Bolivia En La Democracia

BOLIVIA

Bolivia es una democracia constitucional, multipartidista con una población de aproximadamente 9.25 millones. En 2005 en un proceso libre e imparcial, los ciudadanos eligieron presidente a Evo Morales Ayma, líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Los esfuerzos del gobierno por llevar a un referéndum nacional una controvertida nueva constitución, las demandas de la oposición a favor de una mayor autonomía regional y las exigencias apremiantes de recursos gubernamentales condujeron a una serie de enfrentamientos violentos y bloqueos de caminos a gran escala. Las autoridades civiles en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

Aunque el gobierno en general respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas. Los problemas de derechos humanos más significativos fueron: abusos por parte de fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias; ataques contra el poder judicial por parte del poder ejecutivo; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos; corrupción y falta de transparencia en el gobierno; discriminación en razón de género, pertenencia étnica y orientación sexual; trata y tráfico de personas; trabajo infantil; trabajo forzado o bajo coacción; condiciones de trabajo deplorables en el sector minero.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo el

ser Libre de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato con motivaciones políticas, pero un número estimado de 17 personas murieron durante conflictos con vinculaciones políticas. Un simpatizante de la oposición murió por inhalación de gas para el control de disturbios durante el referéndum autonómico del 4 de mayo en el departamento de Santa Cruz. El 5 de agosto, dos mineros murieron en una confrontación con la policía durante una protesta en la población de Caihuasi, en el departamento de Oruro. Un enfrentamiento violento con participación de campesinos progubernamentales y partidarios del prefecto alineado con la oposición Leopoldo Fernandez dio por resultado la muerte de 13 personas en el departamento de Pando el 11 y 12 de septiembre, de acuerdo con la fiscalía. El 15 de diciembre, al desbandar una protesta realizada por miles de personas en la localidad de Patacamaya relacionada con las restricciones impuestas por el gobierno a la importación de automóviles usados en una zona franca, la policía disparó y ocasionó la muerte de una persona. Aproximadamente diez personas resultaron heridas, incluyendo varios policías.

El 5 de agosto, policías que intentaban despejar un bloqueo de una semana en la carretera entre Cochabamba y La Paz se vieron enfrascados en una confrontación con hasta 4.000 mineros en huelga. El gobierno y líderes sindicales se culparon mutuamente por la muerte de dos mineros que recibieron impactos de bala y resultaron muertos. Una investigación sobre la causa exacta de las muertes todavía estaba en curso.

Las muertes ocasionadas por linchamientos continuaron siendo un problema. Aunque no hubo estadísticas oficiales sobre las muertes por linchamiento, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) del gobierno registró 31 casos hasta el mes de septiembre; siete casos en El Alto, cinco en La Paz, dos en Potosí, nueve en Cochabamba, uno en Sucre y siete en Santa Cruz. Los informes de la prensa local el Cochabamba informaron acerca de 15 linchamientos. La oficina del Defensor del Pueblo en Cochabamba estimó que hubo por lo menos 45 linchamientos en todo el país.

En lugares donde el linchamiento fue común, algunos residentes intentaron justificar la práctica afirmando que era parte de su tradición de “justicia comunitaria” y una respuesta práctica a la falta de acceso a la justicia a través del sistema legal, lo cual constituyó un problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un informe del mes de junio de 2007 que sólo 180 de los 327 municipios tenían un juez, sólo 76 tenían un fiscal y sólo 11 tenían un defensor público. Según un informe publicado por Freedom House el 2008, una “falta de claridad” en la codificación de las leyes consuetudinarias indígenas dio por resultado “docenas de actos de ‘justicia por manos de la comunidad’ incluyendo linchamientos, en violación de las normas internacionales de los derechos humanos”.

En un caso de alta repercusión sucedido el 17 de noviembre, una gran muchedumbre de residentes de Achacachi apedreó y quemó a once personas sospechosas de ser haber cometido robos, matando a dos y lesionando gravemente al resto. Según medios de comunicación locales, que publicaron imágenes vívidas de las víctimas, la policía rescató a los sobrevivientes después de varias horas de tortura en una cancha de fútbol de la localidad. Los residentes se negaron a cooperar con una investigación oficial. En otro caso ocurrido el 4 de diciembre, un joven en Riberalta fue golpeado hasta morir por robar papel higiénico.

En diciembre la Corte Suprema solicitó al Congreso autorizar un juicio de destitución para retirar las inmunidades de que gozan integrantes del Ministerio de Gobierno supuestamente implicados en los homicidios de Gonzalo Durán Carazani, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo por fuerzas de seguridad en noviembre de 2007. Las muertes ocurrieron durante las protestas sobre el estatus de Sucre como capital del país. El retiro de la inmunidad es necesario antes que la Corte Suprema pueda proceder con el enjuiciamiento. El Congreso todavía no había emitido una decisión sobre este asunto hacia el final del año.

No hubo avances nuevos en las investigaciones militares ni en las civiles sobre la muerte de Osmar Flores Torres ocurrida en septiembre de 2007 en Arani, ocasión en la cual la policía negó haber utilizado armas letales en respuesta a una manifestación. Las autoridades militares y civiles llevaron a cabo investigaciones separadas. Los fiscales reclamaron firmemente que los militares no estaban cooperando plenamente en este caso, mientras que el Ministerio de Defensa alegó que fiscalía no había seguido el procedimiento para solicitar información. El caso permaneció en fase de investigación por un lapso de 18 meses y el juicio no está programado para comenzar sino hasta marzo o abril de 2009.

Según el fiscal asignado, no hubo avances en el caso de Herman Ruiz, herido por bala y muerto en abril de 2007. Ruiz formaba parte de un grupo de manifestantes

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