Caucion En Procesos Tributarios

El tema que vamos a abarcar en este trabajo de tutoría es el que nos habla de la caución que se exige del 10% de la cuantía de una acción que busque irse contra algún acto o procedimiento de ejecución que la administración tributaria persiga con el fin de cobrar o recaudar impuestos, tasas, multas, o intereses. Esta caución la vemos en un articulo innumerado que le sigue al artículo 233 del código tributario, el cual fue agregado a través del artículo 7 de la Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria En El Ecuador, que fue publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial No 242 del 29 de diciembre de 2007, articulo que analizaremos detalladamente más adelante.

Este concepto de caución busca o procura velar por el buen funcionamiento de ciertos órganos del estado, en este caso aquellos que son encargados de cobrar algún tributo, principalmente entendemos que al Servicio de Rentas Internas. Y es que hay que primero analizarlo de parte de la perspectiva del estado. El estado tiene obligaciones que cumplir, y cuenta o debería contar con los fondos para cumplir dichas obligaciones. Como hemos visto en clase los ingresos del estado, dejando a un lado los ingresos petroleros, son mayoritariamente los ingresos tributarios, estos tributos que el estado nos exige en base a su poder de imperio, para poder cumplir con sus fines. Ahora bien, ¿Qué pasaría si nadie quisiera pagar impuestos? Esto es algo que sucede (nadie es entusiasta al momento de pagar impuestos), mejor reformulemos la pregunta, ¿Qué pasaría si todos impugnaríamos nuestros impuestos porque creemos que tenemos derecho a no pagarlos? El estado se vería incapacitado de cobrar efectivamente los tributos y tendría un problema muy grave para poder armar su presupuesto anual.

Entonces existiendo la obligación de pagar inmediatamente el diez por ciento al momento de presentar la acción el contribuyente pensara dos veces antes de presentar la acción, lo que significa que existirán menos reclamos, acciones o recursos en contra de los actos o procedimientos que buscan recaudar tributos.

Ahora pasemos al punto de vista del contribuyente, si nosotros que somos contribuyentes, nos creemos afectados por alguna glosa que nos hace el Servicio de Rentas Internas, o por algún impuesto que se nos quiere o pretende cobrar en el municipio por ejemplo, y creemos que el derecho nos asiste para no pagar dicho tributo, ahí tenemos todo el derecho de agotar tanto la vía administrativa como la vía judicial, para que se nos reconozca nuestro derecho, o se determine que no procede el acto o procedimiento que pretendía cobrarnos el tributo. Nuestra Constitución en su artículo 76, en su numeral 7, literal m), consagra el derecho que tenemos a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus (nuestros) derechos. De igual forma nuestra Constitución en su artículo 75 consagra el derecho al acceso gratuito a la justicia.

Nos preguntamos, ¿se vulneran estos derechos constitucionales con la medida de la caución? Nosotros como grupo tenemos la creencia de que si se vulneran. Porque con la medida de la caución del 10% se ve claramente afectado nuestro derecho a recurrir libremente a estos actos que nosotros creemos que nos afectan. En cuanto al derecho al acceso gratuito a la justicia consideramos que también se atenta de manera directa y obvia este derecho, ya que se pide que se pague (la caución) para poder acceder a la justicia.

Vemos también que nuestra Constitución en su artículo 76, numeral, 2 habla y consagra el principio de la presunción de inocencia, creemos que este principio o garantía constitucional se ve afectado también, porque si es existe la presunción de inocencia, ¿Cómo es posible que en un proceso donde se va a decidir si es procedente o no el pago de un tributo, antes de decidir, ya se ordene el pago (porcentual) del mismo?

Como vemos existen muchas interrogantes que rodean esta disposición, y es por eso que esta norma ha llegado incluso a ser objeto de consulta ante la Corte Constitucional,

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