ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO

Las disposiciones constitucionales en materia energética se encuentran en el capitulo económico de la Constitución, es decir, en los artículos 25, 27 y 28, y se han orientado hacia el establecimiento, regulación y garantía de dos grandes ámbitos, que son un régimen patrimonial de los recursos energéticos como se encuentra estipulado en el artículo 27 de la Constitución, y un régimen jurídico que delimita el que hacer del Estado en relación con sus industrias dedicadas, a la explotación de recursos naturales y a la prestación de servicios públicos.

Para comprender el sentido y el fundamento de los principios y disposiciones,

contenidos en el artículo 27, es necesario remontarnos al derecho colonial, según el cual el suelo y el subsuelo de la Nueva España formaban parte del patrimonio de la Corona Española.

Posteriormente, con la consumación de la independencia de nuestro país, la

propiedad de las tierras, aguas y del subsuelo se transmitió a la Nación y su manejo y regulación se deposito en los Estados Unidos de la Unión, situación que confirmó la Constitución de 1857. Cabe mencionar que la creación de un régimen jurídico especial para el petróleo, distinto del minero, se dio en fechas relativamente recientes.

Hacía finales del siglo XIX, como respuesta a la falta de uniformidad y congruencias en las regulaciones estatales sobre los recursos naturales, el Constituyente Permanente reformo la constitución federal de 1857.

Actualmente, nuestra Ley Fundamental en el propio artículo 27, reconoce la

propiedad originaria de la nación sobre todas las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, así como el dominio directo, inalienable e imprescriptible, de todos los minerales o sustancias que de cualquier manera, se encuentran depositados en el subsuelo, incluyendo los combustibles minerales, el petróleo y los hidrocarburos, así como todos los recursos naturales de la plataforma continental.

Al mismo también establece dos categorías de recursos naturales:

a) aquellos concesionables para su explotación por particulares

b) aquellos no concesionables ni sujetos a contrato, cuya explotación corresponde exclusivamente al Estado, por sí a través de organismos

públicos federales; petróleo, hidrocarburos y minerales radiactivos.

Por otro lado, el sector público puede participar por sí o con los sectores social y privado, para impulsar y desarrollar las actividades del Estado.

El Estado lleva acabo dichas actividades estratégicas a través de organismos y empresas de carácter federal. Lo anterior significa que dichas actividades y regulaciones estatales sobre los recursos naturales, el Constituyente Permanente reformo la constitución federal de 1857.

Actualmente, nuestra Ley Fundamental en el artículo 27, reconoce la propiedad originaria de la nación sobre todas las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, así como el dominio directo, inalienable e imprescriptible, de todos los minerales o sustancias que de cualquier manera, se encuentran depositados en el subsuelo, incluyendo los combustibles minerales, el petróleo y los hidrocarburos, así como todos los recursos naturales de la plataforma continental.

El mismo también establece dos categorías de recursos naturales:

a) aquellos concesionables para su explotación por particulares

b) aquellos no concesionables ni sujetos a contrato, cuya explotación corresponde exclusivamente al Estado, por sí a través de organismos

públicos federales; petróleo, hidrocarburos y minerales radiactivos.

MARCO LEGAL DEL PETRÓLEO.

El referido marco legal lo constituye la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que en seguida precisaremos:

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo recoge y reglamenta los principios constitucionales aunque con algunas deficiencias, para la explotación exclusiva del Estado del petróleo e hidrocarburos, así como a los términos a que debe sujetarse dicha explotación, haciendo énfasis a que corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentran en territorio nacional incluida la plataforma continental, en mantos o yacimientos dicha ley reglamentaria, en su artículo 3º, incluía dentro de la definición de industria petrolera a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, con la salvedad de que establecía el reglamento a la citada ley, en la que la distribución de gas por red de tuberías, dentro de poblaciones podía ser efectuada directamente por Petróleos Mexicanos o mediante contratos. De tal manera empresas del sector privado podrían llevar a cabo actividades (previo permiso), además de construir, operar y ser propietarias de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones reglamentarias técnicas y de regulación qucualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan y se derivan de él y que solo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos mismos que conforman la industria petrolera nacional.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo define como industria petrolera todas aquellas actividades que están reservadas de manera exclusiva al Estado.

LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS

SUBSIDIARIOS.

Retoma los principios constitucionales, en el sentido de que corresponde únicamente al Estado el desarrollar actividades en las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímicos básicos, precisando que dichas actividades se desarrollarán a través de petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Este ordenamiento legal señala que petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera nacional, la cual es definida y limitada por la Ley Reglamentaria

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