluidos.

Para orientar las ideas que queremos compartir es vital dejar claro dos categorías básicas, es decir, qué debemos comprender cuando nos referimos a la política Dy a la comunicación.

La tarea de la política consiste en promover el interés público o el bien

Común de una nación o una sociedad mayor

Desde esta perspectiva, es importante conceptualizar y explicar cuatro

Fenómenos complementarios:

1) En primer lugar, la comunicación es consecuencia, de la democracia;

2) Es también un conjunto de medios de difusión de masas

3) Es igualmente un conjunto de las nuevas tecnologías de la comunicación, que en menos de un cuarto de siglo ha modificado las condiciones de intercambio como de poder;

4) Es el conjunto de los valores, símbolos y representaciones que organiza el funcionamiento del espacio público de las democracias de masas y, más generalmente, de la comunidad internacional a través de la información, los medios de comunicación, los sondeos, la argumentación y la retórica. Es decir todo lo que le permite a las colectividades representarse, entablar relaciones entre sí y actuar sobre el mundo

POLÍTICA COMUNICACIONAL DEL ESTADO VENEZOLANO

La discusión actual sobre la concepción amplia de la democracia política y el desarrollo de una cultura democrática marcha paralela al debate sin fin sobre la construcción de un modelo de sociedad más inclusivo, en donde los sectores populares tienen mayor presencia y participación en el poder político. Todo ello indica que de alguna manera, existe un fenómeno que va más allá de las apariencias.

Se ha instalado otra lógica en la sociedad, producto del cansancio y del fracaso del modelo neoliberal, fundado en la participación social de las mayorías.

Desde este planteamiento, nuestros países necesitan expresarse por tal motivo se necesitan medios de comunicación que contribuyan a construir espacios de diálogo entre los sujetos, difusores de otras experiencias, tradiciones que brinden significado a nuevos modos de grupos sociales, con mucho que decir al respecto, tales como los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos a través de la creación de políticas claras y coherentes que regulen el comportamiento, los contenidos y la propiedad de los medios de comunicación.

Era necesario crear un marco legar, una normativa que sustituyera la vetusta Ley y al Reglamento de Telecomunicaciones que habían perdido vigencia, pues databa de 1941. El Gobierno del presidente Chávez consideró la posibilidad de crear en consonancia con lo sostenido, un sistema normativo de las transmisiones radioeléctricas pertinente y adecuado a la realidad mediática actual.

Los principios y valores que propugnan una política pública en materia de información y comunicación, serán los mismos fundamentos del modelo de democracia y consecuencialmente de su gobierno.

Su puesta en acción posibilita la pluralidad necesaria en el ejercicio de los deberes y los derechos que amparan al ciudadano frente a las continuas violaciones a la libertad de recibir la información veraz y oportuna por parte de medios privados de comunicación y también de los medios orientados al servicio público.

En el caso del gobierno del Presidente Chávez, estos principios emanan de la Constitución de la República Bolivariana

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