Actividad Agropecuaria En El Perú Parte II

1. ENCI perdió 9l monopolio que tenía en la comercialización, pero la Empresa Especial para la Comercialización de Arroz S.A. (ECASA), creada en 1979, conservó su posición monopsónica.

El control de precios incluyó también a los insumos agrícolas: entre 1985 y 1988 los fertilizantes se abarataron a tal punto que se vendían en el mercado interno a un precio que cubría apenas el 5% de su costo de producción. Esto motivó el contrabando de esos insumos hacia los países vecinos, donde los precios eran bastante mayores. Se continuó subsidiando el agua, lo que favoreció a productores que la usan intensivamente: el precio de dicho recurso, luego de caer en las primeras dos campañas (1985/86 y 1986/87) se elevó a partir de la campaña 1987/88, pero sin acercarse a su costo marginal de largo plazo. En general los niveles de protección efectiva para el sector durante la década del ochenta fueron muy negativos, en parte debido a la fuerte sobrevaluación de la moneda mantenida a lo largo del periodo. Los niveles de desprotección fueron mayores para los productos exportables como el algodón y café; algunos productos importables como el maíz y el arroz, en cambio, tuvieron niveles de desprotección reducidos. A fines del gobierno de Alan García, a nivel agregado y sin considerar la sobrevaluación de la moneda, el sector agrícola gozaba de una protección efectiva de 6%, cuando la protección promedio de la economía se situaba en 19% y existían sectores que tenían una protección superior al 100%. La comparación de los precios internos de los productos agrarios con sus respectivos precios de frontera revela que la política de precios y subsidios del gobierno aprista produjo en la práctica una transferencia de ingresos desde los estratos más pobres hacia el estrato más rico de la agricultura peruana. En general los productores de café, maíz amiláceo, papa, cebada, trigo y demás cereales andinos, que representan el segmento más pobre de la agricultura nacional, fueron perjudicados, mientras que los productores de ciertos cultivos sustitutos de importaciones (arroz y maíz amarillo duro), mejor ubicados en la escala de distribución del ingreso, resultaron beneficiados. En todo caso, el que entre 1985 y 1990 los precios internos estuvieran alejados de los precios de frontera significó para la agricultura peruana una pérdida superior a los 1,500 millones de dólares, equivalente a una pérdida anual de 15% del producto bruto agropecuario. Así pues, la política de precios de garantía y de refugio aplicada en la última década resultó insuficiente para compensar el impacto negativo sobre el agro de las medidas aplicadas para beneficiar a los consumidores y a la industria. Menos a un pudo promover el desarrollo agrícola: dicha política sólo favoreció a unos pocos cultivos de la Costa. De ese modo, los mecanismos de comercialización (bien las políticas de precios o la provisión de insumos a precios subsidiados) promovieron el desbalance en la producción, favoreciendo a cultivos ligados al consumo urbano.

1.1.3. Mercado de tierras segmentado e ineficiente

La Reforma Agraria de 1969 transformó radicalmente la estructura de tenencia de la tierra en el Perú. Implicó la adjudicación de 9.5 millones de hectáreas a 480,000 familias, e hizo que el sistema de propiedad de la tierra fuera predominantemente asociativo, inclusive en regiones en las que las condiciones geográficas no lo favorecían. Sin embargo, descuidó otros aspectos relevantes: no se aplicó políticas de precios, comercialización, asistencia técnica, financiamiento y creación de infraestructura. El proceso de reforma significó la desaparición de las grandes plantaciones costeñas y las haciendas serranas, creando en cambio dos nuevas formas de propiedad de tipo asociativo, las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS).

Estas nuevas unidades productivas fueron poco dinámicas porque el esquema legal sobre el que se montó la reforma carecía de incentivos al empleo y la producción. Como consecuencia se empezó a emplear mano de obra asalariada sin derechos de propiedad y a descapitalizar paulatinamente a las empresas. Las limitaciones y debilidad de la reforma llevó a estas formas de gestión colectiva a una serie de problemas internos en organización, manejo empresarial y disciplina, y a problemas en obtención de crédito, acceso a insumos y a capacitación técnica, precios desfavorables, altos costos de insumos, etc. Estos problemas fueron acumulándose y agravando la situación, dando lugar a los cambios que hoy se observan en el agro. La estructura de tenencia y de organización devino al poco tiempo en artificial e ineficiente, impidiendo que se destine los recursos disponibles a las actividades agrícolas más rentables desde el punto de vista privado y social. Surgió en consecuencia en la Costa un proceso activo de parcelación, que tomó fuerza a fines de los setenta. En la actualidad, más de 80% de las cooperativas se han parcelado o están en proceso de hacerlo. La delimitación de derechos y la titulación para estos propietarios está pendiente. Tales cambios en la estructura de propiedad en la Costa han afectado la organización y la producción, y pueden tener importantes efectos sociales. Apenas iniciado el proceso de parcelación empezó a registrarse una mayor rentabilidad por hectárea -en buena parte debido a un entorno macroeconómico favorable-, pero luego han surgido problemas que muestran la fragilidad del sistema parcelario como alternativa de mediano y largo plazo para la agricultura costeña. En concreto, la modificación de la escala de producción causada por el proceso de parcelación ha hecho necesario rediseñar canales de regadío, trazar linderos y caminos de acceso. Asimismo, la posibilidad de hacer uso de sistemas, maquinarias e insumos de alta tecnología se ha visto seriamente limitada. Los costos de los insumos se han elevado al convertirse el parcelero en comprador al menudeo. De otro lado, han surgido problemas en la gestión de las parcelas debido a la falta de preparación de los trabajadores convertidos en propietarios. A raíz de la deficiente comercialización de la producción de los parceleros, han reaparecido diversas modalidades de intermediación, lo cual ha reducido su capacidad negociadora y, por tanto, sus ingresos. En la Sierra, las

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