Actividad Agropecuaria En El Perú Parte I

PRESENTACIÓN

En el Perú coexisten diversas estructuras empresariales relacionadas al agro, tales como cooperativas, comunidades campesinas, pequeños y medianos productores, que probablemente poseen racionalidades distintas al momento de tomar decisiones. Además, la actividad agropecuaria se desenvuelve a lo largo de las diversas regiones naturales. Esta dispersión de la producción con agentes que poseen motivaciones distintas, torna difícil la programación centralizada del sector.

De otro lado, el país se ve favorecido por sus condiciones climáticas debido a que cuenta con una manifiesta y variada biodiversidad o mega diversidad como suelen reclamar los entendidos. En el país existen 28 climas y 84 zonas de vida sobre un total de 104 que existen en el planeta. Es decir recorrer el territorio peruano uno puede identificar la mayor parte de climas del mundo. Estas características son importantes porque dan lugar a una diversidad biológica que interactúan y son una fuente natural de ventajas comparativas.

CAPITULO I

ANTECEDENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ

1.1. ANTECEDENTES: FACTORES QUE DURANTE LA DECADA DE LOS OCHENTA IMPIDIERON EL DESARROLLO AGROPECUARIO

La política macroeconómica peruana ha sido particularmente adversa al agricultor a partir de los años cincuenta, a medida que ganaba consenso la idea del protagonismo de la industria en el desarrollo, idea que se tradujo en un sostenido impulso al proceso sustitutivo de importaciones. Decisiones como la sobrevaluación de la moneda nacional, necesaria para estimular la industria sustitutiva, y las políticas de subsidio al consumidor urbano, represivas de los precios de proceso de industrialización por sustitución de importaciones propició la crisis del agro, reflejada en una insuficiente producción en relación a una demanda creciente. Ello derivó paulatinamente en una pérdida de importancia del sector agrícola en la producción nacional.Un efecto de esta crisis agrícola ha sido ei deterioro de los términos de intercambio para la agricultura respecto a los demás sectores de la economía desde 1950. En adición a esta tendencia,

a partir de 1970 los precios al productor registraron amplías fluctuaciones respecto a su

media en ciclos de seis u ocho años, acentuando una volatilidad evidentemente desfavorable para al productor.

Dicha volatilidad estuvo relacionada con la intensificación du rante la década de los setenta de la intervención del Estado en los mercados vinculados a la agricultura. Tal intervención obedecía a la estrategia de brindar alimentos baratos a los consumidores urbanos, para lo cual se instauró rígidos controles de precios y se creó varias empresas públicas, como la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA) y la Empresa de Comercialización de Insumos (ENCI). Durante esa década, la agricultura creció a una tasa anual de 0.8%, frente un crecimiento de la economía de 3.6% al año. Tal fue el estado en que el sector agrícola tuvo que encarar el advenimiento de los años ochenta. La década pasada ha resultado determi nante en la profundización de la crisis del sector, pues significó la introducción de una serie de factores que hoy impiden su normal desempeño. A continuación se revisa el entorno macroeconómico durante dicha

década y el modo en que los factores en cuestión han trabado el desarrollo agrario.

1.1.1. Entorno macroeconómico desfavorable

El periodo 1980-1985 se inicia con un cambio de rumbo en el manejo económico respecto al régimen militar previo. El gobierno de Fernando Belaúnde optó por reducir el grado de intervención directa del Estado y empezó a utilizar de manera intensa los mecanismos del mercado. Durante los primeros dos años de ese gobierno se logró altas

tasas de crecimiento que permitieron una política de gasto expansiva, incrementándose así las inversiones en el agro. Sin embargo, los crecientes desequilibrios fiscales y en la balanza de pagos obligaron al gobierno a efectuar ajustes hacia fines de 1982. A una política monetaria y crediticia restrictiva se sumaron ei reajuste parcial de precios de los principales bienes y servicios públicos y la reducción del retraso cambiario.En ese contexto empezaron los síntomas de un rebrote inflacionario, obligando a modificar nuevamente los lineamientos de política. La preocupación

del gobierno por la inflación lo llevó areducir el ritmo de los reajustes cambiarios, deteriorándose los términos de intercambio entre la agricultura y los sectores industriales. Como consecuencia, las importaciones, en especial las de alimentos, se incrementaron sustancialmente.

Los efectos de esta política sobre el sector agrícola fueron agravados por fuertes inundaciones en el norte del país y sequías en el sur andino a raíz del Fenómeno del Niño, que en 1983 fue excepcionalmente fuerte. La producción global del país se redujo así más de 12% durante 1983, mientras que la producción agropecuaria cayó más de 9%. Entre 1984 y 1985 el gobierno optó por retornar a un esquema de ajustes parciales para eliminar los déficit fiscal y de balanza de pagos que la política expansiva previa había generado.

Las correcciones adoptadas generaron un superávit de balanza de pagos, permitiendo acumular reservas hasta por 1,400 millones de dólares a mediados de 1985. A su vez, los reajustes de precios públicos permitieron reducir el déficit fiscal, aunque a expensas de una inflación correctiva. La reducción del crédito agrícola, un fuerte proceso devaluatorio y la significativa elevación de los aranceles, permitieron la recuperación comercial y el cierre del déficit fiscal. El saldo del periodo no fue positivo para la agricultura, que creció dificultosamente a una tasa anual promedio de 1.8%. Las políticas sectoriales, especialmente la crediticia, sólo pudieron atenuar el efecto negativo de la inestabilidad macro-económica en algunos casos (para el arroz, el maíz duro y el azúcar). La producción de café, trigo, algodón y papa, en cambio, se estancó. En julio de 1985, con la entrada del gobierno de Alan García, se planteó explícitamente la necesidad de redistribuir el ingreso como requisito para hacer viable un crecimiento sostenido. Para alcanzar dicho objetivo se decidió ejecutar un programa de gasto dirigido desde el Estado, entre cuyos principales beneficiarios estarían los estratos más

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